La aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.080 € no deja de ser una buena noticia, sobre todo si se tiene en cuenta que está llamada a favorecer a un sector de la clase trabajadora que se encuentra entre los más vulnerables del conjunto social, con baja cualificación profesional y elevado grado de precarización. En este sentido, desde SUATEA entendemos que estamos ante un avance aunque llega años después de que hubiéramos planteado la necesidad de que ese salario mínimo suba hasta los 1.200 € tal como recomienda la Carta Social europea.
En todo caso, tenemos que señalar que esta medida llega tarde y es claramente insuficiente si tenemos en cuenta las consecuencias que la actual coyuntura de crisis económica está generando entre amplios sectores de la clase obrera y sectores medios de nuestra sociedad.
Recientemente señalábamos que aunque desde el Gobierno se señala que la evolución de la inflación se ha ralentizado en los últimos meses del año 2022, lo cierto es que esas mismas fuentes no pueden ocultar el pesimismo que crea el mantenimiento de lo que se denomina inflación subyacente, que incluye alimentos elaborados, de alta volatilidad y productos energéticos. El dato se sitúa en una cifra que supera el 7% al finalizar el año. Este dato alcista en los precios de los productos de primera necesidad se come el ya escaso poder adquisitivo de las familias.
En el ámbito docente, SUATEA ha denunciado repetidamente la necesidad de proceder a una actualización tanto de la base salarial, competencia del gobierno central, como de los diferentes complementos autonómicos. Llevamos años hablando de la necesidad de una homologación salarial del profesorado asturiano que nos saque los últimos lugares que ocupamos en comparación con otros territorios autónomos. Esta homologación consistiría en la creación de un complemento autonómico con una cantidad igual para todo el profesorado, Esta cantidad, además de acercarnos a los niveles salariales medios de otros territorios, serviría para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo padecida por el profesorado en los últimos años. Conviene recordar que en el último año, 2022, hemos padecido una media de inflación interanual situada en torno al 7%, un dato interesante para quienes presentan la subida salarial del 2,5% para este año como un éxito. Y otro dato demoledor: recuperar el poder adquisitivo que llevamos sufriendo desde 2010 en 2024 requeriría una subida salarial del 27%. Con la subida de este año, la prevista del 2% para el próximo y el 1,5 % del pasado 2021 la pérdida acumulada del poder adquisitivo para 2024 se situará en torno al 21,5%. Más que un triunfo, esa celebración lo que nos indica son los límites de hasta donde algunas organizaciones plantean organizar la lucha por la recuperación del poder adquisitivo perdido.
En lugar de proceder a resolver esta situación, el gobierno asturiano y los sindicatos colaboracionistas de UGT y ANPE han metido al conjunto del profesorado en la trampa de la denominada Evaluación Docente cuyas consecuencias venimos combatiendo por lo que significa de introducción de divisiones salariales entre el profesorado difícilmente justificables. Más allá de la discriminación que este sistema supone para el profesorado no firmante de la Evaluación del desempeño ? quienes voluntariamente no se adhieren o quienes no cumplen con la antigüedad exigida—este sistema incrementa los escalones salariales en los centros, con diferencias que superan la cifra de 400 euros por realizar el mismo trabajo, alejándonos de la idea del cuerpo único docente.
La defensa que los firmantes hacen del sistema de Evaluación docente, presentándose como conseguidores de mejoras salariales para el personal docente, no puede ocultar un hecho que a SUATEA nos parece relevante. Este modelo cumple con la perversión de condicionar la retribución a una evaluación que puede conducir a situaciones arbitrarias debido a la presencia de elementos subjetivos entre las personas evaluadoras y las evaluadas.
Conviene señalar aquí las condiciones impuestas para poder acceder al complemento retributivo: 5 años de antigüedad para el tramo A, y 5 años en el tramo A para poder acceder a cobrar el tramo B. Para quienes proceden de otra comunidad, se les reconoce su antigüedad y se puede incorporar al tramo A si cumplen con la antigüedad de 5 años pero no pueden acceder al tramo B, por muchos años acumulados de antigüedad que puedan tener, hasta que no trabajen en Asturias 5 años. En todos los casos hay que superar las evaluaciones anuales, 4 veces, para poder cambiar de tramo. Hay que recordar también que la evaluación consiste en una valoración del desempeño que se corresponde con las tareas habituales desarrolladas por cualquier docente en su centro, sea firmante o no.
Pero aún hay más. Este sistema oculta beneficios para ambas partes implicadas en el mismo. Por un lado, los sindicatos firmantes que se presentan ante el profesorado asturiano como los grandes conseguidores de «mejoras salariales», ocultando que se basan en un endeble acuerdo que no consolida lo que debería ser un complemento similar al existente en las nóminas de otros territorios autonómicos. Pero el gobierno asturiano también se beneficia puesto que el sistema de Evaluación docente sale más barato que la homologación planteada por SUATEA al no abarcar al conjunto del profesorado con lo que se ahorra una partida presupuestaria significativa tal como denunciamos en nuestra comparecencia en la Junta General el pasado noviembre para hablar de los presupuestos del año 2023. Son 17 millones de euros los que el gobierno se ahorrará este año por no pagar equitativamente al conjunto del profesorado y lo hace con el aval de los sindicatos colaboracionistas.
En estos tiempos de crisis, en los que la inflación se lleva por delante una parte importante de nuestro poder adquisitivo, es fundamental insistir en la necesidad de luchar por un aumento salarial que recupere lo perdido desde años por el profesorado y denunciar a quienes, con sus propuestas, transmiten informaciones que distorsionan la realidad. Con el sistema de Evaluación docente se divide al profesorado asturiano, se introducen criterios económicos neoliberales inexistentes en otros territorios y se le hace un favor al gobierno asturiano que opta por la propuesta más barata y, por tanto, más perjudicial para el personal docente.