Navega desde hace semanas el concejal ovetense Rosón en las aguas revueltas del concordato o lo que quiera que sea ahora el paraguas económico eclesiástico. Son, desde luego, aguas peligrosas, plagadas de curas amotinados y absurdas leyes de espíritu medieval, donde han perdido la razón otros mucho más poderosos como la almirante-vicepresidenta Fernández de la Vega. Me parece que el concejal Rosón está tirando más de valentía que de armamento jurídico, y algo me dice que la batalla por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles va a acabar en victoria de los de siempre. Lo que propone el edil de Economía es más que justo, y se puede resumir así: que la Iglesia contribuya como todo el mundo al mantenimiento de los servicios de la ciudad en la que vive, algo a lo que se resiste correosamente más que una vara de avellano.
La solidaridad es una palabra que la jerarquía católica sólo entiende a su manera y que traduce como caridad, que no es en absoluto lo mismo. La caridad la da uno cuando le apetece y en el grado que considera conveniente, que no siempre es el necesario, ni en la forma adecuada. No digo que no haya curas generosos, por supuesto, pero me da que va contra su genética. Por otra parte, esa caridad la practica con eficacia y humildad sólo una parte del clero, como las monjas del comedor económico, que no son precisamente las que mandan en el cotarro. Una labor excelente que, no obstante, debería realizar el Estado de oficio.
Rosón está exigiendo solidaridad y justicia, no caridad. No corresponde a todos los contribuyentes sostener los gastos de la Iglesia en un estado que se dice aconfesional, sólo a los católicos ejerciendo su derecho al culto. Es más, el gobierno municipal sólo reclama el IBI de los edificios no dedicados al culto y yo digo que, ya puestos, se queda corto: que reclame todo, porque bien que la Iglesia hace provechoso negocio con algunos de sus edificios donde se da misa como la Catedral. Porque tampoco es la Iglesia la que paga los arreglos de la basílica ovetense cuando toca.