Hace un año, los independentistas iniciaron un proceso de desprecio a una de las reglas de oro de la democracia: el respeto a la legalidad y el respeto a las minorías. Fue la asonada parlamentaria del 6 y 7 de septiembre del 2017. Un año después todo sigue siendo igual.
El Parlamento catalán está cerrado desde hace meses y así seguirá. La decisión de tamaño despropósito recae una vez más en esas minorías mayoritarias independentistas. La decisión recae en Junts per Catalunya y Esquerra, incapaces de recuperar aquel «enamoramiento democrático» proclamado en diciembre por Oriol Junqueras, y del que no se había tenido noticia en las sesiones del Parlamento de Cataluña del 6 y 7 de septiembre del 2017 que aprobaron las leyes de desconexión. El enamoramiento democrático está ausente también en la dirección del proceso independentista con aquel oscuro sanedrín, que sigue en torno a las idas y venidas del señor Joaquim Torra al Waterloo belga del huido Puigdemont.
Y lo más grave es que la dirigencia independentista niega y porfía ante la erosión de la democracia en Cataluña, acudiendo para ocultarla a ese cierre parlamentario, al abandono de las instituciones y a una hipotética desobediencia civil -tan duramente combatida por Artur Mas desde su helicóptero-, sostenida en torno a los políticos presos y su utilización. Donde los lazos amarillos tienen más que ver con el reconocimiento mutuo de quienes creen estar en el lado correcto, y por lo tanto reconocer en quienes no lo usan a los desafectos, que con la reivindicación de los presos.
El inicio del curso político en Cataluña fue protagonizado por Torra desde un teatro, el Teatre Nacional de Catalunya, no desde el Parlamento. Torra identifica una vez más su soberanismo con «la causa justa» y acudiendo, en un mal remedo de Artur Mas -en apariencia sin recursos económicos, pero veraneante en la isla de Menorca-, a la utilización de Martin Luther King o Nelson Mandela, tan lejanos en sus luchas y en sus actitudes a las de un independentismo que domina desde hace muchos años las instituciones catalanas y desde las que niega los derechos a los otros catalanes.
Hasta el extremo de que se ha separado la sociedad catalana en dos mitades. Una sociedad en la que con tales simbologías, esteladas o lazos se niega la pluralidad, utilizando el conflicto para implantar un caudillismo autoritario y populista que haga de la parte el todo y que arrojará a las tinieblas a quienes diguem no. Por eso conviene recordar la denuncia aquellos días de Coscubiela: «No quiero que mi hijo viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella».
O como ante una propuesta estatutaria de su propio partido, no compartida por una gran parte de la población vasca, el lendakari Urkullu asumió: «Tengo que preocuparme de los derechos de las mayorías y las minorías». Lo que no hace Torra ni hicieron Mas ni Puigdemont.