Recientemente el expresidente del gobierno Mariano Rajoy manifestaba en los encuentros de La Toja su rechazo a la recuperación del debate sobre ricos y pobres, ya que según él divide a la sociedad y es populismo.
Se supone que tal debate se lo atribuye Rajoy al sedicente gobierno socialcomunista por su recientemente anunciada reforma fiscal, olvidando que han sido sus propios compañeros de partido desde el gobierno de la Comunidad Autónoma andaluza los que lo han desencadenado previamente, anunciando la supresión del impuesto sobre el patrimonio de los más ricos con el manido argumento de la necesidad de la competencia por la residencia fiscal con respecto a sus homólogos en el gobierno de la Comunidad de Madrid para atraer la residencia fiscal de los más ricos.
Todo ello con el argumento, este sí demagógico y populista, de que los ricos irán al olor de la supresión del impuesto al patrimonio, generarán riqueza en el nuevo lugar de residencia y compensarán con el pago de otros impuestos lo inicialmente perdido. Un ejercicio de ilusionismo que se ha demostrado falso en cuanto a la movilidad de las personas con mayor renta y patrimonio, así como con respecto a la compensación de la pérdida de recaudación con impuestos futuros. Lo real es la ganancia de los más ricos y la pérdida de recaudación para las políticas públicas.
Tampoco parece haberle gustado al expresidente Rajoy el impuesto aprobado en el marco de la Comisión Europea frente a los beneficios obtenidos por las empresas del sector energético aprovechándose de la crisis con Rusia y del método marginalista de establecimiento de los precios de la energía del mercado mayorista en Europa.
Aunque lo más grave es sin duda la ceguera que demuestra con respecto a la importancia de la desigualdad y de la pobreza en España y más recientemente a su agravamiento como efecto primero de la pandemia, a pesar de medidas como los ERTEs o el ingreso mínimo vital, y ahora debido a la escalada de precios como consecuencia de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hasta límites insoportables para las rentas y los colectivos más vulnerables.
De hecho mientras los super ricos han aumentado en número y asimisno han duplicado su patrimonio a lo largo de la última década, sin embargo los salarios de los trabajadores y sobre todo las rentas más bajas no han dejado de perder poder adquisitivo, hasta el límite de que hoy el empleo no es una garantía frente a la pobreza y que la pobreza severa afecta ya a más de cuatro millones y medio de españoles. Con todo ello, la movilidad social y la tan cacareada meritocracia corren el riesgo de convertirse tan solo en una suerte de mitos demagógicos frente al carácter cada día más determinante del patrimonio familiar, de la herencia y de las relaciones sociales en la vida tanto de las generaciones actuales como futuras.
Por eso mismo, la desigualdad y la pobreza que conlleva es en la actualidad el debate más importante de cualquier sociedad democrática que no solo quiera ser estable, sino mínimamente justa, eficiente y con un futuro sostenible, y con ello el contraste sobre las políticas fiscales, las laborales y las de prestaciones sociales y servicios públicos del estado de bienestar, que son los instrumentos más esenciales para promoverla y garantizar su futuro.
La negación de la realidad y la amnesia del expresidente Rajoy abarca incluso a su propia y reciente labor de gobierno, que en sus inicios y a raíz de la crisis financiera provocó con sus políticas de austeridad una grave pérdida de empleo y de devaluación de los salarios, recortó las pensiones y los servicios públicos y al tiempo realizó la mayor subida de impuestos a los trabajadores y a la clase media mediante lo que fue una de las reformas fiscales de las más regresivas de Europa.
Así, desde el inicio de la legislatura de la crisis financiera el gobierno de Mariano Rajoy incrementó el IRPF, el IVA, el impuesto sobre sociedades con la supresión de deducciones, el IBI, el tributo sobre plusvalías o los impuestos especiales, entre otros. Una subida sin precedentes que afectó más a los más débiles y que no fue compensada, sino más bien agravada, con la posterior reforma en clave electoral del ministro Montoro, profundizando en su carácter regresivo con la reducción de tramos del IRPF y las rebajas del impuesto de sociedades y de las rentas del capital, todo ello coronado por una amnistía fiscal de consecuencias desastrosas, ya que no solo supuso una pérdida de recaudación y la impunidad de los defraudadores, los muy ricos, sino sobre todo una pérdida de prestigio de la Hacienda española entre la mayoría de los contribuyentes.
Los efectos sociales son conocidos y van desde altas tasas de desempleo a la generalización del empleo temporal y precario, en particular entre mujeres y jóvenes, que han tardado en recuperarse casi una década desde entonces. Lo mismo cabría decir de los efectos de aquellos recortes sobre la sanidad, educación, investigación, pensiones y los servicios sociales públicos, cuyos destrozos, en particular en la sanidad pública y en las políticas sociales y de cuidados, costará aún más tiempo en reconstruir.
En el mismo sentido, el nuevo PP con Núñez Feijóo al frente, ante el incremento de la recaudación como consecuencia de la recuperación económica post pandemia, de la reforma laboral y de la inflación, ha aprovechado la ocasión para volver al mantra obsesivo de la rebaja de los impuestos, incluido el del patrimonio a las rentas más altas, junto al IRPF y el IVA de la energía y de los alimentos, sin que según Rajoy por ello se le pueda calificar en absoluto como un ejercicio de populismo fiscal.
Lo lógico es preguntarse entonces por qué las rebajas fiscales y la amnistía fiscal para los más ricos es para el expresidente Mariano Rajoy un ejercicio legítimo de política económica en democracia y sin embargo medidas como la reforma laboral, el ingreso mínimo vital y la revalorización del salario mínimo y de las pensiones, la mayoría de ellas pactadas con los agentes sociales, o la reciente reforma fiscal propuesta por el gobierno de coalición de izquierdas, que además aumenta su progresividad haciendo que pague más quien más tiene como es el mandato de nuestra Constitución, supone tan solo una muestra peligrosa de populismo. Quizá lo que le preocupa al expresidente Rajoy es que vuelve el debate ideológico sobre la desigualdad y con ello vuelve la política.