Una serie de datos económicos conocidos en los últimos días muestran, puestos uno detrás del otro, las debilidades y limitaciones de la tan cacareada recuperación. El Gobierno sigue vaciando la hucha de las pensiones e incluso ha tenido que recurrir a un crédito de 6.000 millones para pagar la extra de los pensionistas. Ya solo quedan 11.600 millones de los 66.800 que recibió como herencia. Paralelamente, el Banco de España da por perdidos más de 60.000 millones del rescate a las entidades financieras, que se nos dijo no nos iba a costar ni un euro. Por otro lado, más de la cuarta parte de los contratos laborales duran ya menos de una semana y casi la mitad menos de un mes. En el país del supuesto nuevo milagro español, uno de cada tres niños viven en hogares pobres o en riesgo de exclusión social, cuatro de cada diez parados mayores de 55 años no reciben ninguna ayuda pública y más de un millón y medio de jóvenes menores de 35 años no tienen empleo, una tasa por encima del 40 %, el doble de la media europea. Y ser mileurista es ya un privilegio. Mientras, el tiempo de espera para operarse en la sanidad pública aumenta hasta los 115 días. Sí, la previsión de crecimiento se eleva al 3 %, el paro baja y las exportaciones y el turismo se disparan. Bien. Pero hablar, sin más, de recuperación en base a magnitudes macroeconómicas, sin analizar y desmenuzar su cara B, es una estafa y un insulto, sobre todo para los millones de personas que siguen pagando muy caro las consecuencias de la crisis y son excluidos del sistema sin miramientos. Más políticas sociales, más potenciar y no debilitar el Estado de bienestar y menos triunfalismo, porque la situación no es para estar satisfechos. Ni mucho menos.