He oído por ahí a algún ingenuo que sólo los abogados o los funcionarios de Justicia tienen derecho a criticar una sentencia. No hay afirmación más falsa, más mezquina y más tonta: la ley me la aplican también a mí, así que desde luego que tengo derecho a no estar de acuerdo con lo que considere injusto. Y la ley, en democracia, nos pertenece a todos, emana del parlamento que votamos todos y se inspira o debería hacerlo en los deseos de la sociedad. Sí, puede ser que no entienda ni conozca todos los términos legales, pero me basta una inteligencia mediana y el sentido común para saber cuándo algo está bien o está mal, lo que a menudo escasea en el estamento judicial. Porque desde luego que me enteraré si hago algo que merezca recibir una multa o una pena de prisión. De otra forma, estaría siempre a merced de la injusticia; nunca sabría cómo actuar por miedo a ser condenado. Es tan cierto esto como que la ley está sujeta a interpretación y por tanto a opinión. No hay dos jueces que hagan dos sentencias exactamente iguales, de lo que se deduce fácilmente que en Justicia nadie está en posesión de la verdad absoluta.
Ya sabrán a estas alturas de qué estoy hablando: el famoso juicio a la manada, que más bien debería llamarse la piara, con perdón de los cerdos. En 25 años de profesión de periodista nunca leí una sentencia más delirante (y leí algunas que darían envidia a Dalí) para un clarísimo caso de violación. Cierto es que, en parte, digamos en dos tercios, la culpa no fue de los jueces sino de un código penal en algunos aspectos decimonónico: decir que el abuso sexual con total indefensión de la víctima no es violación porque no le zurraron, tiene tela. Del otro tercio cafre mejor ni hablamos. Ni comparto, ni respeto una sentencia bárbara. Los jueces, que son el tercer poder, están sujetos a la crítica como el ejecutivo y el legislativo, faltaría más, y los que no lo crean que se suban aquí y pedaleen. A esto me enfrenté muchas veces desde la prensa a la que se culpa de todos los males por denunciar lo infame. Quien diga lo contrario igual es partidario de los tribunales franquistas o soviéticos, sumarios y sin apelación, pero aún así defiendo su derecho a expresarse y el mío a dar un corte de mangas.
Como a los jueces del caso de la piara les ha caído la del pulpo, todos los políticos sin excepción se han apresurado a poner prudencial distancia, en vista del nerviosismo electoral del momento. Y repiten un mantra que oyen a los otros y, como son los mantras, vacío de contenido: “no hay que legislar en caliente”. ¿Qué narices quiere decir esa cosa? ¿Qué no hay que cambiar las leyes cuando funcionan mal hasta que no se produzcan… cuántos casos, dos, tres, una docena o mil? Harían bien los legisladores en tomar nota de los métodos científicos que nunca practican. Si una teoría, la que sea, se somete a prueba y funciona en nueve casos pero falla en el décimo, no se espera a ver si funciona mal otras diez. Falló, por tanto hay que modificar algo, o empezar de nuevo. Si una tubería de gas tiene una grieta, habrá que repararla en caliente, de otra forma se corre el riesgo de estallar. Por tanto, sí, soy partidario de corregir los errores cuando se producen para evitar males mayores. Legislar en frío equivale en este caso a espera que la gente se olvide y dejar las cosas más o menos como están, una especie de inercia legisladora burocrática que ha traído siempre multitud de miserias y pocas soluciones. Muy español y mucho español, vaya.