La buena muerte: certezas en la incertidumbre
OPINIÓN
La mayoría de personas no saben cómo será el final de su vida. Es imposible saberlo. Sin embargo, muchas tienen claras las situaciones que querrían evitar. Dicho de otro modo, en qué condiciones preferirían morir a seguir viviendo. Pero para cada cual son diferentes esas condiciones: la incapacidad de controlar el sufrimiento, la pérdida de la propia autonomía o el deterioro de la lucidez son algunas de las más habituales.
Hasta ahora, en España no había una respuesta satisfactoria para las personas que reunían alguna de estas circunstancias. Unas, en su desesperación, se quitaron la vida de forma clandestina y violenta, o, si disponían de recursos económicos, se desplazaron a países como Suiza en busca de un suicidio médicamente asistido. Otras, como Ramón Sampedro y María José Carrasco, buscaron la colaboración de sus seres queridos, que arriesgaron su libertad para ayudarles. La mayoría simplemente tuvieron finales espantosos, obligadas a vivir en contra de su voluntad durante meses o años.
La actual ley de eutanasia, la buena muerte, permitirá que algunas personas, en esas circunstancias dramáticas e irreversibles, puedan adelantar su final y así evitar una existencia que consideran inaceptable, contraria a su concepción de vida digna. Se trata siempre de una decisión que sin excepciones ha de ser voluntaria; nadie puede pedir la muerte para otra persona, en ningún caso y por ningún motivo. La experiencia de otros países revela que esa petición de eutanasia libre e individual supone entre el 1 % y el 4 % del total de fallecimientos anuales. En Galicia, estos porcentajes supondrían entre 300 y 1.200 muertes asistidas al año.
Aunque sus detractores insistan en ello, la eutanasia no es una alternativa a los cuidados paliativos, ni ambas son prácticas médicas excluyentes. Las dos conviven con normalidad en Bélgica, Países Bajos y Canadá. Quienes defendemos la eutanasia legal también apoyamos los cuidados paliativos de calidad y universales, lo cual facilitará que las personas enfermas elijan la vía a seguir acorde con sus convicciones de dignidad y calidad de vida. La eutanasia no es una decisión que se tome a la ligera ni es fruto de un arrebato, sino que implica la convicción, a la que se llega en el contexto eutanásico y con la necesaria información diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas, de que sus expectativas vitales están en un punto de no retorno. Esa reflexión conduce a solicitar el adelanto de la muerte, que expresa a la vez conciencia de libertad y autonomía, más confianza en la generosidad del profesional sanitario que comparte con el enfermo su petición de ayuda. Este, movido por la solidaridad con que ejerce la medicina, cumple ahora el deber correlativo que la LORE le impone para que la persona enferma pueda ejercer el derecho a la libertad individual.
Que la eutanasia constituya un nuevo derecho individual no solo beneficiará a las personas enfermas, sustrayéndose al sufrimiento inútil. También contribuirá a hacer más consistente nuestra sociedad democrática: tras este 25 de junio podremos enfrentarnos al sufrimiento final de nuestras vidas con mayor serenidad. Con toda seguridad no podremos sustraernos a la enfermedad, pero, sean cuales sean sus condiciones, en adelante nadie podrá obligarnos a soportar lo insoportable. La eutanasia es la salida de emergencia y la garantía de que podremos mantener el control ante la incertidumbre del final.