Un ciudadano decide abrir un negocio y, por ejemplo, poner una peluquería. Tiene dos opciones para elegir el lugar. Una, confiar en su instinto y en métodos tradicionales para intentar acertar. Dos, usar los servicios de las grandes compañías de telecomunicaciones para que le digan cuánta gente pasa por delante, de dónde vienen, a dónde van, cuántos años tienen... ¿Cómo? Gracias a los móviles, una fuente inagotable de datos de todo tipo y pelaje que está cambiando la forma en la que se toman decisiones a muchos niveles.
Todo dependerá de la ingeniería de datos: las rutas de los autobuses y de los camiones de la basura, las frecuencias de los trenes y los aviones o el control previo de epidemias.
En este contexto hay que encuadrar una de las polémicas digitales de la semana: la decisión del INE de hacer un seguimiento de los móviles de los ciudadanos durante ocho días en los próximos meses, previo pago de medio millón. El instituto público pasa de la estadística a la información masiva, (evidentemente anonimizada), para poder observar la realidad de manera directa, sin intermediarios y sin tener que hacer preguntas. Las personas podemos mentir, no ser precisos o no recordar. Los teléfonos no. Lo registran todo. Y cuando les interrogan, cantan la traviata y lo cascan todo. Con nuestro permiso.
