Aunque para muchos ciudadanos, en nuestra ensimismada España, la historia del Sahara Occidental pertenece a las brumas de un pasado que consideran lejano y ajeno, lo cierto es que, como muchas de las heridas abiertas del tiempo, es inevitable que vuelva una y otra vez a repicar en nuestras puertas y nuestras conciencias. Entre otras cosas, porque la historia de España y la del Sahara quedaron inevitablemente entrelazadas por el proceso colonizador del siglo XX y, como sucede en estos casos (y como ha pasado con otros países europeos y sus antiguas posesiones en África), ese vínculo, a menudo doloroso e incómodo, marca de un modo u otro a los dos países. En el caso de España, su radical fracaso como potencia colonial en el Noroeste africano, rematado con el abandono vergonzante del territorio, dejando inconcluso el proceso de descolonización al que legítimamente aspiraba el sufrido pueblo saharaui, convierte ese recuerdo en el espejo de nuestra lastimosa mediocridad en la escena internacional, incapaz siquiera de reconocer el daño causado, no digamos ya de repararlo.
Precisamente el pasado 14 de noviembre se conmemoraba el 45º aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en los que, en total desprecio a la legalidad internacional, España entregó la administración de facto del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. La violenta ocupación del territorio por ambos vecinos, y a partir de 1979 sólo por Marruecos, y la guerra consiguiente hasta el alto el fuego de 1991, depararon miles de víctimas, el expolio de bienes y derechos a la población autóctona, el desplazamiento en masa de una parte de ella, que ha pasado a vivir por generaciones en el refugio de los campamentos de Tindouf (Argelia) o repartidos en la diáspora. Décadas de discriminación y represión episódica a la población saharaui en los territorios ocupados, un país dividido por un muro de 2.700 kilómetros y millones de minas enterradas por las fuerzas ocupantes. Las ambiciones expansionistas de Marruecos, el juego de rivalidades en el Magreb, los movimientos de piezas en el tablero global, el aprovechamiento de los recursos naturales del Sahara, todo eso se encuentra detrás de esta triste historia. Pero la causa última, no lo olvidemos, reside en la decisión de España de abandonar el Sahara sin dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, expresadas reiteradamente por Naciones Unidas desde la Resolución 1514 de la Asamblea General, siendo considerado el Sahara Occidental, desde 1963, uno de los territorios no autónomos aún pendientes de descolonización.
Habitualmente se esgrime, como pretendido atenuante, que España pocas opciones tenía en el contexto de 1975, con el régimen en estertores parejos a los del propio Franco y bajo la amenaza de un enfrentamiento bélico con Marruecos, con la Marcha Verde lanzada hacia el Sur. Ciertamente, podemos elucubrar algunas hipótesis plausibles (y no todas con final dramático o sangriento) si se hubiera sido fiel a los compromisos adquiridos con la población saharaui, muchos de cuyos miembros, por cierto, portaban entonces un DNI español, pues desde 1961 se le había otorgado estatus de provincia al territorio para tratar de eludir la descolonización. Pasadas las décadas, entrado en vía muerta el Plan de Arreglo y truncadas las esperanzas de una salida definitiva del litigio conforme a lo dispuesto en la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 29 de abril de 1991 (que preveía un referéndum, nunca celebrado por el bloqueo de Marruecos), la España democrática y supuestamente reafirmada en sus valores y su voluntad de constituirse como actor internacional relevante, tenía una nueva oportunidad para intentar poner fin a este desgarro. En efecto, en los últimos años, cuando menos desde el fracaso del último intento ambicioso de la comunidad internacional para alcanzar una solución a la controversia (el Plan Baker II, de 2003, aceptado por el Frente Polisario aunque contemplaba un periodo transitorio de autonomía de cinco años, previo al referéndum), tocaba activar enérgicamente la maquinaria diplomática para que Marruecos, a favor de cuyos intereses cuenta el transcurso del tiempo, descartase su política de radical colonización y de hechos consumados, y se encontrase una alternativa que impidiese la perpetuación de un conflicto latente. España, en este periodo reciente, sin embargo, ha transitado acríticamente hacia su segundo abandono de responsabilidades, puesto que ni ha cobrado el protagonismo que su estatus de antiguo administrador del Sahara le confería ni ha restañado el daño provocado a la población saharaui (a la que ni siquiera concede la protección de la nacionalidad española ni las indemnizaciones por los perjuicios derivados del abandono de 1975) ni ha querido jugar un papel mínimamente activo para llevar a la práctica la consabida intención de «avanzar hacia una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable según los parámetros que establecen de forma reiterada las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», que se repite como un mantra vacío porque no se acompaña de la presión requerida para que Marruecos acceda a la efectiva negociación.
La reactivación de hostilidades en los últimos días, con la violación del alto el fuego que representa la intervención marroquí en la zona desmilitarizada de Guerguerat, fronteriza con Mauritania, y las escaramuzas que desde entonces se han producido, no deben minusvalorarse. Ya hemos visto como otros conflictos perennes reemergen periódicamente con intensidad, dejando un rastro de dolor evitable y desencadenando repercusiones difíciles de prever y controlar. Y la disputa sobre el Sahara Occidental tiene un potencial disruptor mucho mayor del que (a fuerza de formar parte del paisaje de conflictos olvidados), se estima, puesto que envenena las relaciones regionales y acrecienta la inseguridad en una zona (el desierto del Sahara y el Sahel) donde los Estados prácticamente han perdido el control a manos de todo tipo de actores (incluyendo los grupos armados islamistas y la criminalidad organizada), y tampoco Marruecos se libra de estos riesgos. A la seguridad europea, al control de los flujos migratorios, a la estabilidad y desarrollo de la orilla Sur del Mediterráneo y, desde luego, a la preservación de la legalidad internacional y de la justicia más elemental para los saharauis, interesa la consecución de un desenlace pacífico que materialice de una vez por todas el derecho a la libre determinación de este pueblo mártir.
Las autoridades españoles pueden saldar una parte de la deuda histórica adquirida con el pueblo saharaui si, en lugar de la indiferencia o el gregarismo, revierten el segundo abandono y patrocinan, cuando más se necesita, una reacción diplomática que evite la escalada militar, promueva el retorno inmediato al diálogo entre las partes y despierte a la comunidad de naciones del letargo para restaurar la legalidad internacional y la paz en el Sahara Occidental. Lo contrario, además de una ignominia, sería una torpeza.