Una gran victoria del Estado de derecho


La sentencia del Tribunal Supremo sobre los gravísimos actos insurreccionales que tuvieron lugar en el otoño de 2017 en Cataluña -hechos conocidos como el procés coloquialmente- culmina en toda regla la derrota clamorosa de quienes actuaron convencidos de que podían violar impunemente los dos principios esenciales que rigen en un Estado de derecho digno de tal nombre: los de sujeción a las leyes y obediencia a las resoluciones de los tribunales de justicia.

Los insurrectos -ahora ya oficialmente sediciosos- no sólo no alcanzaron ni uno sólo de los objetivos demenciales que decían perseguir sino que fueron viendo con sorpresa cómo las instituciones de nuestro Estado democrático, paso a paso, y sin blandir ninguna otra arma que la ley, iban respondiendo a todos y cada uno de sus inadmisibles desafíos. Aunque, por supuesto, es discutible si los jueces y la fiscalía deberían haber actuado con más celeridad y mayor celo contra los responsable de una autonomía alzada contra la Constitución; y aunque lo es, también, si el Gobierno y el Senado deberían haber aplicado el artículo 155 con anterioridad, no es ya el momento de discutir ni una cosa ni la otra sino de constatar que la ley se ha impuesto rotundamente en España frente a sus disparatados violadores en la mayor provocación que nuestra sistema constitucional ha tenido que enfrentar desde el golpe de Estado que el 23-F de 1981 intentaron algunos miliares.

Por ello mismo, tampoco procede ya mantener vivo el debate de si ha acertado el Tribunal Supremo al condenar por sedición y no por rebelión. ¡Que más quisieran los penados y quienes los apoyan que los demócratas nos dividiésemos ahora en torno a esa cuestión!

Como no podía ser de otro modo, el Tribunal sentenciador constata la existencia de importantes actos de violencia a lo largo de los días de la insurrección secesionista, pero entiende que la producida en Cataluña no permite condenar por rebelión a los principales dirigentes del procés. También, por supuesto, esa interpretación del Tribunal Supremo es discutible, pero lo importante no es eso sino que, al condenar por sedición a los principales inculpados, afirman los magistrados algunas verdades incontrovertibles: que el Código Penal no está de adorno en ningún Estado de derecho, que nadie puede alegar motivos políticos o ideológicos para tratar de evitar que sus prescripciones se le apliquen cuando resulte procedente y, en fin, que la ley es igual para todos, desde el cuñado del jefe del Estado hasta los políticos independentistas, que creían que serlo era una patente de corso para delinquir.

Aunque la finalidad de las sentencias judiciales no es dar ejemplaridad sino sencillamente hacer justicia, hay que esperar que los secesionistas tengan en el futuro muy en cuenta como ha acabado una aventura que ha causado a Cataluña y a España entera un daño inconmensurable: en los tribunales de justicia. Como, sin duda, debe ser.

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