Renta Básica al Estatuto

Jose A. Gutiérrez

OPINIÓN

maria pedreda

24 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Bienvenidas a la precariedad. Quizás este debería haber sido el título del último informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) recientemente, El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020. El documento pone sobre la mesa una realidad social y económica desoladora. Asturies sale de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 con un porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social intolerable. Los datos evidencian que el 27,7% de la población está en esta situación, mayoritariamente mujeres. Y que la renta media por unidad de consumo que históricamente siempre se colocaba por encima de la media estatal ya se sitúa por debajo de ella.

Desde la política institucional las causas de esta debacle social se achacarán a la inesperada emergencia sanitaria. Seguirán sin querer recordar que antes de la llegada del virus y desde la anterior crisis económica de 2008, en Asturies ya existían niveles de exclusión social que superaban el 20% de la población. Si usamos la única unidad temporal que parecen entender en el ámbito de la representación política, desde hace tres o cuatro legislaturas existe una tasa de pobreza estructural en torno al 13%, incluyendo personas con empleo. Esta es la consecuencia de haber convertido el mercado laboral en un vertedero de empleo basura en el que la mayor parte de la clase trabajadora se ve obligada a mendigar un contrato laboral con salarios de miseria. Pero también es el reflejo del fracaso estrepitoso de las medidas paliativas desplegadas a lo largo de los últimos años en forma de rentas mínimas como el salario social o el reciente ingreso mínimo vital.

Para cambiar de rumbo podríamos comenzar asumiendo que el fin del capitalismo fosilista está dando lugar a un nuevo modelo en el que los viejos capitales industriales están siendo sustituidos por nuevos actores que actuando a través de grandes grupos de inversión ya no están dispuestos a asumir ningún compromiso social ni a facilitar dinámicas de redistribución de la riqueza generada. Para estas élites la clase empresarial es la auténtica y única generadora de bienestar y toda la riqueza social tiene que estar al servicio de su codicia. Merece la pena clarificar que los empresarios no generan riqueza de manera autónoma e independiente del contexto social en el que desenvuelven su actividad, simplemente aprovechan ciertas condiciones económicas y sociales para desarrollar actividades empresariales rentables que pueden llegar a generar empleo. Y en la construcción de ese contexto participa el conjunto de la sociedad de múltiples maneras. En algunos casos creando formas colectivas de solidaridad que cuidan y sostienen emocionalmente a los sectores sociales más vulnerables, aquellos que dependen del mercado laboral para poder sobrevivir. En otra escala de actuación, a través de la inversión social desplegada por las diferentes administraciones públicas en educación, investigación científica, sanidad o infraestructuras y que facilita la viabilidad de múltiples iniciativas económicas. Pero a la caja común de la que se extraen los recursos económicos necesarios para realizar esas inversiones, definidas en los presupuestos anuales de las diferentes administraciones, aportamos todas las personas del territorio asturiano sin excepciones. Desde aquellas que solo pueden consumir lo estrictamente necesario para poder sobrevivir hasta las que tienen niveles salariales más altos. Por desgracia este acto de generosidad colectiva que efectuamos generación tras generación, se ve correspondido por las élites económicas con la degradación permanente de las condiciones laborales, el ataque constante a los derechos sociales del frágil Estado del Bienestar actual y el consecuente aumento de la precariedad vital.

El actual proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Asturies abre la posibilidad a la clase política asturiana de demostrar su compromiso con un cambio de rumbo social que contribuya a generar las condiciones materiales adecuadas para eliminar los niveles de pobreza y desigualdad social que padecemos y avanzar hacia una sociedad de iguales. Esto pasa por el reconocimiento explícito de que la riqueza colectiva debe servir para garantizar unas condiciones de vida digna a toda la población, independientemente de su situación en el mercado laboral. Y en el momento actual la mejor manera de cumplir con este compromiso es garantizando a todas las personas el derecho a ingresos económicos de manera incondicional, individual y suficiente, es decir el derecho a la Renta Básica.

Reconocer este nuevo derecho en el Estatuto ofrecería la posibilidad de desarrollar con posterioridad la arquitectura legal necesaria para comenzar un proceso de implantación progresivo hasta alcanzar su carácter universal, como cualquier otro derecho. Y como se defiende desde la propuesta de Renta Básica de las iguales, avanzar en la creación de herramientas de participación comunal en la gestión de la riqueza socialmente generada. A los escépticos con esta dimensión comunitaria merece la pena recordarles lo ocurrido al comienzo de la pandemia, en el que las pequeñas redes comunitarias fueron el sostén emocional y material para los sectores más desprotegidos, como lo fueron en la anterior crisis y lo seguirán siendo en las venideras. O la existencia en Asturies de formas de intervención sobre el territorio en donde subyace de manera implícita el reconocimiento de la existencia de formas de propiedad y gestión alternativas a la propiedad privada o la pública, la propiedad comunal, como la gestión de montes vecinales en mano común. O las múltiples formas de participación directa de las comunidades vecinales en la búsqueda de soluciones a sus problemas diarios más acuciantes, como los concejos abiertos, las andechas o las sextaferias que en el ámbito rural asturiano permiten el mantenimiento de las pequeñas infraestructuras que facilitan la vida de las personas que viven en esta parte del territorio.

Vivimos un momento histórico de cambio ecológico y lo queramos o no, en un futuro cercano vamos a tener que hacer frente a restricciones energéticas y materiales importantes. Por ello necesitamos nuevos derechos que nos ayuden y protejan en el inevitable camino de transición social que vamos a tener que recorrer. La sociedad asturiana ya no se puede permitir esperar al espectáculo de la teatralización política cada vez que se acerca un ciclo electoral. Es la hora de defender compromisos audaces con las propuestas de transformación social y con la construcción de nuevos derechos. Las próximas generaciones de asturianas y asturianos se lo merecen.

Jose A. Gutiérrez es miembro de la Asamblea Asturiana poles Rentes Básiques, colectivo co-editor de Valtar imposibles, construyir utopíes. Estudiu de viabilidá de la Renta Básica de les iguales n’Asturies (2019)