La vivienda fue adjudicada en septiembre de 2019 por emergencia social, con una renta adaptada de 67,02 euros mensuales, más la cuota de comunidad y desde 2021 comenzaron los impagos voluntarios
18 sep 2026 . Actualizado a las 14:34 h.La empresa Vipasa ha defendido este viernes su actuación en el desahucio de una vivienda pública del grupo de la calle Alicia Concepción Álvarez de Gijón, que llega tras años de «impagos voluntarios», intervención social y varios intentos de acuerdo.
Vipasa ha explicado las circunstancias del procedimiento judicial, ante la convocatoria anunciada este viernes por el Sindicato de Inquilinas contra el lanzamiento previsto para el próximo 28 de septiembre sobre la mencionada vivienda. La empresa pública ha recalcado que no se trata de un desahucio decidido de manera «repentina», ni de una actuación de la Administración contra una persona por su situación económica o personal, sino que el procedimiento judicial es «el último paso» de un proceso que comenzó varios años antes.
En este sentido, la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ha aclarado que el procedimiento responde a un «impago voluntario continuado» de las obligaciones contractuales, que la propia arrendataria vinculó con sus dificultades económicas, después de años de intervención de Vipasa, de los servicios sociales y de programas especializados. La vivienda fue adjudicada en septiembre de 2019 por emergencia social, con una renta adaptada de 67,02 euros mensuales, más la cuota de comunidad y desde 2021 comenzaron los impagos voluntarios.
Vipasa activó su protocolo, realizó requerimientos y en febrero de 2022 alcanzó un compromiso de pago de 20 euros mensuales, además de la renta corriente, que posteriormente fue incumplido, de acuerdo con lo expuesto por la empresa pública. Ante la persistencia de la situación, la sociedad trasladó el caso a los servicios sociales y activó el Programa de Intermediación Comunitaria y Socioeducativa de Trama y la demanda se presentó en mayo de 2023.
La sentencia del pasado 24 de abril del Tribunal de Instancia estimó la demanda del Principado, declaró resuelto el contrato por impago voluntario, acordó el desahucio y destacó que la situación de vulnerabilidad alegada no constituye causa de oposición al desahucio por impago voluntario. La demanda recogía 22 recibos pendientes de renta, comunidad y suministros, por 3.644,32 euros y la propia demandada reconoció durante el procedimiento los impagos voluntarios y los vinculó a su situación económica.
La gerente de Vipasa ha señalado que se han estudiado diferentes propuestas de acuerdo y alternativas a lo largo del procedimiento como, en octubre de 2024, un pago inicial de 500 euros y 30 euros mensuales y, en abril de 2026, otro de 1.000 euros, la mensualidad corriente y 70 euros adicionales al mes. La empresa pública había planteado, asimismo, estudiar una suspensión temporal del procedimiento si se abonaba el 50 por ciento de la deuda y se firmaba un compromiso de pago y de mejora de la convivencia.
Paralelamente, Trama realizó durante 2025 y 2026 contactos, visitas domiciliarias, citaciones e intervenciones en las zonas comunes y con la comunidad. El expediente recoge quejas vecinales por ruidos, música a elevado volumen, discusiones, gritos y depósito de bolsas de basura y otros enseres, así como algunas intervenciones policiales. Vipasa ha insistido en que estos problemas de convivencia no son la causa jurídica del desahucio, que deriva del impago voluntario, aunque motivaron también la intervención de la Administración para proteger los derechos del conjunto de residentes.
Pulgar ha destacado que la vivienda pública es un derecho, pero también un patrimonio público que se debe «proteger», y ha recordado que las viviendas de la sociedad pertenecen al conjunto de la ciudadanía y deben seguir dando respuesta a las familias que las necesitan. Vipasa también ha aclarado que la ejecución del lanzamiento corresponde a la autoridad judicial, que la sentencia es recurrible y que cumplirá las resoluciones que adopten los tribunales, informa Efe.