El tumor que nos aqueja, agravado por la guerra, sigue creciendo. El INE estimó ayer provisionalmente su tamaño: los precios crecieron un 9,8 % en tasa interanual. Dicho de otra manera: nuestro dinero —el de las rentas más bajas, mucho más— se ha depreciado en ese porcentaje. Somos un 10 % más pobres que hace un año.
La publicación del dato coincide con la aprobación del plan para evitar que el tumor siga expandiéndose. Con la finalidad, por utilizar la gráfica en boga durante la pandemia, de doblegar la curva de la inflación. Podemos preguntarnos si las medidas arbitradas son suficientes e incluso dudar de su eficacia, pero sin duda están orientadas hacia dos objetivos prioritarios: aliviar a las empresas y sectores más castigados por la crisis y rebajar el sobrecoste del sistema productivo para que no se traslade a los precios. Todas están diseñadas con ese propósito, excepto una. Precisamente, la que copa la mayoría de titulares, la medida estrella que no criticará la oposición porque, se supone, cuenta con el beneplácito de la mayoría de los ciudadanos: la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina. Así que me toca ejercer de aguafiestas.
Es obvio que bonificar el carburante de todos no contribuye, ni mucho ni poco, a frenar la inflación. Pero tampoco alivia, ni mucho ni poco, nuestro bolsillo, porque tres cuartas partes del ahorro se paga con impuestos. Salvo que hilemos muy fino —hay contribuyentes sin coche y hay quien lo usa más y quien lo usa menos—, lo que no abonemos en la gasolinera lo pagaremos en la declaración de la renta o en el IVA de la cesta de la compra. Las ayudas públicas generalizadas son engañosas: el Gobierno invita a café, pero lo pagamos todos. Lo mismo cabe decir de la rebaja generalizada de impuestos. Las bonificaciones, para que sean provechosas y útiles, deben ser selectivas y focalizadas. Deben servir para redistribuir recursos en beneficio de quienes más lo necesitan y abaratar la energía que genera inflación. La subvención al gasoil que consumen los transportistas, la reducción de la factura eléctrica o los 500 millones destinados a la industria electrointensiva cumplen esa finalidad. La subvención generalizada de 15 céntimos por litro de gasolina, desde luego que no. Excluyo los cinco céntimos que aportarán los distribuidores porque, siempre que sean detraídos de sus ganancias, sí ayudarán a moderar una pizca los precios.
Incluso me temo que el alivio momentáneo que comporta la rebaja sea efímero. Un encarecimiento del crudo o del precio de mercado de los combustibles lo convertiría de inmediato en agua de borrajas. Como sucedió con la electricidad. El Gobierno suprimió o redujo al mínimo permitido los tres impuestos que la gravan —el IVA, el gravamen a la generación eléctrica y el impuesto especial— y la ascensión de los precios engulló la rebaja en un santiamén. No descarten que suceda lo mismo con la gasolina y que acabemos pagando el litro dos veces: dos euros o más en la gasolinera y quince céntimos como contribuyentes. Y todo para nada.