Aunque los incendios de Australia a algunos les queden tan lejos como, precisamente, las propias antípodas, realmente lo que está ardiendo es nuestra propia casa. Cuando, en cualquier parte del planeta, una serie de incendios devastadores acaban con más de 10 millones de hectáreas (por no hablar de los 28 muertos y 240.000 evacuados), el impacto trasciende, evidentemente, cualquier frontera nacional y afecta al conjunto de la humanidad. Para apreciar de manera sencilla lo que está en juego, basta observar las imágenes que la NASA ha divulgado sobre la formación de pirocumulonimbos que recorren el globo y las tormentas de ceniza a miles de kilómetros de los focos del fuego, a resultas de la humareda. Siendo la memoria humana frágil, ya casi nos habíamos olvidado de los incendios pavorosos en la Amazonía de este pasado verano. Y contemplamos como, año tras año, el fuego se ceba con mayor virulencia en regiones y países castigados, ya sea California, Portugal o, con mucha menos difusión mediática, Siberia o Tailandia, convirtiéndose en una nueva cotidianeidad, asumida cada vez con mayor insensibilidad (aunque nos afecte indefectiblemente, dada, la magnitud de la destrucción).
Las voces de alarma que nos llegan con insistencia desde la comunidad científica y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, y las múltiples manifestaciones del problema y su incidencia global, aún no han impactado suficientemente, sin embargo, en nuestra conciencia y en nuestras decisiones personales. No han hecho mella todavía en nuestras prioridades vitales, en el nivel que deberían, las sequías y fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, el deshielo del Ártico, la retirada y desaparición de glaciares, la desertificación, el ritmo de extinción de especies, la amenaza sobre la costa que comporta la subida del nivel del mar o el deterioro de la salud ambiental. Tampoco han alcanzado, ni mucho menos, la prioridad política necesaria en las agendas de gobiernos y centros de poder. La posición refractaria a la asunción de compromisos firmes por las autoridades de los países con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, o la de aquellos que albergan en su territorio los principales activos medioambientales globales (los casos de los negacionistas Trump y Bolsonaro son paradigmáticos), son fiel reflejo de la irresponsabilidad; con aval de una parte significativa del electorado, por cierto.
El caso es que el carácter global de determinados bienes comunes requeriría un tratamiento legal, diplomático, económico y político distinto por la comunidad internacional. A la existencia innegable de bienes comunes compartidos por toda la humanidad, de indudable incidencia medioambiental, como los océanos, la atmósfera o la Antártida, se suma la proyección global que la protección medioambiental y la lucha contra la crisis climática han adquirido, conformando el contorno de unos bienes intangibles que trascienden fronteras y ocupan a todos los que integramos el género humano. En efecto, de poco servirán los relevantes esfuerzos que, al menos, se anuncian por algunos países, como aquellos que integran la Unión Europea (veremos en qué medida somos coherentes con las pretensiones esgrimidas), si otros muchos, empezando las potencias globales y los países más poderosos, no se sienten interpelados ni contraen obligaciones internacionales ambiciosas, tanto en materia de lucha contra el cambio climático como en estándares de protección medioambiental.
Cuando los países con intereses directos en el Ártico se vuelcan en reclamar las riquezas del subsuelo o en abrir rutas comerciales favorecidas por el deshielo, en lugar de luchar contra las causas de este desequilibrio climático; cuando se reclama el derecho a extraer recursos y reducir espacios naturales privando a la humanidad de las reservas verdes más preciadas (en lugar de, por ejemplo, reclamar compensaciones para aplicar una política conservacionista); cuando se supedita la seguridad ambiental, la limpieza del aire, los ríos y los océanos, a la explotación sin tasa en aras de un paradigma de crecimiento infinito e insostenible, lo que se ventila no es sólo un concreto interés nacional o de la población más cercana en el territorio, sino el propio interés de la comunidad internacional y la sociedad global. Es necesario modular concepciones hasta hace poco santificadas (incluyendo el supuesto carácter ilimitado en origen de la soberanía nacional) cuando sobre ellas lo que se construye es una gestión destructiva de los bienes comunes globales o de intereses críticos que conciernen al conjunto de la humanidad, porque contener la crisis medioambiental y climática es cuestión de mera supervivencia.