Como siempre con Donald Trump, la decisión de invocar la Ley de Emergencia Nacional no ha sido meditada, sino el producto de un arranque. El miércoles, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, había logrado persuadirle de que aceptase el acuerdo con los demócratas para impedir un nuevo cierre gubernamental. Trump se fue a dormir más o menos convencido, pero se levantó el jueves de mal humor y, a media mañana, ya estaba dispuesto a descarrilar el acuerdo sellado entre los legisladores. Siguió una salva de llamadas telefónicas entre él y McConnell. El líder de la mayoría del Senado logró volver a convencerle, pero esta vez a cambio de que McConnell apoyara públicamente la decisión de Trump de declarar una «emergencia nacional» sobre el asunto de la construcción del muro con México. Esta declaración le permitiría reunir los fondos suficientes para completar la obra.
¿Por qué es tan polémica esta decisión? Para los demócratas es un fraude de ley: el mecanismo está pensado para situaciones de auténtica emergencia nacional y no para, simplemente, puentear al Congreso cuando no le da al presidente lo que quiere. La justificación de Trump de que en la frontera se ha creado una situación tan grave que amenaza a la seguridad del país no se sostiene. Aunque también es cierto que estos poderes especiales se han usado en el pasado con mucha ligereza: Obama los blandió doce veces, Bush trece, Clinton diecisiete, y no siempre con mejores argumentos. Pero más preocupante para Trump es que a muchos republicanos tampoco les gusta la idea. En este caso, porque lo ven como un abuso del poder presidencial, un exceso de intromisión del Gobierno en el proceso democrático. Hay ya al menos seis senadores de su partido que podrían votar contra Trump en este asunto. ¿Pueden frenarle? En principio, no. Trump puede vetar a su vez el veto de las cámaras, que para frustrar los planes de Trump necesitarían una mayoría cualificada de la que no disponen. Una vía mucho más segura para cerrarle el paso sería recurrir a los jueces. No está claro que exista base legal para querellarse, pero el asunto se eternizaría en los tribunales.
Con todo, el presidente estadounidense ya ha conseguido lo que quería: demostrar a sus votantes que ha luchado por levantar el muro que había prometido. Si al final no puede, será por culpa de la burocracia de Washington. No ha cumplido con la disparatada e insultante promesa de que haría que los mexicanos lo pagasen, pero eso se ha perdido en el ruido de la controversia. Esta no es ya tanto acerca del muro, que en el fondo siempre ha sido un símbolo -aunque incompleto, el muro existe ya, como existe la frontera-, sino acerca de quién va a marcar la agenda política en los dos años de mandato presidencial que restan. Con su decisión del jueves, Donald Trump está indicando que piensa luchar contra el Congreso, incluso a costa de sus aliados republicanos en el Senado si es necesario. Vuelve a marcar, pues, distancias con el partido y a abrazar la estrategia presidencialista.
