Revalorización de pensiones: medias verdades y necesidades

Rafael Velasco Rodríguez | Luis Fernández

OPINIÓN

Un jubilado participa en la manifestación en defensa de las pensiones en Gijón
Un jubilado participa en la manifestación en defensa de las pensiones en Gijón Eloy Alonso | EFE

02 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El artículo 50 de la Constitución, incluido en la sección que regula los principios rectores de la política social y económica, establece que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Asimismo, el artículo 12 de la Carta Social Europea, y el artículo 65.10 del Convenio Nº 102 de la OIT, que forman parte del derecho interno español, en virtud del artículo 96.1 de la Constitución, obligan, en el primer caso, a los estados firmantes a mantener un régimen de seguridad social en un nivel satisfactorio y a esforzarse por elevar el nivel del mismo, y en el segundo, a revisar las cuantías de las pensiones públicas para adecuarlas a posibles «variaciones sensibles al coste de la vida».

En aplicación de esta normativa general hasta la aprobación por el gobierno del PP del Real Decreto Ley 28/12, de 30 de Noviembre de 2012, que entró en vigor el 1 de diciembre de dicho año, se aplicaba un sistema de revalorización automática de pensiones, vigente desde el 5 de agosto de 1997, establecido en el artículo 48.1 de la LGSS, consistente en que:

«1.1. Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año.