Un grupo de amigos lectores de La Voz ha criticado mis últimos artículos, en los que han percibido un tono negativo. Yo no lo veo así, pero por una vez dejaré de quejarme del cierre de los bancos, la invasión de los turistas o las playas fluviales absurdas y me centraré en las noticias asombrosas que nos ha dejado este verano. Vamos a ello.
Un vecino de una localidad gaditana ha solicitado una indemnización por la muerte de una vaca, cuando huía del acoso sexual de un burro propiedad de la corporación municipal. El propietario de la vaca alega que el asno entró en su terreno persiguiendo a su animal con intenciones deshonestas, y la res, al tratar de escapar del acoso, cayó por un terraplén con consecuencias fatales.
Impactante noticia, sin duda, pero para analizarla hemos de desprendernos de nuestros prejuicios ideológicos, ya que nada importa el color político de la corporación, ni la procedencia de los animales. El hecho, publicado en los medios, es lo suficientemente grave para que afrontemos con la mente abierta la importancia jurídica y política del suceso. Por razones obvias, dejaré al margen las presuntas intenciones deshonestas del pollino.
Para empezar, me pregunto si todas las corporaciones municipales tienen un burro o si nos encontramos ante un caso aislado. La cuestión no es baladí, pues si la contratación de burros está generalizada deberíamos saber en qué capítulo presupuestario se incluyen, a que concejalía están adscritos o si se trata simplemente de asnos de designación directa.
En esta ocasión parece que el burro tenía como función participar en el Nacimiento navideño, disfrutando el resto del año de vacaciones; es verdad que esto ocurre con muchos concejales, pero en este caso se trataría de un burro «fijo discontinuo»; para que lo entiendan, es burro todo el año, pero solo trabaja unos meses.
La segunda cuestión de interés es que el propietario de la difunta vaca exige al concello la responsabilidad civil subsidiaria. Si el burro es del ayuntamiento, disfruta de un prado municipal, etcétera, debe ser este el que se haga cargo del coste de la vaca y de su cremación. En este caso, no está claro con qué fondos se pagará, cuestión que queda en manos de la intervención municipal.
Todo esto les parecerá una burrada, pero es cierto. Es importante que en España dispongamos de un censo de burros y de sus dueños, así como información de a qué se dedican ambos, si trabajan para el ayuntamiento, son autónomos o se ocultan en la economía sumergida. No puede ser que consultemos el portal de transparencia de cualquier concello y no aparezcan los pollinos.
Como ven, en verano no solo se vacían los embalses, hay incendios forestales, etcétera, también hay noticias sorprendentes. Es verdad que la vaca se ha llevado la peor parte, pero, aunque no quiero ponerme negativo, hemos descubierto que hay asnos en la nómina de los ayuntamientos.