Memoria democrática y memoria anticolonial

Campamento de refugiados en Tinduf, en el Sahara
Campamento de refugiados en Tinduf, en el Sahara

El 15 de septiembre de 2020 se aprobó por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que, tras las fases de consulta y audiencia pública, ya concluidas, y una vez se recaben los informes correspondientes, seguirá probablemente su curso, primero con la remisión del texto, ya como Proyecto de Ley, a las Cortes Generales, y, luego, con la tramitación parlamentaria. El recorrido de esta iniciativa legislativa se promete complicado y polémico, si nos atenemos al precedente de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (la conocida como «Ley de Memoria Histórica»), a la que la norma en preparación sustituirá. En aquel entonces, la discusión sobre el propio concepto de memoria histórica o sobre los límites a la ambición del legislador tenía como contexto un marco político agitado, pero nada que ver con el terreno minado en el que transcurre ahora la vida política en España, en un escenario económico y social mucho más difícil, con la crisis sanitaria poniendo en cuestión los fundamentos de todo y con el ánimo colectivo de convivir en mínimos. El centro-derecha sigue, lamentablemente, sin encontrar necesidad alguna de recuperar y poner en valor la reivindicación de los valores democráticos en la histórica contemporánea, que no son sólo patrimonio de la izquierda, sino sustrato común de todos los demócratas y que tienen raíces más allá de la lucha antifranquista, aun siendo esta capital. No obstante, PP y C’s tendrán la oportunidad, si lo desean, de entrar en el debate, participar en los trabajos parlamentarios y marcar distancias con Vox. Difícilmente lo hará el PP, que probablemente se conformará con una crítica de trazo grueso, aunque sería bienvenida una perspectiva bien distinta que desmintiese esta previsión. De la derecha nacional-populista nada hay que esperar, por cuanto su previsible enmienda a la totalidad tendrá mucho que ver con sus convicciones profundas, bien alejadas del espíritu constitucional y más cercanas a un neofranquismo sociológico poco disimulado.

            El Anteproyecto trata de superar insuficiencias de la normativa precedente en distintos aspectos. Uno de ellos, seguramente el que mayor respaldo puede despertar, es el relativo a la consideración de las víctimas del periodo abierto desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución Española, poniendo la atención no sólo en las personas fallecidas o desparecidas, sino en todas aquellas que experimentaron menoscabo en su libertad, su integridad física, su vida familiar, su dignidad, su patrimonio o su profesión, o se vieron obligadas al exilio, extendiendo la protección de la Ley a sus familias, y no sólo otorgando un reconocimiento general, sino habilitando procedimientos de reparación personal. Así, se contempla, entre otras medidas, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos por los que se cometieron las violaciones contra sus derechos, incluyendo el acceso pleno a la documentación sobre caso obrante en los archivos y registros públicos y privados. De hecho se contempla en el Anteproyecto una ulterior modificación de la Ley 9/1968, sobre Secretos Oficiales, que seguramente debería incorporarse ya a la propia norma sin aguardar a dicha reforma posterior. El Anteproyecto regula y mandata, también, la localización de las personas desaparecidas, tarea que asume la propia Administración y en la que se otorga un papel muy relevante a la Fiscalía en el proceso de búsqueda de las víctimas. Con independencia de valoraciones y orientaciones políticas de cada cual, entra dentro del humanitarismo más esencial y la dignificación de las víctimas permitir que obtengan el reconocimiento debido, que pueda conocerse los pormenores de cada caso y, en el caso de personas desaparecidas, la localización de sus restos y su exhumación, para que sus deudos puedan darles el entierro más acorde a sus convicciones. Algo tan básico que debería ser ampliamente compartido y tendría que suscitar un respaldo que fuese más allá de la mayoría parlamentaria que respalda al Gobierno.

            El Anteproyecto, sin embargo, omite una circunstancia histórica de primer orden, como es nuestra condición de país colonial en el siglo XX, singularmente en lo que es hoy el Sahara Occidental, y la incidencia que tuvo sobre la vida de aquellas personas que padecieron persecución y violencia por reclamar que el pueblo saharaui accediese a su independencia. En efecto, nuestra historia colonial va indisociablemente ligada a nuestra trayectoria en el último siglo, estrechamente vinculada igualmente a la etapa dictatorial desde su génesis y a la resistencia popular frente a ésta, especialmente en las décadas finales del régimen.

