Este mes ha entrado en vigor la prórroga del peaje del Huerna aprobada en el año 2000 por el Gobierno de Aznar en el que Cascos y Rato estaban como vicepresidentes.
Esa prórroga se hizo a cambio de nada. Y con una única finalidad: crear valor en la empresa Aucalsa para que su dueña, la SEPI, diera después un gran pelotazo con su venta en 2003. Algo típico de aquella época oscura.
Esa prórroga sin contraprestación, en mi opinión, fue inmoral, y también ilegal según la legislación de contratos española de la época, ya que se rompió de forma escandalosa el equilibrio del contrato que debe existir siempre entre la administración y la empresa concesionaria, favoreciendo a ésta sin ninguna justificación.
Además, estos días se ha sabido que la prórroga de la concesión de otras autopistas gallegas, hecha de forma similar a la del Huerna, tras haber sido denunciada a la UE, ha sido considerada ilegal por la Comisión Europea porque, según la legislación comunitaria que rige en España, un contrato de esa naturaleza e importancia no puede ser prorrogado, a dedo, sin licitación que permita la concurrencia de otras empresas.
Tras la reciente denuncia de Podemos de Asturias a la UE, similar a la citada de las autopistas gallegas, lo previsible, lo más probable, es que la UE declare también ilegal la prórroga del peaje del Huerna. En ese caso el Estado español, a corto o medio plazo, tendrá que devolver a todos los ciudadanos lo que se cobre en el Huerna a partir de este mes, más los intereses.
Normalmente los usuarios pagan el peaje con tarjetas, o con sistemas electrónicos. Si se produce ese escenario de devolución, en el futuro, esos usuarios deberán buscar los justificantes correspondientes para recuperar el dinero pagado.
Pero también se producen numerosos pagos en metálico en los que se supone que se entrega el ticket en la mano, que algunas personas guardan, otras no recogen y otras recogen y tiran después. Cada uno de esos tickets que no se recojan y queden en manos de algún empleado de la autopista, o se tiren después allí cerca, o en cualquier otro lugar, seguramente valdrán su peso en oro para el que consiga adueñarse de él, es decir, ese pequeño papelín, de un tercio de gramo, valdrá exactamente el precio del peaje, 13.50 euros si es de un turismo o más de 20 euros si es de un vehículo mayor, más los intereses. Más caro que el oro.
Alguien debería ocuparse de informar a los usuarios de que recojan y guarden cuidadosamente esos tickets sin que se les borren y de evitar que pueda haber una apropiación indebida y un tráfico indeseado con los mismos, incluyendo en el ticket, por ejemplo, el DNI o la matrícula.
También ha habido, y podrá haber personas que frente a ese fraude de la prórroga del peaje pudieran optar por la desobediencia civil, negándose a pagar un peaje inmoral. En ese caso, en mi opinión, debería establecerse un procedimiento para que esas personas, identificándose, pudieran manifestar su desconformidad y aplazar el pago, reconocer la posible deuda y pagarla sólo si la justicia europea o española decidieran al final que la prórroga, pese a su evidente falta de ética, fue «legal».
Joaquín Arce Fernández es economista y ecologista