El Gobierno italiano se lava las manos por la caída del puente y culpa a la concesionaria

Los populistas del M5E rechazaron hace cinco años la construcción de una nueva autopista


Roma / corresponsal

Cuando el balance de muertos del colapso del puente Morandi en Génova se eleva ya a 39, entre ellos tres menores, el Gobierno populista italiano elude cualquier responsabilidad por la tragedia y descarga las culpas sobre la empresa concesionaria. Su primera decisión fue comenzar el procedimiento para rescindir la gestión de las autopistas a Austostrade per l’Italia, filial de Atlantia y propiedad de la familia Benetton, acusada del mantenimiento inadecuado del viaducto. El primer ministro Giuseppe Conte explicó que «no podemos esperar los tiempos de la Justicia». A partir de ahora, antes de otorgar nuevas concesiones, «seremos mucho más rigurosos en la evaluación de las cláusulas» para evitar que se repitan siniestros como el de Génova. Además, pondrán en marcha un plan de control en todas las infraestructuras del país.

La respuesta de Autostrade no se hizo esperar y en un comunicado dijo estar segura de «poder demostrar que ha cumplido con sus obligaciones», mientras hacía saber que ya están trabajando en un «proyecto de reconstrucción del viaducto, que se completaría en cinco meses». Según Corriere della Sera, el fin de la concesión obligará a ANAS, el ente de gestión de las carreteras italianas, a pagar a Autostrade un altísimo precio, en torno a 20.000 millones de euros. 

Los primeros en señalar como único responsable de la tragedia a la empresa fueron los miembros del Gobierno del Movimiento 5 Estrellas, el vicepresidente Luigi Di Maio y el titular de Infraestructuras, Danilo Toninelli. «Austostrade tiene que pagar y Benetton tiene que resarcir», fue el mensaje de los dos políticos que provocaron además la caída al mínimo de las acciones de Atlantia.

Toninelli incluso pidió la dimisión de la cúpula directiva de la empresa, mientras afirmaba que «si ellos no son capaces de gestionar nuestras autopistas, el Estado lo hará». La propuesta de revocar la concesión fue apoyada también por el otro vicepresidente, el ultraderechista Matteo Salvini, que calificó la medida como «lo mínimo» que se puede hacer tras la tragedia de Génova.

La empresa respondió a las críticas afirmando que el puente Morandi era controlado trimestralmente según impone la ley. Además aseguraba que las inversiones de la sociedad «en seguridad, mantenimiento y modernización de la red han sido superiores a los mil millones de euros anuales».

Desde hace años se estudian en Génova alternativas a la actual red de autopistas y viaductos ya que, como la propia Autostrade reconocía en un informe de mayo del 2011, «el volumen alcanzado por el tráfico provoca un intenso degradado de la estructura, sometida a ingente presión». El proyecto Gronda para resolver los problemas de tráfico con la construcción de una nueva autopista y un nuevo puente fue puesto en entredicho por el comité local del M5E y también por su líder entonces, Beppe Grillo, que en un mitin en el 2014 invocaba al Ejército para detener el proyecto. 

«El colapso es una fábula»

En el 2013 la agrupación genoveses del M5E se opuso a la construcción de una nueva autopista para reemplazar a la A10, inaugurada en 1967, a pesar de los informes que ya alertaban sobre sus problemas estructurales. Entonces publicaron en su web que «el colapso del puente es una fábula» y que podía «estar en pie otros cien años». Actualmente el comunicado ha desaparecido.

«No ha sido una fatalidad sino un error humano», aseguró el fiscal de Génova, Francesco Cozzi, encargado de las investigaciones y recogiendo el sentimiento de una ciudad que desde hace años miraba con sospecha el viaducto.

La UE rechaza las críticas de Salvini y recuerda que dispone de 2.500 millones para carreteras

La Comisión Europea rechazó ayer las declaraciones del ministro del Interior, Matteo Salvini. El día del siniestro el ultraderechista y euroescéptico aprovechó la tragedia para culpar a la UE de que Italia no tenga carreteras seguras. Ayer volvió a la carga y dijo que las estrictas normas de Bruselas para contener el déficit presupuestario no contribuyen a preservar la seguridad de Italia. «El dinero a invertir en seguridad no debería incluirse en las «estrictas normas que nos dicta Europa», declaró a Radio24. «Cada vez más hay que pedir permiso para gastar dinero», añadió.

Bruselas recordó que Italia tiene asignados 2.500 millones de euros para infraestructuras como carreteras y vías férreas en el período 2014 y 2020. Más que los adjudicados a España. Además, en abril aprobó «un plan de inversión para las autopistas italianas que dio luz verde a cerca de 8.500 millones de euros en inversiones, incluida la región de Génova». Italia figura en el puesto 17 de 28 en el ránking de la CE sobre transporte. La calidad de sus carreteras recibe un 4,52, frente a España, con 5,51. Italia es «libre de disponer prioridades de políticas específicas» sobre el gasto público, explicó en un comunicado un portavoz de la Comisión. «De hecho, la UE ha alentado inversiones en infraestructura en Italia», la última de ellas en las recomendaciones específicas al país en el 2018, agregó.

El derrumbe del tramo de 200 metros del puente Morandi extiende la preocupación a otros países de Europa por el estado de sus infraestructuras. «Los puentes en Alemania también se corroen peligrosamente, ya no se puede descartar el riesgo de derrumbamiento», indicó ayer el arquitecto e ingeniero alemán Richard J. Dietrich en declaraciones a diarios regionales de Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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