Okupas y antiocupas (y II)

OPINIÓN

21 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

En el primer artículo traté de reflejar las aristas del debate y pasar a través del ruido que hoy impregna la mayoría de los debates en los medios de comunicación. Objetivamente la okupación ha aumentado un 5% con respecto a 2019 pero, sin embargo, las noticias se han disparado y también la alarma social de forma injustificada. En los últimos días, un diario asturiano publicaba un reportaje detallado de la situación en la zona oeste de Gijón, que nos ayuda a situar el problema en Asturias, alejado de la situación de Baleares o el País Valenciano, donde puede haber elementos de crimen organizado que añadan nuevas casuísticas. 

Los casos de la zona oeste de Gijón nos hablan de infraviviendas, de personas que habitan en naves industriales o en casas en ruinas, donde la policía ni siquiera encuentra a los dueños para que presenten una denuncia. Por tanto, uniendo lo que decía en el primer artículo y esta situación de personas que viven en infraviviendas, digamos que el problema que se ha venido a llamar de ocupación es en realidad un problema de vivienda que se manifiesta de dos formas, ya sea  en personas que son inquilinas y dejan de pagar el alquiler, o en forma de ocupación de viviendas abandonadas que son en realidad infraviviendas. También en los grupos de personas organizadas que ocupan edificios vacíos en las ciudades que pertenecen normalmente a grandes corporaciones. Pero en los tres casos nos encontramos con personas que necesitan una vivienda y con personas, vecindario o propietarias, que se ven perjudicadas de una forma u otra por la situación.

Ante esto, la posición política tiene que ser romper la polarización y ofrecer una perspectiva basada en datos contrastados. Necesitamos propuestas que den soluciones a todas las partes y  tener presente que en nuestro país tenemos un problema real de acceso a la vivienda. Se trata de un derecho básico y universal y no podemos negar que hay un sector de la población que se está quedando fuera. Además, no es un problema de ahora, lleva mucho tiempo tiempo ahí sin que se le de la solución  adecuada.  También hay que reconocer que en muchos casos la mal llamada ocupación se produce cuando un inquilino deja de pagar. Muchas de las personas que alquilan sus casas tienen a vez una economía precaria y constituyen una población vulnerable que depende de esas rentas ante las limitaciones del mercado laboral. 

La  propuesta viable pasa por  la implicación de las administraciones públicas en el mercado de alquiler. Son muchos los instrumentos que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen para sacar viviendas ociosas al mercado y para reducir la conflictividad relacionada con los alquileres. 

En primer lugar, una aplicación rigurosa y exigente de las ordenanzas de higiene y ornato público que obliguen a la propiedad a tener los inmuebles en condiciones de salubridad y atención o, en su caso, permitan la intervención municipal. Aunque corresponde al estado, no podemos olvidar la fiscalidad, bien a través del impuesto de bienes inmuebles (IBI) o del de la Renta (IRPF) que penalice la tenencia de viviendas vacías. Como sociedad queremos que las viviendas y locales comerciales estén en uso, bien por sus propietarios o en régimen de alquiler, por lo que no resulta admisible que constituyan  una bolsa de inversión que esté parada y deteriorándose durante décadas.

Además los gobiernos municipales o el autonómico en coordinación con ellos, cuando sean pequeños, deben ser agentes activos en el mercado del alquiler. De dos formas, siendo intermediarios y árbitros en los conflictos entre inquilino y propiedad y disponiendo de una bolsa suficiente de viviendas en alquiler regulado.

Esa bolsa puede conseguirse mediante la compra de viviendas o el alquiler de las mismas. Es decir, un propietario que no quiera asumir la gestión del alquiler de su vivienda la alquila al ayuntamiento, que a su vez la alquilará a una renta tasada a las familias que lo soliciten. El inquilino y el propietario no llegan a conocerse. Ni el inquilino se verá sometido a un desahucio, ya que el ayuntamiento lo reubicará si fuera necesario, ni el propietario a un impago, pues será el ayuntamiento quien pague el alquiler.

Mejor que discutir sobre si existe o no existe la ocupación, deberíamos preocuparnos de solucionar el problema de la vivienda. Un problema grave que irá a más, a medida que la crisis económica causada por el coronavirus se haga más grave.