Puigdemont, primera derrota

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

Benoit Doppagne

10 mar 2021 . Actualizado a las 08:52 h.

El fugado Puigdemont -exiliado para Pablo Iglesias- ha perdido lo que más apreciaba: la inmunidad que le garantizaba su escaño en el Parlamento Europeo. Y la perdió de forma ostentosa: por 400 votos frente a 248 que defendían ese privilegio. Es una victoria para el Estado y la Justicia española, posiblemente la más vistosa por venir de una gran institución europea. Es una rebaja de su mito, que parecía invencible fuera de nuestras fronteras. Y es un golpe al independentismo y a su eficaz propaganda más allá de los Pirineos. Espero que contribuya a abrir los ojos a los ciudadanos que le siguen dando la mayoría absoluta en las elecciones: cuando a un dirigente político se le quita la inmunidad, puede ser juzgado. Y si el Parlamento Europeo es quien adopta esa decisión, ya no es esa Justicia española vilipendiada y acusada de estar manejada por el Gobierno central. O por el rey, al que repudian con carteles de «Catalunya no te rei».

Naturalmente, la decisión parlamentaria no supone que vaya a ser entregado a nuestro país. El escollo final sigue estando donde estuvo siempre, que es la Justicia de Bélgica, país que ha llegado a negarnos la entrega de una etarra que había cometido delitos de sangre. Por ello sería justo que el Tribunal Europeo accediese a lo que solicita el magistrado Llarena: un dictamen prejudicial que determine con claridad cuál es el ámbito de aplicación de la Euroorden entre países que no solo son socios en la Unión, sino que comulgan de los mismos principios jurídicos y democráticos. Ninguna nación debería ser refugio de personas que han cometido delitos tan graves como los de terrorismo o de ruptura de la unidad nacional.

Y un aspecto que probablemente hay que tener en cuenta: el que afecta a los demás procesados y condenados del procés que, casualmente, han visto anulado el tercer grado que les había concedido la administración penitenciaria de Cataluña sin tener en cuenta las normas y condiciones que requiere esa medida de gracia, que no son políticas, sino estrictamente tasadas por el tiempo de cumplimiento de la condena.