La deuda pública supera ya toda la riqueza que los españoles son capaces de generar en un año, algo que no sucedía desde hace más de un siglo. Pero más allá del simbolismo de la plusmarca -otros países, como Italia, hace tiempo que saltaron el listón del 100 % del PIB y siguen vivos-, los datos publicados por el Banco de España son alarmantes por otros motivos. Porque la montaña de deuda crece a mayor ritmo que el país-que-más-crece-de-Europa. Y porque en el primer trimestre del año se disparó el endeudamiento público como no se recordaba desde la recesión del 2012: más de 23.000 millones de euros en solo noventa días.
Desde que comenzó el año hasta finales de marzo, las Administraciones Públicas pidieron prestados, para sufragar sus gastos, 257 millones de euros cada día. La deuda pública creció durante ese trimestre, diariamente, un 25 % más que en el 2013, un 39 % más que en el 2014 y 2,4 veces más que el año pasado. ¿Qué está pasando? Simplemente que se está desbocando el déficit público -el pienso que engorda al monstruo-, ya sea porque los ingresos no fluyen como preveía el Gobierno, ya sea porque los gastos se disparan por encima de lo que establecían sus presupuestos electoralistas. Y en consecuencia hay que echar mano del prestamista para abonar las pensiones, sostener los colegios o mantener los hospitales (y pagar los intereses de la deuda acumulada: no menos de 35.000 millones al año).
Que la deuda pública crezca en tiempo de vacas flacas es lógico e incluso, para quienes confiamos en la eficacia de la herramienta fiscal para combatir la recesión, aconsejable: alguien debe tirar del carro cuando el motor privado se gripa. Pero que la deuda pública se desmande precisamente cuando la economía avanza debería encender las luces de alarma. Recurrir al crédito para montar un negocio y sacar la familia adelante parece razonable; seguir endeudándose a caño abierto después de la inauguración conduce indefectiblemente a la bancarrota. Se puede vivir al fiado algún tiempo, no se puede vivir del cuento toda la vida.
Históricamente, los Gobiernos se desprendieron del lastre del endeudamiento por vías más o menos traumáticas. Muchos suspendieron pagos directamente y otros negociaron quitas con sus acreedores. Algunos -habas contadas- cerraron sus cuentas con superávit y los más se limitaron a esperar que la inflación y el crecimiento económico rebajaran la deuda en términos relativos.
Como el crecimiento ha llegado a España, no sabemos aún si para quedarse, la erosión debería estar desgastando nuestra montaña de deuda. No lo digo yo, sino que lo establece la ley orgánica que desarrolla el controvertido artículo 135 de la Constitución: cuando la economía española alcance una tasa de crecimiento real del 2 % anual, la ratio de deuda pública se reducirá anualmente dos puntos porcentuales del PIB. Érache boa. En vez de desinflarse, el globo sigue creciendo. A lo que se ve, el imperio de la ley tampoco consigue doblegar al monstruo.