Es de justicia

OPINIÓN

María Pedreda

16 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Hoy estoy citado en el HUCA para recibir mi primera vacuna contra el Covid-19. Estoy muy feliz de vivir en un país que ha antepuesto la salud y la vida de sus compatriotas por encima de cualquier cosa, aunque uno no deja de sorprenderse cuando ve la decisión de seis magistrados del Tribunal Constitucional, que han considerado que el primer confinamiento que se decretó en España fue ilegal. Comparto plenamente lo dicho por la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. Ante la declaración de emergencia que lanzó la OMS el 11 de marzo de 2020, es de justicia decir que había que actuar de manera urgente de acuerdo con nuestro marco jurídico (la ley orgánica 4/1981 del 1 de junio contempla la declaración del estado de alarma para crisis sanitarias, como son las epidemias) y en sintonía con lo que todos los países del mundo (sobre todo los europeos) establecieron de una manera u otra.

Resulta vergonzoso ver a la derecha de este país sacando pecho (y más cuando el voto de todos estos partidos en ese momento fue afirmativo, y sobre todo lo digo por Vox porque fue quien tramitó el recurso). En este nuevo escenario se crean dos cuestiones a solventar. Una, si las sanciones por saltarse las restricciones deben quedar anuladas, y dos, si para futuras ocasiones el Gobierno podrá o no utilizar este mecanismo constitucional o deberá decretar uno todavía más duro como es el estado de excepción. Así que en un momento como el actual, donde los contagios entre los más jóvenes están disparados, en caso de que subiera mucho la presión hospitalaria (porque cabe recordar que el confinamiento se hizo para no colapsar el sistema sanitario) habría que pensar qué vía legal tomar (por ahora y ya centrado en Asturias/Asturies, una de las decisiones que se ha tomado esta semana ha sido el cierre del ocio nocturno).

La crisis económica y social sigue dejando datos preocupantes, tal y como confirmó ayer el INE. La pobreza severa aumentó en 2020 hasta el 7% de la población (en términos absolutos, sobre 3,3 millones de personas), que se ven con serias dificultades para llegar a fin de mes, sin poder afrontar los gastos (tanto habituales como pueda ser el alquiler del piso como imprevistos), y otras situaciones como que no pueden permitirse vacaciones, comprar un coche o disponer de un teléfono móvil. Ojalá que el plan de recuperación, aprobado esta semana de manera definitiva por el ECOFIN, permita revertir las consecuencias negativas de la pandemia y veamos inversiones y reformas que modernicen nuestro país hacia un crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo. En este cometido tendrá un papel determinante todas las administraciones públicas, especialmente el Gobierno de España, al que Pedro Sánchez ha decidido remodelar con importantes cambios (incluyendo su propio gabinete) y es de justicia reconocerle el empeño y el esfuerzo en este tema (España recibirá 69.500 millones en transferencias directas hasta 2026).