Crecimiento económico, estabilidad y democracia


Cuando, a partir del verano de 2008, comenzó a evidenciarse que la crisis hipotecaria de Estados Unidos estaba teniendo un impacto significativo en las finanzas globales y, semanas después, la toma de control público de las entidades Fannie Mae y Freddie Mac, el archiconocido colapso del banco de inversión Lehman Brothers y el rescate de la macroaseguradora AIG, pusieron patas arribas el sistema financiero a escala internacional, a pesar de la común conciencia de la gravedad de la situación, muchos en España teníamos la convicción de que el impacto podría contenerse merced a la capacidad de respuesta de un sector público entonces saneado (deuda pública del 35,6% del PIB en 2007, superávits presupuestarios inusitados entre 2005 y 2007, etc.), contando con una economía con cifras entonces aparentemente robustas (8,8% de desempleo en diciembre de 2007, por ejemplo), teniendo al frente un gobierno decidido a aplicar recetas de estímulo de la demanda y participante de los esfuerzos coordinados en las reuniones del G-20, y, sobre todo, compartiendo una percepción de confianza en la cohesión social y en la solidez institucional, también en el ámbito comunitario. La virulencia de la crisis se encargó de sacarnos rápido del error, porque, evidenció, una a una, las múltiples debilidades estructurales que aquejaban a nuestro sistema económico, político e institucional, con algunos momentos de verdadero vértigo en el lustro siguiente.

La realidad social y el contexto económico y político en el que nos toca navegar en la actualidad es consecuencia directa de aquella crisis, porque la profundidad de las heridas y la insuficiencia de los correctivos se perciben en casi todo. La erosión de la confianza en el poder público no ha sido restañada, la debilidad del tejido empresarial es aún notoria, la precariedad social es una constante y la sensación de pérdida de control sobre el propio futuro planea a diario sobre el común de los mortales. Como también es verdad que, con viento en contra, la sociedad española y, -pese a todos los avatares- sus propias instituciones, han superado muchos retos de la crisis de manera más que digna, desde las redes de solidaridad familiar y social hasta la capacidad de buscar alternativas económicas de miles de emprendedores, pasando por la preservación (aunque haya amenazas importantes que no hay que relativizar) de los valores humanitarios y democráticos básicos, que en media Europa comienzan a considerarse secundarios por el electorado de las fuerzas nacional-populistas en auge. Pero basta echar un vistazo con un poco de perspectiva para apreciar que la fragilidad sigue siendo mucha, y algunos datos nos lo recuerdan: la tasa de paro está a medio camino en el retorno a los niveles de hace 11 años, todavía hay más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro, el aumento del trabajo a tiempo parcial no deseado es fuente adicional de precariedad y la propia Comisión Europea advierte a España de los efectos de la elevada desigualdad y pobreza. A ello se suma que los datos macroeconómicos y previsiones, aunque, en sus distintas fuentes deparan resultados más favorables para España que para los países de nuestro entorno (2,2% de crecimiento previsto para 2019 y al 1,9% para 2020, mientras la Eurozona se sitúa en el 1,1% y 1,6%, respectivamente), no son suficientemente halagüeños. La sensación extendida es, en suma, que falta mucho camino por andar en la recuperación, que ésta no alcanza debidamente a los sectores más desfavorecidos y que, además, braceamos, junto a nuestros socios europeos, en las aguas turbulentas de la guerra comercial desatada por EEUU, las dudas sobre el futuro de la Unión y la inestabilidad política, en la que tan cómodos parecen sentirse los autoritarios.

Así las cosas, si hiciéramos el ejercicio de ponernos en la misma tesitura que en 2008, sería difícil pensar estar vez que, ante un escenario de crisis pareja, nuestro país estaría mejor preparado para afrontarla. Si en aquel momento pecamos colectivamente de optimismo y las previsiones negativas se quedaron cortas, ya que las dimensiones de la Gran Recesión se justifican con el nombre que la historia le ha puesto, hoy resultaría complicado encontrar razones a las que asirse si los desequilibrios y tensiones que pueblan la economía global y las relaciones internacionales nos jugasen una mala pasada. En el plano político, las fuerzas nacional-populistas encontrarían el ambiente propicio para el paso decisivo hacia el poder efectivo. La capacidad de resistencia de la cultura democrática se sometería la prueba de estrés más dura. Ciertamente, se pondría en riesgo todo.

Situar, en esta Legislatura que se abre en las Cortes Generales, la prioridad en la agenda económica, en el crecimiento sostenible y vigoroso, en la esperanza de una cierta prosperidad compartida, donde realmente la dignidad material y las necesidades básicas de todos estén garantizadas, es una apuesta imprescindible, involucrando en el esfuerzo colectivo a toda la población, en la medida de sus capacidades. No sólo servirá -aunque sea necesario hacerlo, constantemente- con denunciar los peligros de la involución extremista, desenmascarar la mentira intrínseca del nacional-populismo y llamar a la defensa activa de los principios que sostienen nuestra convivencia. Toca también, crecer y hacerlo en igualdad.

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