Los retos y objetivos inducidos por el nuevo paradigma asociado al desarrollo sostenible empiezan a tener un impacto de carácter transversal en el devenir económico. La atribución de responsabilidades, esto es, la aplicación de una carga diferenciada a cada país o región en función de las emisiones contaminantes y del impacto generado sobre el medio ambiente, ha ido cobrando fuerza entre la comunidad académica como una vía para hacer frente a las desigualdades vinculadas a este fenómeno.
26 jul 2019 . Actualizado a las 13:20 h.En la ciencia económica, el estudio del cambio climático se abordó de manera convencional y se ha centrado principalmente desde el lado de la oferta (sectores productivos) y apenas se han considerado los aspectos procedentes desde la perspectiva de la demanda.
No fue hasta la aparición del informe Brundtland (1987) cuando se acuñó el término de desarrollo sostenible; y, con ello, el concepto cobró fuerza, constituyendo un proyecto optimista de cara a conciliar los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo. El desarrollo sostenible se definió como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Fue un auténtico llamado a la acción para poder cambiar las estrategias de desarrollo y poder revertir el deterioro ambiental. Bajo esta nueva perspectiva, se plantean limitaciones que se van imponiendo a los recursos del medioambiente; al uso de las tecnologías; a la organización social; y a la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de la actividad humana. Por tanto, al imponer limitaciones, no se definen límites absolutos, sino que se abren vías y caminos para una nueva era de crecimiento económico que considera imprescindible, entre otras cuestiones, eliminar la pobreza y mitigar las consecuencias del cambio climático.
Una vez que se asumen los principios del desarrollo sostenible vamos incorporando nuevos planteamientos. De esta forma, surgen iniciativas en torno a la producción limpia, emergen conceptos como el de la ecoeficiencia y se definen alternativas sobre la base de la economía circular. Todos apuntan hacia una producción creciente de bienes contemplados con una menor utilización de recursos naturales (materiales y energía) y con menores impactos ambientales (como los referidos a la contaminación, emisión de CO2, ruidos, residuos...).
En la actualidad, se contemplan dos grandes iniciativas: los proyectos de descarbonización y el cumplimiento de las conclusiones emitidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Ateniéndonos al primero, se sugiere compatibilizar el crecimiento económico con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, relacionados con la energía. Las primeras consecuencias serían el cierre y la atenuación de aquellas centrales térmicas que aparecen como las plantas más contaminantes de la industria. Respecto a la segunda iniciativa, el último informe del panel llama la atención de los efectos que produciría un calentamiento del planeta de 1,5 grados con respecto a los niveles actuales.
Actuar de inmediato
No hay duda de que los estudios existentes subrayan la influencia del cambio climático tanto en los océanos como en la criosfera, a la vez que son notables los efectos en lo que hace referencia a la desertificación, degradación de tierras, seguridad alimentaria y las repercusiones sobre los ecosistemas terrestres. Planteadas estas cuestiones, no es menos cierto que es preciso actuar en consecuencia y de inmediato. Ni es posible una inacción en la determinación de las políticas ad hoc; ni es aconsejable una paralización en la adopción de instrumentos que mitiguen los citados efectos.
El premio nobel de economía William D. Nordhaus recogía en su trabajo seminal To slow or not to slow: the economics of the Greenhouse Effect (1991) que es preciso plantear la necesidad de aplicar el análisis coste-beneficio para definir las políticas óptimas de control de emisiones de gases de efecto invernadero. Recogía tres escenarios posibles. El primero, un escenario de no regulación, en el que los diferentes gobiernos no implementan ninguna política de control de emisiones. El segundo escenario sería aquel en que todos los gobiernos actuasen de manera cooperativa. Y el tercer escenario, en el que los gobiernos controlasen las emisiones de forma no cooperativa, actuando de manera unilateral.
De no actuar, las pérdidas debidas al cambio climático (coste de la inacción) estarían en un rango entre el 1,5 y el 3 % de la renta mundial, lo que supondría una verdadera catástrofe. Lo mismo acontecería en el supuesto de falta de cooperación, en la medida que habría una gran descoordinación y emergería la figura de los free-riders (gorrones) que, amparándose en las actuaciones de algunos países, continuarían sin aplicar medidas de mitigación.
Lo que sin duda llama la atención en los momentos actuales es el análisis de la demanda en el estudio del cambio climático. Los consumidores debemos sustituir el uso de ciertos bienes (lámparas, electrodomésticos, coches...) generalmente viejos, por bienes más modernos que utilizan y requieren menos energía. En consecuencia, la aportación del consumidor para reducir la demanda resultará básica en el presente y de cara al futuro. Es decir, la demanda ha sido ignorada como si no influyera sobre el cambio climático y como si la producción baja en carbono fuera garantía de un consumo sostenible. De ahí que sea necesario apuntar el hecho de que debemos considerar que los sistemas de producción interactúan invariablemente con los sectores de consumo y, por lo tanto, la dinámica de uno y otro se retroalimentan mutuamente.
Peaje diferenciado
En relación con las formas de consumo, bastantes economistas advierten acerca de los impactos sobre la desigualdad. Así, por ejemplo, son notables las aportaciones que mencionan que, en lo referente a la asignación de objetivos de reducción de emisiones, se aplique el principio de «responsabilidad común pero diferenciada», es decir, buscar una distribución justa de la carga de las obligaciones de cara a implementar acciones para paliar las repercusiones del cambio climático. O sea, una combinación de responsabilidades (contribución al problema) y de capacidades individuales (posibilidades de pagar). Ello nos encaminaría a tener que estimar un índice de responsabilidad y de capacidad para cada espacio económico, utilizando como medida de capacidad el ingreso per cápita de los individuos de un país y los coeficientes de Gini para tomar en cuenta la inequidad; y como medida de responsabilidad, la fecha de inicio de la generación de emisiones, el propósito de las mismas y los beneficiarios de las emisiones. De esta forma, se busca asignar una participación justa a cada país como porcentaje de las obligaciones globales totales, ya sea definida como reducción de emisiones físicas o como costes monetarios de mitigación o adaptación.
Dicha argumentación es necesaria habida cuenta de que la desigualdad de emisiones de carbono no solo se da entre países, sino en el interior de los mismos. O, como afirma Intermón-Oxfam, la mitad más pobre de la población mundial genera alrededor del 10 % de las emisiones de CO2; mientras que el 50 % de las emisiones se pueden atribuir al 10 % más rico. En suma, la ciencia económica deberá ampliar su visión más allá de la teoría convencional e interactuar en mayor medida con otras ciencias sociales.