En el lejano 19 de noviembre de 1985, el filósofo barcelonés Miguel Morey escribió en La Vanguardia un artículo Sobre la actualidad de Nietzsche, en el que después de reflexionar sobre el sentido, los valores y el imprescindible volver a pensar, concluye con la siguiente frase de Witt genstein, dirigida a N. Malcolm, filósofo matemático, en noviembre de 1944: «NO SE PUEDE PENSAR DECENTEMENTE SI UNO NO SE QUIERE HACER DAÑO A SÍ MISMO». Y eso mismo, pensamiento no cobarde, es el mensaje último de aquel filósofo contra las mentiras, muerto loco y manipulado sin haber sido entendido; y pensamiento no cobarde es el de los escritores sobre Política, en especial, en tiempo de crisis por varias pestes. Escribir ahora ripios es de idiotas.
En anterior artículo Decisiones políticas en tiempos críticos, citamos al italiano Norberto Bobbio que vio en el principio mayoritario la manera de gobernar los estados, base de las decisiones de la política moderna. Mas ese concepto, importante, y susceptible de ser dividido en mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría cualificada, no es absoluto, sino que es limitado, como señalaremos después. Y, ahora, de Bobbio pasemos a otro politólogo, estudioso de las democracias y del concepto político de las mayorías, el francés Pierre Rosanvallon, muy actual por su último libro El siglo del populismo, que no deja de lamentar el deficiente estado y descomposición de las sociedades democráticas. Un populismo, al que pide Rosanvallon tomarlo muy en serio y dejarse de enojos pasajeros.
Antes, en 2008, Rosenvallon publicó el libro La légitimité démocratique en el que señaló que el principio de toma de decisiones públicas por mayoría, supuso una ruptura con el mundo más antiguo, de unanimidades, incluso de minorías que hasta dictaban, a veces, la ley. Un mundo propenso, en la toma de decisiones, a lo unánime y a las relaciones jurídicas muy personalizadas o intuitu personae, tanto en lo público como en lo privado. Había recordado Bobbio, sin embargo, que, según Tucídides, Pericles ya escribió lo siguiente en su famoso epitafio: «Nuestra forma de gobierno se llamada democracia debido a que el gobierno de depende de unos pocos sino de la mayoría».
El gran helenista Francisco Rodríguez Adrados, fallecido recientemente y autor de Historia de la democracia (1997) dijo que Pericles impuso el poder de la mayoría y el respeto de las minorías. Muy interesantes son, no obstante, las reflexiones de Rosenvallon, al principio del libro indicado, sobre El horizonte antiguo de la unanimidad y La invención equívoca de la mayoría. Ni siquiera hoy el Estado de la Ciudad del Vaticano -el único que dice fundamentarse en la divinidad o en lo divino-, para elegir al Jefe de Estado o Papa, acude ya a unanimidades sino a mayorías cualificadas.
El Poder es egoísta: todo lo quiere para sí; es ciego, sordo y se cabrea cuando se le dice no, llenando de blanco la cabeza de los dirigentes. Palabras como legalidad y legitimidad le estorban, aunque ?eso sí- hace ostentación de ellas: de ser legal y de estar legitimado en sus decisiones, y da lo mismo que sea democracia o dictadura. Curiosamente en tiempos escasos de legitimación política, como los actuales, por la mala gestión y/o práctica democrática (según Rosanvallon), la legitimación tiene ahora, en el mundo contemporáneo, una importancia creciente. Se reclama no sólo la legalidad y legitimidad procedimentales sino también sustanciales. Por eso, junto a la descripción de los poderes de las mayorías, se señalan a éstas límites varios, de validez y de eficacia, que son analizados en el Capitulo VIII del Libro de Bobbio Teoría General de la Política (Editorial Trotta, 2003). Y no se puede -escribe y repite Rosanvallon- identificar voto mayoritario con voluntad general o interés general. La Política no sólo son números, un simple 51% superior al 49%.
¿Con las fuerzas políticas que en el Parlamento español, según afirman ellas mismas, «buscan las grietas para hacer más débil al Estado« (catalanes extremos) o «Vamos a Madrid a tumbar definitivamente el Régimen» (vascos extremos) es legítimo aprobar por mayoría -alcanzar así la mayoría-, textos legislativos como los Presupuestos y/o gobernar? ¿Esas mayorías artificiales representan al interés general? ¿La legitimidad es incluso imperfecta o necesitada de ser confortada por otros modos de legitimación democrática? Y si grave es la destrucción de la democracia por la corrupción generalizada, de casi todo y de casi todos, también es grave la justificada queja ciudadana de que algunas decisiones políticas no son legítimas. El poder político podrá ufanarse de que dispone de las mayorías necesarias para seguir gobernando, pero es a precio de desacreditar la democracia, en continua pugna con los autócratas y narcisos.
La necesidad práctica del principio mayoritario es ya esencial a todos los entes colectivos o colegiados de Derecho público o de privado; por eso, es también esencial, por ejemplo, el principio de mayorías en lo mercantil (sociedades de capital), las llamadas sociedades de capital, estando excluida la unanimidad. Y sí que es muy llamativo que sea en el terreno societario (Derecho privado) en el que se contemple la impugnación de los acuerdos sociales por el llamado «abuso de la mayoría» (artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). En la Política hay igualmente un estrepitoso «abuso de las mayorías», pero sin posibilidad de sanción inmediata; hay que esperar mucho: cuatro años.
Buscar concordia entre el principio de mayorías con la voluntad y el interés generales es requisito, según Rosanvallon, para tener «buenos gobiernos», unido a la rectificación de las malas representaciones por culpa de las leyes electorales. Y muy relacionado con ello, es ese asunto lamentable que afecta también al descrédito de la democracia, como forma social y como forma política, consistente en la «interiorización», no democrática, de sumisión y dependencia que padecen personas elegidas para puestos de gran responsabilidad (Poder Judicial y Tribunal Constitucional). Digamos por ahora que si las personas elegidas ya han decidido “entregarse” al Poder enteramente, olvidándose de los ciudadanos, no habrá sistema posible garantizador de independencia, siendo igual la elección por el Ejecutivo que por el Legislativo ?el problema ya no es institucional sino personal-. Todo consecuencia de la tradicional «devotio ibérica» al Poder, tan española de siempre y no sólo visigótica, y de la carencia de una historia democrática. El problema no es quién elige, sino la previa disposición, servil, de los elegidos hacia el Poder.
Por cierto que los ciudadanos tienen derecho a saber a qué se dedican los ex Ministros, una vez que han cesado en el Ministerio respectivo, y en especial los exministros de Justicia. Ello es importante, pues esos últimos personajes suelen ser los principales de negociadores de las listas para el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.