Donde dije 2035, digo Diego

Javier Armesto Andrés
Javier Armesto CRÓNICAS DEL GRAFENO

OPINIÓN

Oscar Vazquez

Imagínese que ha comprado un coche eléctrico en el último año (muchos no tendrán que imaginárselo: en el 2022 se vendieron en España 36.444, aunque gran parte de ellos fueron a parar a flotas de renting y carsharing). Habrá quien lo haya hecho convencido, por motivos ecológicos —ignora lo que contamina la fabricación y reciclaje de una batería de ion-litio, además de la energía con la que la carga, que en un 80 % procede de fuentes no renovables—; y quien lo haya hecho obligado, tras escuchar a una ministra decir que «el diésel tiene los días contados» y ante las numerosas plagas bíblicas que le aguardaban al coche de combustión: no poder acceder al centro de las ciudades, precios de los carburantes inasumibles, prohibición de su venta a partir del 2035, marginación social... El caso es que estas personas decidieron comprar un eléctrico y soportar los diversos inconvenientes que tiene este tipo de movilidad: pagar 10.000 o 12.000 euros más que por el mismo coche con motor gasolina o diésel; autonomía reducida, de alrededor de 500 kilómetros en el mejor de los casos y que en realidad son 400 y un poco más; autonomía más reducida todavía en invierno, por el frío; red de electrolineras muy deficiente, a la cola de Europa; tiempos de recarga de horas, salvo que utilices un cargador rápido, en cuyo caso —si lo haces habitualmente— te quedas sin batería en un año; pérdida de capacidad de las celdas de iones de litio con el tiempo, hasta un 30 % en ocho años, y la incertidumbre de no saber qué hacer con el vehículo llegado ese momento, porque a ver a quién le vendes el coche cuando cambiarle la batería por una nueva cuesta entre 12.000 y 15.000 euros. Ahora, estas personas se encuentran con que Europa podría dar marcha atrás en la fecha del 2035, porque hay países como Alemania e Italia en los que sus responsables han puesto por delante los intereses de una industria estratégica, al contrario de lo que ha hecho España, pese a que es el segundo fabricante de vehículos de Europa y la automoción aglutina al 10,5 % del empleo. Habrá quien tenga ardores verdes, pero seguro que no en el Consejo de Ministros.