Luces y sombras se encuentran en el balance de 2021 y con una combinación de esperanza e incertidumbre llega 2022. El mundo sigue condicionado por la pandemia y si Ómicron ha mostrado que se había cantado victoria de forma prematura, también ofrece indicios de que el final puede producirse en el año que entra, según indican la OMS y muchos especialistas. Si realmente se impusiese una variante moderada del virus, que lo convirtiese en una nueva forma de gripe, y eso se combina con vacunas y medicamentos perfeccionados, la vuelta a la normalidad podría estar cerca, pero es inevitable la desconfianza. Lo cierto es que son varios los gobiernos que han decidido apostar por esa hipótesis, entre ellos el español, esperemos que no se equivoquen.
La pandemia ha realzado las fortalezas y las carencias del sistema de salud. Es indudable que cuenta con excelentes profesionales, pero ni bien pagados ni con contratos estables. Los hospitales han respondido, aunque con dificultades, pero se han puesto de manifiesto las carencias de la atención primaria, que ya venían de atrás. Son intolerables las listas de espera provocadas por la falta de especialistas en los centros de salud y de instrumentos suficientes para realizar pruebas diagnósticas y aún es peor que las demoras se hayan extendido a las consultas de los médicos de familia. Hace ya mucho tiempo que, en España, los servicios de urgencias de los hospitales se convirtieron en el recurso habitual para todo tipo de dolencias, muchas de ellas menores, lo que disminuye su eficacia. Eso no sucedería si la atención primaria estuviese adecuadamente dotada.
La sanidad pública debe ser, junto a la educación y las pensiones, una de las grandes prioridades de un Estado que pretenda garantizar una vida razonable a sus ciudadanos. En España está descentralizada y su eficacia depende de la financiación del Estado y de cómo determinen invertir sus recursos las comunidades autónomas. Por encima de zarandajas demagógicas, himnos, banderas y cañas con aceitunas, la política sanitaria debería ser un criterio decisivo a la hora de decidir a quién votar.
No lo ha tenido fácil hasta ahora el gobierno de Pedro Sánchez y no parece que vaya a encontrar más comodidad en los próximos meses. No recuerdo a ningún presidente del gobierno, desde el inicio de la transición, que no haya sido atacado sin piedad mientras ocupaba el cargo. Tampoco a ninguno que no haya hecho en el poder cosas que había criticado cuando estaba en la oposición, pero el actual llegó con el hándicap de tener un partido fuertemente dividido y una derecha especialmente enrabietada por haber perdido una moción de censura en el parlamento.
A eso se añadió el surgimiento de una extrema derecha fuerte, que presiona y radicaliza a la tradicional, la necesidad de formar una coalición con fuerzas situadas a la izquierda del PSOE y que los apoyos tradicionalmente imprescindibles de los nacionalistas periféricos deban ser ahora, al menos en parte, de independentistas. Que, con estos condicionantes, haya logrado recomponer el partido, superar la mitad de la legislatura, aprobar dos presupuestos, sacar adelante varias reformas legislativas, normalizar razonablemente la situación en Cataluña y hacer frente a una doble crisis, sanitaria y económica, tiene bastante mérito. No es brillante, ni demasiado coherente, pero, hoy, la búsqueda de políticos con esas cualidades recuerda a la de Diógenes.
En otras circunstancias, la desmedida oposición de las derechas debería favorecer a la coalición gobernante. Ni España está en bancarrota ni se ha roto en pedazos ni pueden encontrarse soviets fuera de la imaginación de algunos columnistas o políticos amantes del desvarío. Las exageraciones de los profetas del apocalipsis deberían haberlos desacreditado incluso ante sus incondicionales. Lo malo es que no para de llover y, como bien dicen los italianos, piove, porco governo.
El hartazgo por las dificultades y miedos que provoca la epidemia y la incertidumbre sobre la economía, ahora afectada por una fuerte inflación en todo el mundo, pero que al ciudadano medio poco le importa que también sea alta en Alemania o EEUU, se combinan para evitar que la izquierda gobernante aumente su popularidad.
