Recursos sin argumentos frente a la ley de muerte digna

OPINIÓN

Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente se concentran en la Puerta del Sol a favor de la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso
Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente se concentran en la Puerta del Sol a favor de la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso EFE | Chema Moya

29 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de décadas de casos dramáticos de personas que en situaciones límite reclamaban públicamente el derecho a morir con dignidad sin obtener ninguna respuesta de las instituciones, finalmente las Cortes Generales aprobaron la primera ley de eutanasia. Una de las contadas leyes de eutanasia aprobadas en los últimos años en el contexto europeo, que junto a la incógnita de la portuguesa, se han incorporado a la reducida lista de las existentes desde finales del siglo pasado, como es el caso de la ley holandesa que a fecha de hoy, cuenta con una ya larga experiencia de aplicación y que recientemente se ha confirmado que cuenta ya con el apoyo de casi el 90% de los ciudadanos holandeses. En España, estos casos y su repercusión pública han ido sensibilizando a los sanitarios, los juristas y la opinión pública con relación a la despenalización de la eutanasia. Hasta el punto de que desde finales de los 90 el apoyo social a la regulación de la eutanasia es cada vez más mayoritario. Frente a una respuesta institucional, sin embargo, cuanto menos tímida, que ha ido desde la despenalización parcial de la eutanasia en el código penal al impulso a los cuidados paliativos, entendidos estos erróneamente como una suerte de sucedáneo o sustitutivo de la eutanasia. Cuando en unos se trata de evitar el sufrimiento en el proceso natural del morir y la otra sin embargo de reconocer el derecho humano a decidir activamente morir en determinadas situaciones como «una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento crónico e imposibilitante que suponga una pérdida mayor de la autonomía y que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».

Los casos más recientes como el de María José Carrasco y Maribel Tellaetxe, y el cambio político con el gobierno de coalición de las izquierdas han facilitado las condiciones para la aprobación de la ley que reconoce el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido.

Cuando se cumplen los tres meses previstos para la efectiva aplicación de la ley, y para no perder la costumbre, el PP ha decidido en el último momento recurrir la ley de eutanasia ante el Tribunal Constitucional, coincidiendo con las mismas fechas en que éste había decidido rechazar la paralización de su entrada en vigor solicitada por Vox en su recurso. Los argumentos esgrimidos van desde la alternativa de la ley de cuidados paliativos y la manida pendiente deslizante, la objeción de incidencia de los profesionales sanitarios o el delirante argumento eugenésico, este último agitado paradójicamente por la extrema derecha.