La imagen de los guardias civiles acorralados en Cataluña por unos radicales representa algo más que un problema de orden público. Los tres Nissan con las ruedas pinchadas, los cristales rotos y llenos de basura no son una protesta independentista ni la demostración de un sentimiento de identidad. En realidad son una falta de respeto a unos funcionarios que están haciendo su trabajo, cumpliendo una orden judicial, como hacen a diario las policías de cualquier país civilizado. Unos agentes que han ido a meterse en la cabeza del lobo para cumplir con su principal deber: garantizar que se cumpla la ley. Los guardias civiles acorralados por las masas en Barcelona son los mismos que a diario se dedican a proteger a los ciudadanos (también a los catalanes) de delincuentes, terroristas, mafiosos y corruptos. Los mismos que protegen el Estado de derecho cuando a los políticos les entra la tentación de pisotearlo. Son los que corren hacia el lugar del que todos escapan. Y son los mismos guardias civiles que, sin dudarlo, saldrían en ayuda de unos mossos en peligro y que, también sin dudarlo, darían escolta al presidente Puigdemont como representante de una comunidad española. La grúa que el pasado viernes sacó de la calle los destrozados coches patrulla de la Guardia Civil se llevó toda la basura que habían arrojado en sus asientos, pero también se llevó una buena parte de la democracia española y mucho, o casi todo, de aquello que llamaban seny.