Es cierto que España, a pesar de los errores, comunes a todos los países, ha superado comparativamente bien los meses de pandemia en cuanto a víctimas y, sobre todo, ha logrado un alto índice de vacunación. También que, gracias a los ERTE, se ha logrado contener e incluso rebajar pronto el paro y que la reforma laboral, por tímida que sea, permite recuperar derechos a los trabajadores y puede lograr reducir la temporalidad de los contratos, pero no es seguro que eso se perciba adecuadamente en tiempos de cansancio y con una alta inflación.
De todas formas, la izquierda debería aprovechar el descarado elogio de la precariedad laboral y la extorsión salarial que han hecho los señores Montesinos y Casado cuando anunciaron el rechazo del PP al pacto entre gobierno, patronal y sindicatos y defendieron la «flexibilidad» establecida por la legislación de Rajoy. No solo hay que fijarse en la sanidad o la educación, si se desean contratos basura ya se sabe a quién votar.
Tampoco es luminosa la situación internacional. Bienvenido fue el triunfo de Biden y el alejamiento del populismo de extrema derecha de la presidencia de EEUU, pero pronto se ha visto que hay cosas que no eran solo fruto de los delirios de Trump. Descubrir ahora que China no es una democracia y no respeta los derechos humanos es sorprendente, de nuevo las ideas y los principios se utilizan a conveniencia. Bien está denunciar los abusos del gobierno chino, pero se entiende menos que los derechos humanos solo se agiten cuando hay conflictos comerciales o de influencia en determinadas zonas del mundo, mientras su violación en otros países se olvida convenientemente.
El régimen corrupto, autoritario y reaccionario de Putin es detestable, pero EEUU y la UE saben que, en el caso de Crimea, la situación era insostenible con un gobierno de Kiev nacionalista y dispuesto a entrar en la OTAN. Es indiscutible que Ucrania tiene derecho a ser independiente porque así lo quiere la mayoría de los ucranianos. Los argumentos históricos de Moscú son, como en todos estos casos, muy poco útiles, salvo para alimentar el nacionalismo ruso, pero Crimea nunca había pertenecido a Ucrania. Está mayoritariamente poblada por rusos y, sobre todo, incluye la base de Sebastopol a la que Rusia no puede renunciar.
Los métodos de Putin no fueron acordes con la llamada «legalidad internacional», tampoco la invasión de Irak, o la «contra» financiada por Reagan en Nicaragua o la intervención saudí en Yemen o la turca en el norte de Siria contra los kurdos. ¿Tenía otros? Desde el momento que en que se sacralizaron las fronteras administrativas soviéticas parece que no, aunque las de Yugoslavia, véase Kosovo, fueron consideradas menos santas por la «comunidad internacional».
En cualquier caso, va a ser indispensable que convivan EEUU, Rusia, China y la UE como grandes potencias económicas y, en los tres primeros casos, militares y deberán buscar un nuevo equilibrio. No se trata de renunciar a la defensa de la democracia y la libertad, aunque debería hacerse en todos los casos, no solo en el de tiranías competidoras, pero sí de evitar una nueva guerra fría y el renacer de la amenaza nuclear. Conviene que Rusia sepa que no se tolerará que viole la soberanía de estados independientes, pero también que no se va a llevar a la OTAN y a los misiles y tropas de EEUU hasta sus fronteras.
Por lo demás, las elecciones de EEUU rebajaron el suflé del populismo de extrema derecha en el mundo, aunque sigue siendo peligroso. Chile ha dado una buena lección, parece que se acerca el fin de Bolsonaro, Erdogan no vive su mejor momento, pero la extrema derecha europea sigue demasiado fuerte, a ver si 2022 consigue desinflarla. Los tiempos de crisis son propicios para los falsos profetas, sería deseable que no fuese necesario sufrirlos en el poder para que la gente se desengañe de sus quimeras.