Creo que los Juegos Olímpicos que hoy se inauguran en Tokio han sido, sin duda alguna, el evento a nivel mundial desde el inicio de la pandemia que más quebraderos de cabeza ha dado. Ya fue duro para los nipones tener que esperar un año para que ahora tengan dos graves problemas: el primero, que la incidencia del virus en el país está por las nubes (motivo por el cual no podrá haber espectadores y todo deberá verse por televisión), y el segundo que el interés que ha despertado en todo el mundo es muy inferior al de otras ediciones (y para las marcas que gastan mucho dinero en estas cosas no les resulta rentable esa inversión en publicidad). Hasta el último momento se especuló con una posible suspensión porque el virus ha logrado colarse en el propio perímetro donde se alojan los deportivas (la burbuja, que llaman), pero si no hay novedades según pasen estos días, todas las competiciones se harán. Por cuestiones de huso horario tendremos que madrugar para ver a los nuestros, que son 321 deportivas. El objetivo marcado es superar las 17 medallas obtenidas en 2016 en Río de Janeiro. Ayer se estrenó la selección española de fútbol empatando contra Egipto, y quienes se han atrevido a pronosticar nuestras posibilidades creen que España sacará buenos resultados en los deportes de equipo. Toda la suerte y ánimo, porque entiendo que todas y todos los que compiten se preparan con mucho esfuerzo durante bastante tiempo para llegar hasta una olimpiada y, como es lógico, su reto es ganar o si no llegar al puesto más alto posible. ¡Así que suerte y a por todas!
La quinta ola sigue su ascenso en España y, especialmente en Catalunya, ocupa el puesto número uno en contagios, lo que ya ha empezado a incrementar las hospitalizaciones. Todas las autonomías se plantean de una u otra forma aplicar medidas, y particularmente Asturias/Asturies no descarta la vuelta del toque de queda (esto podría afectar, sin duda alguna, a eventos y actos culturales y festivos llegado el caso). Teníamos la referencia de hace un año y, por mucho que nos pareciera que el calor, el verano y la buena marcha de la campaña de vacunación iba a evitar estos datos, lamentablemente no ha sido así. Todavía nuestro país no alcanza por ahora el peor máximo marcado de toda la pandemia (el 27 de enero se marcaron con 899 casos por cada por 100.000 habitantes) y hay que pedirle a quienes tienen entre 20 y 30 años que no tengan miedo a la vacuna, porque lo único que hay que tener es respeto al virus y seguir todas las recomendaciones (lavado de manos, mascarilla, ventilación y separación entre personas).
La ajustada aprobación (por un voto solo) el pasado miércoles en el Congreso para convalidar el decreto de los interinos deja claro que Pedro Sánchez no tendrá para nada allanado el terreno hasta las próximas elecciones (sin duda que su reto más inmediato será aprobar unos presupuestos para 2022, y con el resultado de algunas votaciones sin que haya elecciones a corto plazo denota que al Gobierno no se lo pondrán muy fácil). En las administraciones públicas es urgente que se renueve al personal mediante convocatorias de plazas por oposición libre. Si queremos buenos servicios públicos necesitamos capital humano suficiente, y aunque haya a quien le interese difundir que hay muchos funcionarios (para desprestigiar y denigrar la función pública), la realidad es otra. La solución a la falta de funcionarios no puede ser la de que utilizar a interinos o a quien se acoge a un plan de empleo. Debe ponerse fin a que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado tengan en sus plantillas a personas con las que, creo, se abusa. Su función es y debe ser otra a las tareas que se les encomiendan en algunas ocasiones, sobre todo en trabajos estructurales. En el caso de los interinos, una cuestión es que se necesite a un grupo de gente para cubrir bajas por enfermedad y por vacaciones (cuestión que es entendible y necesaria) y otra que ante la falta de convocatorias acaben asumiendo una vacante que nunca se ha renovado en otra persona. Todo esto ha sido un comportamiento generalizado en la administración y es una anomalía. Desde lo público urge terminar con los errores pasados, porque además la justicia ha sentenciado en multitud de casos que quienes han desarrollado labores estructurales deben ser readmitidos o indemnizados. Defendamos el puesto de funcionario como necesario, como útil, como personas que deben servir a la ciudadanía, y también defendamos hacer las cosas bien y que la obtención de estos puestos sea por el medio más justo, que no es otro que por oposición.