Parto de dos premisas. Primera, subir en este momento los impuestos supondría yugular la recuperación antes de que comience. Provocar un aborto de nefastas consecuencias. Estamos todavía en la fase del «gasten, gasten y guarden los recibos», según sabio consejo de la directora del FMI. Gasto público para proteger a los damnificados de la crisis y gasto público para cebar la bomba de la recuperación. Subir impuestos en esta situación significaría echar calderos de agua al combustible.
Segunda certeza: a la vuelta de la esquina, a bien ser cuando las calderas de la economía vuelvan a funcionar a toda presión, nos espera el cobrador del frac. Tendremos que abonar los recibos guardados. Volverán a regir las reglas fiscales, ahora suspendidas, y habrá que aligerar la losa del déficit acumulado. Interrumpir la fiesta del gasto y pasar el cepillo para pagarla. La factura será enorme, aunque una parte de ella indolora: la asumirá el propio crecimiento económico. Cuanto más intensa sea la recuperación, más aumentarán los ingresos. Las empresas que reanuden su actividad volverán a pagar como antes. Los trabajadores rescatados del paro no solo ahorrarán ERTE y subsidios, sino que cotizarán a la Seguridad Social y pagarán el impuesto sobre la renta cada vez que cobren la nómina y el IVA con su cesta de la compra.
Pero otra parte de la factura, mayor cuanto más débil sea la recuperación, solo puede saldarse con un incremento de la presión fiscal. O, eventualmente, con un recorte del gasto. No hay más cera de la que arde. En consecuencia, subirán los impuestos. Sí o sí, y gobierne quien gobierne. Y habrá nuevas figuras tributarias, previsiblemente vinculadas a hechos imponibles de la «nueva economía»: impuestos verdes o relacionados con la digitalización económica.
Si asumimos como inevitable la subida, el debate debe centrarse en cómo se reparten las cargas entre los contribuyentes. Impuesto a impuesto. El Gobierno, que ha encargado a un comité de expertos una propuesta de reforma fiscal, aboga por un sistema que responda a dos principios: que pague más quien más tiene y más contamina. Yo propondría una ligera modificación en el binomio: que pague más quien más gana, no quien tenga más patrimonio improductivo, porque el pazo hidalgo genera más costes que renta. Aparte de ese matiz, relevante si hablamos del impuesto sobre patrimonio, la filosofía redistributiva me parece correcta. Lo sorprendente es que, a las primeras de cambio, el Gobierno muestra su intención de violar sus principios. Con su propuesta de peaje en todas las autovías: el dueño del Porsche, que más tiene y más contamina, pagará lo mismo que el usuario del utilitario. Con el efecto añadido de que este será desplazado, en menoscabo de su seguridad, hacia carreteras secundarias sin peaje. O con la supresión de la bonificación por declaración conjunta, una subida encubierta del impuesto sobre la renta que recae en exclusiva en los hogares menos pudientes. Confiemos en que las dos medidas proyectadas solo sean «errores» subsanables.