Ajustar no es lo mismo que recortar

Manuel Lago
Manuel Lago EN CONSTRUCCIÓN

OPINIÓN

05 ago 2016 . Actualizado a las 08:11 h.

El ajuste de 10.000 millones de euros que nos exige la UE vuelve a demostrar que el denominado proceso de consolidación fiscal se ha convertido en el principio básico de gestión de las cuentas públicas. Los elevados desequilibrios generados durante la crisis y, sobre todo, la orientación neoliberal en la forma de afrontar la gran recesión, han situado la corrección del déficit público en el primer plano de la agenda de los Gobiernos. En algunos casos por decisión propia y en otros por imposición de las autoridades de la UE.

Sin duda, corregir los desequilibrios en las cuentas públicas es un objetivo deseable en el que casi todo el mundo está de acuerdo. El problema surge cuando el velo neoliberal confunde el debate al cambiar el significado de los conceptos: cuentas equilibradas no es lo mismo que déficit cero, ni consolidación fiscal es igual que reducción del gasto público, ni el déficit o el superávit han de ser siempre el mismo con independencia de las diferentes fases del ciclo económico.

Un déficit público del 11 % como el que sufrió la economía española en el 2009 es una situación insostenible a medio plazo, entre otras cosas porque el déficit se transforma en deuda pública con un fuerte efecto de retroalimentación a través de los intereses que genera. El debate, por lo tanto, no está en la necesidad de corregir este desequilibrio, sino en la forma de hacerlo, esto es, en la elección de la mejor senda para reducir el déficit. Y para ello hay que definirse sobre tres variables: la cifra final de déficit, el plazo para alcanzarla y el tipo de medidas que se quieren aplicar.

El modelo de consolidación fiscal del Partido Popular está detallado en la actualización del Programa de Estabilidad presentado a la Comisión Europea el 14 de mayo del 2015. En ese documento se propone alcanzar un déficit del ?2,9 % en el 2017, lo que implica una reducción de casi tres puntos de PIB sobre el dato final del 2015, equivalentes a 28.000 millones de euros en un solo año. Además, pretende hacerlo reduciendo el gasto porque renuncia explícitamente a aumentar los ingresos.

Frente a este modelo existen otras opciones que, aceptando la condición restrictiva de los compromisos europeos, tienen menores costes para el crecimiento económico y, sobre todo, para la gente. Una senda de consolidación alternativa sería, por ejemplo, aplazar hasta el 2019 el objetivo del 3 % y de esa forma repartir el coste del ajuste en tres ejercicios. Pero la gran diferencia es que la reducción del déficit se puede hacer incrementando los ingresos, sin necesidad de seguir recortando el gasto. España tiene unos ingresos públicos que están ocho puntos del PIB por debajo de la media de la UE. Por lo tanto, no solo es posible, sino incluso deseable que en los próximos cuatro años la ratio ingresos/PIB -que explica buena parte de nuestros problemas con las cuentas públicas- aumente al menos tres puntos. Plantear un objetivo menos exigente, con más tiempo para alcanzarlo, basado en el aumento de los ingresos y con efectos positivos para la economía, es un modelo perfectamente viable y con menos costes para la ciudadanía.