En efecto, de inclinarse el electorado el próximo domingo por una coalición de partidos de derechas para ocupar La Moncloa, los perdedores serían los millones y millones de personas que, materialmente, apenas cuentan con los bienes imprescindibles para ser, efectivamente, ciudadanos, porque la condición de ciudadanos verdaderos va más allá (plus ultra), rebasa el contenido «Formal» de esa tal condición, plasmado exclusivamente sobre papel,
No es que por contraposición con las derechas, los partidos de izquierdas, que formalmente (y con reiteración circular para diferenciarse de sus opuestos) propugnan políticas que ahora se engloban bajo el enredoso y promiscuo epíteto «progresistas», acometan la tarea de implantar decisivamente una sociedad más equilibrada en el ámbito social y económico. Es decir, que las izquierdas no las implantan materialmente, por continuar con la oposición entre «forma» y «materia», tan relevante en la Filosofía Materialista buenista. Y ello porque la alimentación, la vivienda, el salario, a partir de los que uno puede ser ciudadano real (trabajadores, desempleados, pensionistas, dependientes), o las deficiencias crónicas en la sanidad (listas de espera, colapsos en las urgencias…), portan, con los gobiernos de izquierdas, desfiguraciones alarmantes; o para ser rigurosos, escandalosas.
No obstante, sin ser exacta la correspondencia entre los programas «progresistas» de las izquierdas y su aplicación, se constata que las políticas de estas son mucho menos «dañinas» para el pueblo que las de las derechas, que basculan con descaro la acción legislativa hacia la, aproximadamente, cuarta parte que se acomoda en los dos o tres escalones que copan la estructura piramidal de la sociedad, «inmodificada» desde la domesticación del grano, hace unos 13.000 años, y que quedó fijada con solidez en la Edad Media.
Siendo esto diáfano (baste repasar los gobiernos de Aznar y Rajoy), ¿qué nos lleva a sostener que «sería necesario un gobierno de derechas», con el agravante mayúsculo de que esa coalición precisaría de Vox? La respuesta no puede ser otra que la Rebelión Catalana. Como no abandonamos la distinción entre «Forma» y «Materia», Cataluña es, materialmente (no en la «Forma»), una república independiente. Durante más de dos años hemos ido refiriendo en La Voz de Asturias aspectos del régimen totalitario que comenzó en 1980 con Jorge Pujol y que desembocó en la rebelión de septiembre de 2017 y, hoy, se plasma en la guerra de guerrillas y el «estado de sitio» permanente a la que está sometida este región por los golpistas, que, enaltecidos, apuntan ya a la cabeza del que despectivamente denominan Régimen del 78: la Jefatura del Estado, declarado su titular persona non grata (la Corporación de Gerona debió de ser cesada de inmediato) y teniendo que estar en Barcelona custodiado por unos 1.400 agentes, y no obviemos que Felipe VI, políticos, periodistas y «traidores» están amenazados de muerte y sus rostros aparecen en miles de carteles.
Así pues, no vamos a reiterar las estrategias y tácticas diseñadas y ejecutadas conforme a patrones harto sabidos por las experiencias bolcheviques y nacionalsocialistas (en Baleares, con Gobierno del PSOE, los escolares aprenden en los libros de texto que el «comunismo no es tan malo como el fascismo»). La no reiteración nos lleva al meollo: financiados y alentados por todas las instituciones oficiales, con la Generalidad de Torra-Puigdemont como punta de lanza, los miles de radicales que patrullan la comunidad tienen por objetivo asesinar: casi lo consiguen con los policías, desamparados por Torra (previsible) y Sánchez (imprevisible a priori e inmoral).
Los socialistas, menos todavía Podemos y sus confluencias, caso de Ada Colau (Vladimir Nabokov entraría en shock de saber que su Ada, la protagonista de «Ada o el ardor», a la que dotó de honradez desde la niñez, fue el nombre escogido para un ejemplar de tamaña sordidez), aparte de inhibirse (las «embajadas» de la Generalidad, cerradas por Rajoy, se han reabierto y se están expandiendo a buen ritmo; la educación, los mass media, los Mozos de Escuadra…, sin ser intervenidos), colaboran (los socialistas) con el que debemos de tildar, sin sospecha de equívoco, Régimen de Terror: en ayuntamientos y Diputación de Barcelona (el año pasado desvió 2.200.000 euros destinados a paliar la pobreza infantil para «alimentar» la xenofobia contra las «hienas» españolas). Una colaboración que traspasa las «fronteras» y llega al País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares y Valencia (los hermanos del presidente Simón Puig, Francisco y Jorge, están siendo investigados como organizadores de una trama de empresas de la familia Puig que, además de emitir por duplicado las mismas facturas para cobrar de las Generalidades de Valencia y Cataluña, introducía en los centros educativos valencianos libros de textos «catalanizados», con el permiso y el alborozo de Vicente Marzá, consejero de Educación, de Compromiso, que no rinde cuentas al presidente socialista de la comunidad; este valenchale es un calco de Elisenda Paluzie, la presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que aplaudió la «hogueras» de Barcelona para «hacer visible el conflicto» en el globo terráqueo).
