Crónica de un despropósito


La respuesta a la pregunta de si es el momento de rebajar el sueldo a los funcionarios públicos puede ser contestada de dos maneras: una breve y una larga. Comenzando por la primera (y para ahorrar tiempo a quien no precise más explicaciones) anticipo un claro y rotundo no. De este modo queda clara mi postura basada en una serie de justificaciones. Forman estas parte de la segunda respuesta que, para quien continúe leyendo, servirán para contextualizar mi negación tan rotunda. 

Uno de los baluartes y sustentos del shock económico pandémico ha sido el sector público y su clara y decidida apuesta por las políticas expansivas y de protección. Nadie duda de que, sin las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, nos encontraríamos en una situación muy diferente y decididamente más comprometida. Sirva de ejemplo la crisis financiera de la década pasada donde la respuesta de ajustes y recortes formó parte del problema y no de la solución.

En consecuencia, si las políticas expansivas han sido la mejor respuesta (o la menos mala) y estamos aún en situación de recesión, resulta fácil intuir que no es momento de aplicar políticas anticíclicas que apunten en la dirección contraria. Tampoco desde Bruselas se ha recibido esta indicación concreta y lo único que existen son intuiciones o previsiones de que las políticas expansivas no pueden continuar sine die.

Llegará, por tanto, un momento en que el gasto tenga que retornar a niveles previos a la crisis, lo que debería estar acompañado de un incremento de los ingresos para revertir el aumento de la deuda pública. Cuando esto ocurra, la actuación deberá ser mucho más global que centrarse exclusivamente en el sueldo de los funcionarios, aunque solo sea por el hecho de que en este colectivo se encuentran muchos sectores protagonistas de los períodos más duros del confinamiento. Dicho claramente: ¿se entendería una disminución del salario a sanitarios o fuerzas de seguridad?

Además, sería el momento ideal (probablemente no haya otro) para realizar un replanteamiento de muchos ámbitos de la función pública que llevan tiempo sin revisión. La sociedad actual es muy diferente a la de hace décadas y sus puestos de trabajo (y, por tanto, sus salarios) deberían estar acordes a esta nueva realidad. Cualquier actuación que se haga sin contemplar esta circunstancia sin venir acompañada por otro conjunto de medidas de mucho mayor calado constituye, sencillamente, un despropósito.

Por Patricio Sánchez Subdirector del Foro Económico de Galicia y profesor de economía de la Universidad de Vigo
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