¿Abuso o agresión sexual? ¿Prevalimiento o intimidación? ¿Violencia? Tipos penales, categorización, agravante de género... y un sinfín de términos de los que la mayoría desconocemos el significado jurídico. En todo caso, ha quedado claro en los últimos días la importancia de llamar a las cosas por su nombre. También el sometimiento de la mujer, a la que se cosifica hasta anular su voluntad, su dignidad y sus derechos humanos como persona.
Si algo resulta incontestable de la sentencia de Navarra que avergüenza a España, es que la justicia en este país se imparte sin perspectiva de género, imbuida de estereotipos y prejuicios propios de la sociedad machista y patriarcal en que vivimos.
De la lectura de las 317 páginas, más de la mitad de las cuales corresponden al voto particular, surge un montón de interrogantes ¿Cuál es la formación en igualdad de género de los tres magistrados? ¿Qué empatía han desplegado respecto a la chiquilla a la que cinco delincuentes descerebrados han arruinado la vida (la suya y la de su entorno)? ¿Además de conocimientos, no han de tener moral quienes imparten justicia? ¿No les da qué pensar el nombre del grupo La Manada, las grabaciones en vídeo y la divulgación en las redes sociales sus hazañas, la exhibición de sus trofeos sexuales, la premeditación de la finalidad de su viaje (porque si no hubiera sido la denunciante, habría sido otra) y la reincidencia de sus actuaciones (no era la primera y no será la última, porque forma parte de su forma de entender la fiesta)? ¿No debería exigirse una conducta ejemplar a servidores públicos integrantes de la Guardia Civil o el Ejército?
En definitiva, ¿a quién estamos enjuiciando, a la víctima (si consintió o no, si sintió intimidación o no, si se sintió o no violentada) o a ellos (los culpables, los que según hechos probados de la sentencia, objetivos e incontestados, violaron a la víctima, lo publicitaron en canales de Whatsapp que se llaman Peligro o Manada, nada inocentemente)? ¿No debería implicar mayor castigo hacer el mal, y a sabiendas, alardear de ello?
Todas estas preguntas más o menos retóricas no esperan respuesta, porque esta se ha producido a través de las manifestaciones espontáneas de la sociedad apenas horas después de conocerse la sentencia. Y la respuesta es unánime, lo que sí ha habido es abuso judicial, porque la sentencia ha sido peor que el delito; porque a la víctima le habrá dolido aún más. «La justicia debe caminar acompasada con la realidad social en que se aplica; si no, deja de ser justicia, es otra cosa» (Gloria Poyatos).
Por todo ello, «la lucha contra la violencia sexual es la vindicación central de la cuarta ola feminista en la que estamos inmersas e inmersos» (Rosa Cobo Bedia). Porque no habremos entendido nada si creemos que esto va de tipos penales, de rectificar una conducta o tipo penal, de imponer nueve o veinte años de pena privativa de libertad, o cadena perpetua.
De lo que se trata es de cambiar una cultura, en palabras de Miguel Lorente, la que ampara la violencia contra las mujeres porque se basa en la superioridad del hombre sobre la mujer, la cultura machista de la violación, que es capaz de verbalizar que no hay violación (intimidación) donde ha habido violación (hechos probados), retorciendo el lenguaje y que es capaz de llamarlo abuso; cualquier eufemismo jurídico antes de romper con el machismo imperante. Un sistema patriarcal y machista que no reconoce más libertad sexual que la del macho-machote que desea y exhibe sus trofeos, y no la libertad sexual de la mujer que solo puede ser deseada (convertida en objeto) so pena de considerarse libertina.
Y de esa cultura reprobable forma parte el juez que emite un voto particular plagado de estereotipos, merecedor de al menos un expediente disciplinario, si no inhabilitación, y que aprecia regocijo y jolgorio en lo vivido por una chiquilla acorralada por cinco energúmenos en un portal. Cuando menos me inquieta, porque me hace pensar en los momentos de jolgorio y regocijo que procura para sí en su vida personal este señor.
Por último, y no menos importante, y aunque debemos respetar la independencia judicial, la sentencia también debió dictarse en base no solo a nuestro Código Penal, sino también al Convenio de Estambul (convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) que España ratificó en 2014 y que, por tanto, forma parte de nuestro derecho interno. Y ese convenio establece que el sexo sin consentimiento es violación. #SóloSíesSí
Para quienes aún no se hayan dado cuenta, el feminismo que lleva reivindicando los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad durante tres siglos, y que UGT apoya desde hace 130 años, ha dicho basta. Desde el 8 de marzo y la huelga feminista, nada será lo mismo, y no daremos un paso atrás ni para tomar impulso. Nos queremos #vivaslibresyunidas.