En el debate de los cinco candidatos a presidente del lunes pasado, Pedro Sánchez se comprometió a implantar unas medidas para redirigir la situación en Cataluña, pero esas medidas, por su flacidez, serían aplicables en Asturias o en Murcia, no en una autonomía aplastada por botas nazis. La impostura de Sánchez alcanzó la cima de las cimas cuando redujo el cartesiano independentismo insaciable a un problema de «convivencia».
Pero en ese debate televisado se coronó otra cima de cimas. El alpinista fue esta vez Pablo Iglesias al sostener (y téngase muy presente que fue profesor en una facultad de Ciencias Políticas) que España está compuesta por una «pluralidad de naciones», que es la versión socialista de «Nación de naciones». Iglesias, tras llamar ignorantes a quienes niegan esta pluralidad, tal vez pretendiendo impartir una clase magistral (en la Universidad, las clases magistrales son ya un oxímoron), adujo que Suiza es una confederación y citó también otros países federados. Pues bien, nos vemos obligados nosotros a darle a este «erudito» politólogo una clase no magistral, sino elemental. Aunque Suiza se autodenomine Confederación Suiza (Helvética), aunque Alemania se presente como República Federal Alemana, aunque EEUU pretenda decirse estados unidos, esto es tan imposible como tratar de freír nieve (Bueno dixit), por cuanto un Estado lo es en virtud de su soberanía, y ni los cantones suizos, ni los lander alemanes, ni los estados norteamericanos son soberanos.
(Hemos de hacer una acotación. La confederación, que no el federalismo, es viable si los parlamentos de los estados que van a asociarse así lo aprueban, pero a condición de salir de la unión en cualquier momento, que no es el caso suizo, porque las 26 partes que componen el país no son estados sino cantones, y su Constitución prohíbe, como la española, la autodeterminación, que, asimismo como en España, para que pueda realizarse, tendría primero que modificarse la Carta Magna y ser sometida esta modificación a referéndum de todos los ciudadanos suizos, no solo los del cantón que pretende independizarse; en 1978 el cantón del Jura pidió separarse del de Berna, y tras una votación de todo el electorado helvético, pasó a ser el cantón número 26; Suiza ni es federal ni es confederal, pese a rotularse con este último adjetivo).
La Idea de Nación política implica, necesariamente, la condición de soberanía (Portugal, España, Francia, etcétera, cada uno con un único presidente o monarca), por la que reúne en sí todos los poderes constitucionales, sin perjuicio de que haga cesión de algunas de sus competencias administrativas a las regiones o departamentos integrados. Negamos rotundamente pues, desde la atalaya constitucional y del derecho internacional, que los cantones suizos, los lander alemanes y los estados de EEUU sean naciones: no son soberanas, dependen de un poder superior y único. Del mismo modo que uno puede equiparar la belleza con la juventud, puede hacer lo propio con una nación y una autonomía, pero en ambos casos, o es un alucinado, o es un cretino, o es un populista, o es un indocto con el agravante de que se piensa docto (Iglesias).
Por tanto, un gobierno de izquierdas alimentaría la sublevación sine die y exponencialmente. Esta sublevación, armada (las armas no se circunscriben a balas y bombas; unos tres kilómetros de adoquines de aceras fueron lanzados contra las Fuerzas de Seguridad del Estado), no se combate con apelaciones al diálogo (los sediciosos son eso, sediciosos) ni con rehuir la aplicación de la ley, y la fuerza si la ley es vulnerada. Porque el nacionalismo, que es por naturaleza racista, ha ido copando todos los ámbitos sociales catalanes. Hay unos 400.000 funcionarios en la Generalidad dispuestos a no perder sus prebendas (sueldos medios cercanos a los 50.000 euros anuales, en torno a un 42% más que los de los trabajadores no públicos), de los que cada vez más lo son a través de oposiciones con tribunales escogidos para otorgar las plazas a los «patriotas», un patriotismo que es el salvoconducto para trabajar como personal laboral. Y a esta masa compacta y «en marcha», hay que sumar las subvenciones sin límite a administraciones paralelas y a sociedades «cívicas» como Ómnium, la ANC, las brigadas de guardianes de la lengua «propia» en la enseñanza (hasta se imparten clases de castellano en catalán) y miríadas más. Es imposible saber cuántos miles de millones han invertido desde 1980 para «colonizar» esta región. Pero es seguro que la cifra sitúa a este Régimen de Terror en el primer puesto de la corrupción en la Historia de la Unión Europea. Es por esto que Cataluña ha devenido en un prostíbulo de 32.000 kilómetros cuadrados en el que, a cambio de dineros contantes y sonantes, entregan encantados cuerpos y almas (mentes).
Con lo antedicho, de una enormidad mefistofélica, a la que las izquierdas responden con incumplimientos flagrantes de la Constitución, concluimos con desazón que un Gobierno de derechas está en disposición, decidido, a ir minando esta dictadura que, como cualquier otra, es sórdida y antidemocrática. Justamente por ampararnos, ni más ni menos, en la democracia, desde nuestras posiciones de una izquierda decente, o sea, no populista y solidaria, estamos obligados a plantear esta opción no «progresista», a poder ser solo durante una legislatura. Porque forzados a elegir en primera instancia entre el combate por la democracia o el combate por la economía, nos aferramos antes a Clístenes que a Keynes, al que no obstante tendremos siempre a la vista (gasto público, creación de empleo y dignificación de las vidas de las víctimas del Capital), pero solo cuando Clístenes termine la tarea de limpiar de tiranos la «res publica».