Las afirmaciones del vicepresidente Iglesias sobre que España es una «democracia limitada» y que debe ejercerse un «control democrático» sobre los medios de comunicación y el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel han abierto un debate que afecta a la esencia de los sistemas políticos modernos y que debería abordarse con rigor, por encima de batallas políticas coyunturales.
Nunca creí que la historia poseyese la cualidad que le atribuyó Cicerón de ser maestra de la vida, pero la del siglo XX fue tan dura profesora que debió haber logrado que arraigase la idea de que esta no podrá ser digna bajo una dictadura. Más que la pervivencia de tiranías sin disimulo, que gobiernan países que nunca poseyeron democracias, como las monarquías absolutas, ya sean de derecho divino o de raíz plebeya y barniz moderno, tal que la norcoreana; pseudocomunistas, como la china; clericales, como Irán; caudillistas o militares lo alarmante es que en este recién nacido siglo XXI crezcan en los sistemas democráticos fuerzas que parecen dispuestas a destruirlos desde sus propias instituciones. El siniestro concepto de la democracia «iliberal» es especialmente peligroso porque solo encubre, renombrado, un viejo camino hacia la dictadura. No puede existir una democracia sin libertad, aunque se vote periódicamente por sufragio universal, ni plena libertad sin democracia, y ninguna de las dos sin separación y equilibrio de poderes.
Todas las libertades son importantes, pero la que más puede garantizar la existencia de una democracia es la de expresión. Se entiende mal que, mientras defiende el derecho a opinar del rapero, el señor Iglesias proponga acabar con la libertad de prensa. Ha estudiado Ciencias Políticas y sabe que no hay camino más directo a la tiranía que la imposición de la verdad por parte de la mayoría. No puede haber un «control democrático» de los medios de comunicación porque la mayoría no tiene derecho a cercenar o condicionar la libertad de quienes son temporalmente minoritarios. Lo que sugiere es lo que, desgraciadamente, está sucediendo ahora mismo en Polonia, en Hungría, en Rusia o en Turquía, lo que amenaza Vox con imponer en España, lo que hubiera deseado hacer Trump en EEUU. Por cierto, se echa mucho de menos la voz de la poderosa Iglesia Católica polaca en defensa de la libertad de prensa o la independencia del poder judicial. Sería excesivo pedirle que amparase el derecho de las mujeres a decidir libremente si quieren ser madres, pero tiene una buena ocasión para demostrar que no es la de poder imponer sus criterios morales a toda la sociedad la única libertad que sostiene.
Nunca ha habido una democracia perfecta, probablemente no llegue a existir. La de EEUU, la primera de la historia y a la que muchos consideran paradigma, ha mostrado que la democracia es compatible con la tiranía, solo cabe recordar a los matrimonios condenados a la clandestinidad porque bárbaras leyes democráticas, dignas del nazismo, impedían que se casasen parejas de «razas» distintas, además de marginar a la población de color en otros muchos aspectos y a los homosexuales o a las mujeres. Sucedía en la segunda mitad del siglo XX, no en épocas lejanas. No es muy conocido que hasta 1968 las mujeres no podían matricularse en la Universidad de Yale, si lo es más que la democracia suiza las privó del derecho a votar hasta los años setenta. Francia era una democracia «plena» cuando masacraba a manifestantes argelinos en las calles de París; hoy, una ministra, que no ha sido cesada, pretende acabar con la libertad de cátedra agitando el espantajo del islamo-izquierdismo. Todo esto sucedió con constituciones y separaciones de poderes. Cualquier garantía es poca, solo la defensa implacable y coherente de la libertad permite evitar la opresión del diferente y aquí no cabe patinar. A la lucha, a veces heroica, de quienes defendieron los derechos civiles, a las feministas, a los disidentes, a los periodistas valientes, debemos que hoy, aunque persistan injusticias y desigualdades, tengamos niveles más razonables de igualdad y libertad.
En el caso de Pablo Hasel las cosas se han enturbiado conscientemente, aunque de por sí es complejo. No debe mezclarse la antipatía que pueda despertar el personaje con la sentencia que lo llevó a la cárcel. En esta se lo condena por tuits en los que no hay ninguna invitación a que el GRAPO cometa atentados terroristas sino frases como estas: «El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo», «¿Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia. ¿Chistes sobre fascistas? Apología al terrorismo». También por una canción en la que rima Borbón con ladrón. Es difícil ver en ellas, han sido publicadas completas por la prensa, apología del terrorismo y puede dudarse si son tales las injurias a la corona, no cabe duda de que quien defrauda a Hacienda está robando al conjunto de la ciudadanía. En cualquier caso, ese delito debería desaparecer y la protección de la libertad de opinión fortalecerse.
Es cierto, de aquí viene la confusión, que en la condena firme anterior, cuya pena había quedado en suspenso por ser la primera, sí se incluían tuits y canciones que ensalzaban el terrorismo; supongo que entre 2014 y 2018 decidió ser más prudente. Nunca debió ser condenado en el segundo proceso.
¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión? No es fácil resolverlo, pero no todo puede ser aceptado, lo prueba el discurso antisemita de una falangista en el acto en honor a la división que envió Franco a luchar al lado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, debe ser lo más amplia posible y, como en EEUU, no debería perseguirse a quienes queman banderas o retratos de dirigentes políticos, tampoco a los que los insultan. Evidentemente, esto valdría tanto para quienes quemasen la actual bandera española como para los que hiciesen lo mismo con la tricolor republicana, la estelada, la ikurriña o la gallega, con el retrato del rey y con el de Puigdemont o el de Pablo Echenique. Ahora bien, ¿qué sucede con las invitaciones al asesinato o con el racismo, la xenofobia, la misoginia o la homofobia? Es indudable que son pronunciamientos muy peligrosos, ofensivos, innecesarios en el debate político o intelectual y que fácilmente pueden alimentar la violencia. En cualquier caso, habría que afinar mucho en la ley, hemos visto estos días como alguna lumbrera de la oposición ha llegado a pedir que se prohíba Unidas Podemos por supuesta apología de la violencia. Si la ley de partidos pudiese amparar ese dislate fascistoide, debería ser derogada de inmediato.
No he querido opinar hasta el final sobre un tipo violento, machista, estalinista y sectario, que pretende denigrar a los dirigentes de Podemos llamándolos trotskistas, propone que se le clave, precisamente, un piolet en la cabeza a José Bono o elogia a un grupo turbio y criminal como los GRAPO. Me parece detestable, también algunos medios de comunicación y periodistas, pero no era esa la cuestión.
No puedo extenderme sobre los incidentes callejeros provocados por el encarcelamiento de Hasel. No han sido manifestaciones masivas, no es un mayo del 68, en Barcelona recuerdan más a los de barrios empobrecidos o marginados, con robos y saqueos incluidos. No sé cuál será el grado de identificación de esos jóvenes con las ideas del rapero. Un brillante periodista lo definió como un Toni Negri rústico, ideólogo de la violencia, pero si esas manifestaciones reflejan el malestar con la crisis y las temporales restricciones a la libertad, les recordaría a sus seguidores que en la URSS de Stalin era como si hubiese una Covid permanente y todavía más letal. Tampoco sobra recordarle a Pablo Iglesias que es vicepresidente del gobierno, no Cohn-Bendit en la Sorbona, y que, si su objetivo es ganar algún día las elecciones, quienes limpian las calles, trabajan en la guardia urbana, en el comercio o en la hostelería y tantos otros perjudicados, también tienen derechos y votan.