La nuestra es una civilización globalizada y muy interdependiente, todo se está digitalizando e interconectando y, sin embargo, hay cuestiones en las que la soberanía sigue siendo un concepto pleno de contenido esencial.
Desde hace tiempo, la posición de España en Europa está entre confinada en la ausencia del desarrollo tecnológico y acomodada en una inercia asumida de sector servicios y paraíso turístico basado en la competencia en bajos salarios y productividad. El escenario productivo y laboral muestra un mapa abigarrado de chiringuitos de sol y playa y dominado, por tanto, por contratos precarios, mientras el sector industrial sufre una reconversión permanente sin alternativas.
Esto coincide con un momento en que estamos pendientes del desenlace de los fondos europeos de recuperación y resiliencia Next Generation, porque pensamos que pueden ser fundamentales para catalizar el cambio que necesita nuestra economía. Pueden ser dinamizadores de lo que se ha llamado la transición digital y verde del tejido industrial existente, aunque sigue pendiente un plan industrial para el futuro. Y querríamos pensar que esto no es una terminología que va a consistir en la simple sustitución de los empleos por máquinas. Para ello, tanto la política industrial, la investigación y el modelo social deben avanzar conjuntamente.
El tema es muy importante. Haciendo las cuentas, la UE (y no digamos España) no ha cumplido sus objetivos en política industrial y ahora sale además mal parada en aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, por supuesto con los Estados Unidos, pero no solo, sino que tal como ha desvelado la pandemia, también con respecto a China y otros países del sudeste asiático. De hecho, la UE sufre en este terreno un eclipse crónico provocado por las dos superpotencias.
Las relaciones geopolíticas en el aspecto tecnológico con USA también son complicadas (y con intereses contradictorios) y esto no tiene por qué mejorar durante el mandato de Biden. Para los Estados Unidos tienen una gran importancia sus empresas tecnológicas, las famosas GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) al tiempo que para la UE debería ser prioritario someterlas a un estricto control, incluso fiscal. Paralelamente, por si lo anterior no fuese suficiente, China (y Rusia) ganan terreno en suelo europeo en el aspecto comercial.
Como han explicado recientemente Darby y Sewall en Foreign Affairs, desde la Guerra Fría, los Estados Unidos han sido los líderes tecnológicos mundiales, pero en los últimos años esto ha sido puesto en cuestión por China, que la realizado un gran esfuerzo de inversión, no solo en tecnología militar sino también civil, en inteligencia artificial, robótica, microchips, infraestructura 5G, etcétera.
Abajo, unos cuantos peldaños, no es que sea otro mundo; pero parece. En realidad, en España, ni la industria ni la universidad han desbrozado la maleza tecnológica, entre el mercado y la investigación. La industria, ávida de subvenciones, está lejos de haber desarrollado una estructura sólida de I+D+i; y la universidad, porque para ella la ciencia se parece muchas veces a un entramado de ingeniería curricular para rellenar los apartados de las agencias de evaluación. Recordemos aquí que, aunque importante para el avance del conocimiento, una I+D confinada en los laboratorios no sirve de mucho a la prosperidad de un país. Y recordemos también que en el gran tema actual de I+D, la inversión pública ha triplicado con creces a la inversión privada en la investigación de las grandes vacunas. Magnífico ejemplo, por otra parte, de lo que se debe y no se debe hacer si se quiere progresar realmente.
Desde hace tiempo, la precaria política de I+D española es incapaz de resolver problemas ni de aportar valor añadido al modelo económico y productivo del país. Ha llegado la Covid y las primeras señales no han sido buenas: lo que era una buena oportunidad para demostrar la importancia de la investigación ha dejado al aire un modelo que no ha sido capaz de aportar algo significativo hasta ahora en vacunas y tratamientos. Y el problema es que gran parte de los grupos más financiados, el llamado vértice de la pirámide, los que han disfrutado de recursos durante el gravísimo déficit de financiación del sector, no se han sentido demasiado aludidos por su falta de protagonismo en la pandemia.
Durante estos últimos años, de manera muy pronunciada desde la crisis financiera de 2008, la inversión en I+D, tanto pública como privada, ha seguido una tendencia declinante. (Esto forma parte de la mutilación general del sector público). Incluso la poca inversión que hubo ha estado dispersa entre diferentes ámbitos, grupos, agentes y autonomías, cada uno de los cuales persiguiendo sus propios objetivos sin una estrategia de país. En la práctica, los grupos del vértice de la pirámide se han repartido las ayudas, mientras los mejores investigadores, jóvenes en su mayoría, han tenido que buscar acomodo en el extranjero y no ha habido, tampoco, una estrategia definida para favorecer su vuelta.
Con este telón de fondo, este déficit investigador no importaría tanto si no repercutiese en nuestro modelo productivo. De hecho, casi todo el énfasis de nuestra economía está puesto en la industria del turismo y esto promueve un tipo de creación de empleo muy temporal y precario.
Está pendiente la definición de una política industrial propia, integrada en la política industrial europea. Esto es esencial, después de las lecciones de la pandemia en relación con el colapso de la cadena de suministros sanitarios deslocalizada a países como China o la India, en donde se concentran los EPI, los test, las tecnologías, los genéricos y la producción de vacunas.
Pues bien, al tiempo que China invierte de manera prioritaria en I+D, y amenaza la primacía norteamericana, España, a la cola de la UE, se está quedando fuera de la competición por la innovación. Todo esto, desafortunadamente, no se ha considerado prioritario para nuestros gobiernos, que han ignorado la importancia de la investigación. En cuanto a esto, hay que felicitarse porque por primera vez desde la crisis financiera de 2011 el gobierno de coalición haya recuperado el presupuesto para I+D, con un incremento superior al 70% del presupuesto de 2021. Sin embargo, con ser importante el objetivo de equipararnos en esta materia, resulta al menos tan importante cambiar la orientación de la misma tanto en el ámbito universitario como ya hemos escrito, como también en los centros e institutos tecnológicos.
Algo similar ocurre en materia de política industrial, si es que todavía existe. No deberíamos desaprovechar las lecciones de la pandemia para definir unas líneas maestras de política industrial en el marco europeo y para concertarla de forma abierta con sindicatos, patronal, sectores económicos y Comunidades Autónomas. Vamos con retraso, porque hasta ahora solo hemos visto de nuevo la reconversión de sectores por razones ambientales sin que aparezca la tan pregonada transición justa. La oportunidad de los fondos europeos no se debe perder. Porque lo cierto es que si en industrialización e innovación los ministerios de ciencia, de universidades e industria no se sacuden la inercia predominante hasta ahora, la economía del país, nuestro modelo productivo y los ciudadanos lo acabarán pagando caro.
*Gaspar Llamazares Trigo, médico y analista político, y Miguel Souto Bayarri, médico y presidente de la Junta de PDI de la Universidad de Santiago de Compostela.