«Constitucionalistas» contra la Constitución

OPINIÓN

Juan García-Gallardo y Santiago Abascal en la noche electoral del pasado domingo en Castilla y León
Juan García-Gallardo y Santiago Abascal en la noche electoral del pasado domingo en Castilla y León Claudia Alba | E. Press

26 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Mientras en países como Francia sigue en pie el frente republicano para impedir que la extrema derecha alcance el poder, en España se desarrolla una verdadera campaña para presentar a Vox como partido «constitucionalista». El término adoptó su acepción política, con el teórico fin de identificar a los que exigían que se respetasen las leyes, cuando el nacionalismo catalán mayoritario giró hacia un independentismo que, para lograr su objetivo, pretendió prescindir de lo dispuesto en la Constitución. Pronto aparecieron organizaciones, como Libres e Iguales o el radicalizado Partido Popular de Pablo Casado, que se autoconcedieron la capacidad de otorgar cartas de naturaleza «constitucionalista», lo mismo hicieron periodistas y medios de comunicación ideológicamente afines o inclinados hacia la más neta extrema derecha. Toda la izquierda, incluido el PSOE «sanchista» y los medios, personalidades públicas e intelectuales que no comulgaban con el nacionalismo español radical cargaron con el sambenito de enemigos de la Constitución. El retorno a la normalidad institucional en Cataluña y la pandemia diluyeron un poco la caza de brujas practicada por los autoproclamados guardianes de la Constitución, aunque la extrema derecha no perdió la ocasión, amparada por la discutible sentencia sobre el estado de alarma del sector más conservador del incompleto Tribunal Constitucional, de acusar al gobierno «socialcomunista» de poner en peligro las libertades fundamentales con sus medidas para limitar los contagios. Ahora, la concesión de la limpieza de sangre constitucional a Vox se ha convertido en una forma de blanquearlo.

El término «constitucionalista» es ambiguo. Tradicionalmente se aplicó a los expertos en Derecho Constitucional, categoría en la que no entra la mayoría de los nuevos inquisidores, ahora, parecería reducirse a definir a una secta de adoradores de la literalidad del texto aprobado en 1978, eximida, eso sí, de la exigencia de comprenderlo. Con este criterio, los únicos constitucionalistas serían los miembros del PP y afines, cuyo amor por la sagrada norma les impide cuestionar siquiera una de sus comas. Fuera quedarían todos los sacrílegos que, aunque la respeten e incluso compartan sus principios fundamentales, desean reformarla. Lo difícil es comprender cómo puede incluirse a Vox en ese concepto de «constitucionalista”».

Pocos partidos son hoy en España tan contrarios a la Constitución como esa organización de ultraderecha. El señor García Gallardo, flamante copresidente de la Junta de Castilla y León, ha dejado muy claro que su partido desea suprimir un título completo del texto constitucional, el VIII, que trata sobre la organización territorial del Estado. Ahora bien, su rechazo afecta también al título preliminar, uno de los considerados esenciales y que, por ello, exige un procedimiento especial de reforma, que declara, en el artículo segundo, que la Constitución «garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».