Los virajes de Theresa May sobre el futuro de los europeos residentes en el Reino Unido

La primera ministra británica ofreció ayer a la UE garantizar el estatus a los extranjeros comunitarios que lleven cinco años en su país, una propuesta algo alejada de las amenazas con las que conviven los miles de emigrantes desde hace un año

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Más de 12.300 gallegos están inscritos como residentes en el Reino Unido en el padrón del INE y suponen una quinta parte del total de españoles que viven en algún punto de la geografía británica. Y todos ellos pueden convertirse en inmigrantes en situación irregular tras el brexit al perder así los beneficios que el acuerdo Schengen de libre circulación y residencia ahora les concede.

La realidad es que los artífices del brexit nunca han dejado muy claro el asunto de cómo afectará la salida del Reino Unido de la Unión Europea; ni durante la campaña electoral, ni a lo largo de los doce meses que han pasado desde que los británicos votaron a favor de su salida. Es más, el discurso de Theresa May ha ido virando en este tiempo en el que ha intentado mantener el equilibrio entre la firmeza de la decisión tomada por las urnas y la necesidad de mantener contenta a una comunidad de emigrantes muy numerosa y que su país necesita para mantener su status quo.

Justo hace un año, el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, incidía en que la situación dependería de «lo fuerte que vayan a dar el portazo» a la Unión Europea, y comentaba que la situación menos traumática sería que Reino Unido se acogiera al estatuto que hoy tienen los noruegos, los suizos y los islandeses: no están en la UE, pero se mantienen dentro del Espacio Económico Europeo y por tanto, de su libre circulación y residencia. Pero el hecho de que el brexit haya girado en torno a la inmigración, hace que esta opción se tambalee.

 

 Recapitulamos las propuestas contrapuestas hechas por la premier británica en todo este tiempo. 

  • Ofensiva contra los extranjeros en el mercado laboral. El 6 de octubre, durante el congreso del Partido Conservador, la ministra de Interior Amber Rudd, reveló algunas de sus propuestas para reducir la inmigración en su país. Y entre esos planes se incluía el de forzar a las compañías a hacer público qué porcentaje de fuerza laboral extranjera tienen en plantilla, con el objetivo de que se sientan presionadas para contratar a más personal autóctono.
  • Alejar el programa Erasmus: otro anuncio destinado a crear polémica en dicho congreso fue el alejamiento del programa de movilidad estudiantil: Londres optará por endurecer la política de visados para estudiantes. Según datos de 2013, una media de 27.000 estudiantes europeos vienen al Reino Unido cada año por unos 15.600 británicos que van a otros países del bloque común. 
  • Límites en la sanidad pública. En febrero anunciaron la puesta en marcha de una medida polémica: cobrar a los pacientes extranjeros no residentes que no necesiten atención urgente. El plan del Gobierno de Theresa May pasa por obligar a los hospitales a que comprueben por adelantado si los pacientes son elegibles para el tratamiento gratuito del NHS; es decir, si no son pacientes residentes habituales en el Reino Unido, tendrán que pagar por adelantado para poder usar el servicio sanitario. Una medida que pretende cortar el llamado «turismo sanitario», pero que asusta mucho a los emigrados allí.
  • Fin a la libre circulación para los nuevos comunitarios el mismo día que se active el brexit. En febrero, el diario The Telegraph destacaba el interés de Theresa May de alcanzar un acuerdo rápido con Bruselas sobre la fecha límite para regularizar la situación de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido. Pero también para los británicos que están emigrados.
  • Una ley para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios. El 1 de marzo, la Cámara de los Lores británica aprobó una enmienda a la ley del brexit para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido ante la salida del país de la UE. Así, el Gobierno sufrió su primera derrota durante la tramitación de este proyecto de ley, que recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes a principios de febrero con una amplia mayoría y sin ninguna de las enmiendas de la oposición. La enmienda insta al Gobierno a asegurar que los ciudadanos del Espacio Económico Europeo (EEE) y la UE que residen legalmente en el Reino Unido, así como «los miembros de su familia», serán «tratados de la misma forma en cuanto a sus derechos como comunitarios» tras el brexit.
  • Un formulario para lograr una residencia. El 7 de marzo, los gallegos residentes en el Reino Unido mostraban su indignación por la imposición de un documento de 85 páginas para lograr la residencia, una burocracia «ridícula» pero que afecta a su futuro.  

 

  • El futuro de los emigrantes, una de las líneas rojas para el brexit de la UE: Los líderes europeos modificaron el lenguaje para endurecerlo en cuestiones como los derechos de los ciudadanos comunitarios, para los que los Estados miembros quieren que puedan obtener la residencia permanente en Reino Unido a los cinco años de vivir en el país. «La prioridad número uno son los ciudadanos, los derechos que hay que asegurar», dijo Tusk.
  • Derechos similares a los actuales. El 3 de mayo, el ministro para el brexit, David Davis rebajó bastante el tono amenazante mantenido hasta ahora al afirmar que la intención de Reino Unido en las negociaciones sobre el estatus de los ciudadanos de la UE que ya viven en Reino Unido es darles derechos muy similares a los que gozan actualmente. El ministro defendió que es importante llegar a un acuerdo rápido sobre los futuros derechos de los emigrantes europeos y los británicos que viven en otros países, ya que la incertidumbre está generando ansiedad en estas personas. Su comentario difiere de lo sugerido por la primera ministra durante la cena con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que, según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, May dijo que pensaba que no sería un problema resolver la cuestión ya que los ciudadano de la UE en Reino Unido podrían simplemente ser tratados como otros ciudadanos de terceros países.
  •  Garantía para los europeos que lleven 5 años en Reino Unido. May propuso ayer a los líderes de la UE que los europeos con cinco años de residencia en el Reino Unido mantengan su estatus de establecimiento permanente una vez se materialice la salida de Londres. La primera ministra precisó que se concederá el estatus británico de establecimiento a cualquier ciudadano de la UE en el Reino Unido con cinco años de residencia en una fecha específica entre el momento de activación del artículo 50 de los tratados para la salida del país (marzo de 2017) y el momento de la marcha del país, prevista para marzo de 2019.
  • Incógnita sobre la fecha de corte para el cambio de estatus de los europeos en Reino Unido. Este viernes, Theresa May ha asegurado que ha hecho una oferta «justa y seria» para dar garantías a los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido pero no ha querido desvelar la fecha de corte que propondrán para el cambio de estatus de los europeos tras el Brexit. «Quiero garantizar a todos los ciudadanos de la UE en Reino Unido que han hecho sus vidas y hogares en Reino Unido que nadie tendrá que irse. No veremos a las familias divididas. Esto es una oferta justa y seria», ha defendido May, en declaraciones a la prensa a su llegada al segundo día de cumbre comunitaria. La primera ministra británica ha recordado que su Gobierno presentará «propuestas más detalladas el lunes» y ha reclamado también a la UE que dé «esa certidumbre para los ciudadanos de Reino Unido que viven en la Unión Europea».

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