El proyecto colonial español en el África Occidental, residual en el contexto del expansionismo europeo surgido de la Conferencia de Berlín de 1885, tuvo singularmente, como uno de sus efectos posteriores, la colonización del Sahara. Ésta, sin embargo, no tuvo verdadera intensidad hasta que, alentada por la explotación de los fosfatos descubiertos en el territorio saharaui, se puso en marcha a partir de los años 50 una verdadera Administración territorial (Decreto de 10 de enero de 1958 que reorganiza el Gobierno General del África Occidental Española), la consolidación del territorio, el incentivo al asentamiento sedentario de la población local y, tratando de contrarrestar la corriente internacional descolonizadora, la aprobación de la Ley 8/1961, sobre Organización y Régimen Jurídico de la Provincia del Sahara. Como destaca el profesor de Derecho Internacional Público Juan Soroeta, el régimen franquista siguió el camino inverso de la historia, puesto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ya había aprobado el 14 de diciembre de 1960 la Resolución 1514 (XV) sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El proceso descolonizador avanzaba firmemente en el mundo hacia la efectividad del principio de libre determinación de los pueblos consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y, sin embargo, la dictadura española se negó a afrontar esta irremediable realidad hasta sus estertores, dejando, como es sabido, el proceso inconcluso (el Sahara Occidental sigue siendo hoy un territorio no autónomo pendiente de descolonización). España abandonó sus responsabilidades hacia el pueblo saharaui y el territorio fue, simplemente, abandonado a la ocupación de Marruecos y Mauritania, a raíz de los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Situación que, en la mayor parte del territorio saharaui, prosigue hoy, con Marruecos ya en solitario (aunque con la evidente complicidad de la mayoría de las potencias occidentales) ejerciendo implacable y violentamente el papel de potencia ocupante, protagonizando una colonización de facto contraria de todo punto a la legalidad internacional.

Entre los compases iniciales de esta triste historia de irresponsabilidad de nuestro país hacia el Sahara se encuentra, y esto es menos sabido, la respuesta represiva de la dictadura franquista frente a los movimientos de resistencia saharaui, que nacieron, además, con una vocación netamente pactista y con voluntad de mantener los vínculos históricos con España, esperanza frustrada por la cruel respuesta del régimen: balas, tortura y desaparición forzada. Así ocurrió con la feroz represión hacia la Organización Avanzada para la Liberación del Sahara (OALS), antecedente del Frente Polisario, en los sucesos de Zemla (El Aaiún), en los que se sofocó a sangre y fuego la primera manifestación de los saharauis para pedir decidir su propio destino, el 17 de junio de 1970. Episodio culminado dramáticamente con la desaparición bajo custodia de su líder, Mohamed Sidi Brahim Basir, conocido como Basiri. A su vez, la lucha contra el Frente Polisario a partir de 1973 y hasta el abandono del territorio también tuvo etapas de ejercicio violento de la fuerza por España, contrarios al derecho internacional humanitario aplicable a las situaciones de conflicto. Estas realidades, sin embargo, han sido deliberadamente desconocidas por el legislador español, que no ha querido abordar hasta la fecha la reparación del daño que la represión a los movimientos representativos del pueblo saharaui, primero, y el abandono de responsabilidades en el territorio sin culminar la colonización, después, han causado a miles de saharauis despojados de su territorio, sus bienes, sus trabajos o su propia libertad y su vida, a raíz de la guerra posterior a dicho abandono (1975-1991, ahora retomada con la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020). Ni siquiera en términos de reconocimiento del derecho a la nacionalidad española los saharauis han obtenido del legislador un estatus que sea acorde a la asunción de la huella del pasado vínculo con la metrópoli y al fracaso de la empresa colonial y, no digamos ya, de la fallida descolonización. Cuando el resto de las antiguas potenciales europeas han comenzado, en los últimos años, a realizar una revisión crítica y con ánimo reparador de su periplo colonial (hasta Macron reconoció en Argelia como «barbarie» y «crimen contra la humanidad» la colonización), España sigue tomando un camino distinto, en este caso el del olvido, pretendiendo que aquello no fue lo suficiente importante o traumático como para volver los ojos sobre ello. Para el pueblo saharaui, vaya si lo fue y, a la vista de la prolongación del conflicto, lo sigue siendo.

            Una interpretación suficientemente amplia e integradora de la futura Ley de Memoria Democrática posiblemente abrirá algunas puertas para que las víctimas saharauis del periodo 1970-1975, o sus familias y amigos, intenten acceder, al menos, al conocimiento de la verdad de lo sucedido, lo que hasta ahora se les ha negado en casos particularmente graves como el de Basiri, pese a los indicios sólidos que apuntan a una ejecución extrajudicial decidida, tolerada o encubierta desde las instancias de la entonces metrópoli. No es un abordaje suficiente ni justo para una realidad histórica, que, como casi todo lo concerniente a la colonización europea, es incómoda y dolorosa, y que también forma parte de nuestra memoria democrática. Porque no hay «reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales», como recoge el artículo 1 del Anteproyecto, ni se honran los principios de «verdad, justicia, reparación», «defensa de los derechos humanos» y «cultura de paz» que se invocan en el texto, sin mirar de frente también a nuestro pasado colonial reciente y sus estragos, restituyendo en lo posible a sus víctimas, singularmente al pueblo saharaui, que ha padecido por largo tiempo y aún sufre las consecuencias de nuestra desgraciada aventura imperial africana. El Gobierno y las Cortes Generales pueden enmendar esta carencia en el inminente Proyecto de Ley de Memoria Democrática o en el proyecto legislativo que corresponda, sin olvidar, desde luego, la responsabilidad de España como actor internacional en la resolución del conflicto, del que aún mana sangre saharaui.

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