Parece que de lo que se habla poco no existe, pero por todas y todos es ya conocida la represión que se ejerce desde el Estado contra el activismo combativo, que pone en cuestión el orden social y que han establecido en defensa del capital y de los grandes poderes financieros. Cuando sus mecanismos legales se quedan cortos, usan leyes, jueces y cuerpos represivos contra las clases más desfavorecidas.
El capitalismo, con la colaboración de la derecha extrema y moderada y algunas organizaciones sindicales que dependen de la subvención pública y empresarial para su subsistencia, permiten que se utilicen todos los medios a su alcance, para frenar cualquier obstáculo que se interponga, en esta época de crisis brutal, a la aplicación de sus políticas neoliberales y al desarrollo de sus objetivos. Acumular más en menos tiempo.
Entre los medios empleados, hemos de destacar los métodos represivos y la criminalización que se utiliza para frenar el activismo reivindicativo, no subordinado a los intereses de este capitalismo insaciable y criminal. Ésta es una realidad que en la actualidad podemos constatar, que se está realizando cada día con más dureza en todo el ámbito estatal.
La colaboración de algunos medios de comunicación al servicio del sistema es impresionante para ocultar esta realidad, que lejos de reducirse, se incrementa y de forma alarmante. El último ejemplo, ha sido la condena y retirada del acta al diputado de Podemos Alberto Rodríguez en un montaje policial y judicial escandaloso, con la acusación de un policía, al cual pudimos ver en las redes sociales en una manifestación de VOX. A Alberto lo juzgan siete años después por unos sucesos ocurridos en 2014 en Tenerife, en los cuales fueron incapaces de demostrar su participación en los hechos de los que le acusaron en la denuncia. Lo condenaron solo por la declaración de un policía de sospechosa procedencia o simpatía política. Hay miles de casos más a lo largo y ancho de todo el territorio, como los más de 1500 jornaleros de Andalucía con juicios pendientes o los trabajadores de ALSA en Asturias, por conflictos laborales, etc.
Es evidente que la justicia no es igual para todos. Mientras se juzga y reprime a colectivos y personas vulnerables, vemos cómo el monarca emérito, después de amasar una inmensa fortuna, obtenida de sospechosos negocios, la justicia busca fórmulas para redimirlo, incluso sin tener que rendir cuentas de ningún tipo a la justicia de la injusticia.
El Estado cuenta con variedad de instrumentos para presionar e intimidar la participación en la lucha social. Además, dicha presión se ejerce tanto a nivel individual como colectivo, sobre personas destacadas o sobre la propia organización. Algunos ejemplos que cada vez podemos ver con más frecuencia son:
1. Aplicación de la ley mordaza aprobada por el PP que endurece mucho más aun la represión que en mayor o menor medida nunca dejó de existir.
2. Criminalización individual, porque de esta forma se desvirtúa a la persona ante la sociedad y a la vez se daña a la organización en la cual milita.
3. Ahogo económico con identificaciones y multas por participar en concentraciones, manifestaciones o cualquier otra actividad reivindicativa.
4. Represión política y judicial para intimidar la participación social en la lucha contra la crisis y en la defensa de nuestros derechos colectivos, sociales, laborales y económicos.
5. Límites a la libertad de expresión, anulando así todo tipo de opinión y presencia en medios públicos, con la vigilancia policial en todos los actos públicos que se celebran legales y no legales.
En esta época de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad, al capitalismo no le basta con quitarnos todo tipo de derechos, además de eso, se emplean a fondo para reprimir violentamente todas las reivindicaciones que se producen en el conjunto del Estado español.
A este proyecto represivo del gran capital se unen partidos y sindicatos reformistas que son parte del sistema, que con su colaboración y silencio ante los acontecimientos brutales, garantizan la paz social, que desmoviliza a la clase trabajadora y popular, con la aceptación de pactos y reformas laborales, contribuyendo así a un mayor incremento de la explotación, y de la represión que ahora sufrimos, incluso con mayor virulencia que en épocas pasadas.
Es urgente derogar la ley mordaza y todos los mecanismos judiciales que dejan al activista social en situación de total indefensión, ante la presunción de veracidad que se concede en los juicios a policías que participan como testigos, pese a saber de qué que están colaborando en montajes con el fin de castigar la rebeldía contra la sinrazón del sistema, mientras a la persona acusada se le niegan cantidad de pruebas audiovisuales y testificales para poder demostrar su inocencia, como en el caso mencionado anteriormente del juicio al diputado Alberto Rodríguez, el cual tuve la posibilidad de presenciar en la propia sala donde se celebraba la vista, pero hay miles de casos más, idénticos al citado, lo que pone en evidencia sistemáticamente a la justicia en nuestro país.
No podemos admitir de ninguna forma, que en los tiempos difíciles que nos está tocando vivir, se dediquen a perseguir y criminalizar a luchadores, mientras los especuladores, corruptos y los responsables de esta situación económica se paseen libremente, sin castigo alguno, por sus continuos atentados contra los derechos de la mayoría social.