Conviene tener memoria si queremos ser justos (y actuar en consecuencia). En una legislatura que la que se tuvo que responder a la pandemia más grave de nuestra historia, a una guerra en el corazón mismo de Europa y a una crisis energética global, el gobierno de coalición progresista logró avances incuestionables que beneficiaron a la inmensa mayoría.
Gracias a una profunda intervención pública se salvaron millones de empleos y cientos de empresas, y se protegió a las personas más vulnerables con un escudo social sin precedentes. Buena parte de ello se consiguió además desde el diálogo y la concertación, frente a los recortes y políticas antisociales impuestos años atrás desde la derecha.
Se han hecho realidad buena parte de las demandas del sindicato, como han sido la histórica subida del salario mínimo, una reforma laboral que por vez primera otorga derechos y no los quita, el acuerdo de pensiones, la primera ley de vivienda, el impuesto a las grandes fortunas, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la ley de muerte digna, la ratificación del convenio de la OIT para las empleadas del hogar, la creación del Ingreso Mínimo Vital, la ley «Ryder», el acuerdo sobre el Estatuto del Becario... Pero es que, además, la economía crece, se crea empleo y la inflación cae. Y lo hace por encima de la media europea.
De eso deberíamos estar hablando, porque el 23 de julio tenemos una cita trascendental con las urnas (quizá la más importante en cuarenta y cuatro años, desde aquellas primeras en democracia celebradas el 1 de marzo de 1979), y está en juego conservar todos esos logros y seguir avanzando, o dar pasos atrás y volver a los recortes de derechos y libertades que tanto daño causaron.
Y algo aún más peligroso: por primera vez en democracia hay un riesgo evidente de que la extrema derecha forme parte del gobierno y empiece a decidir sobre el futuro de nuestro país, imponiendo sus políticas reaccionarias. Ya sabemos hacia dónde llevan las cosas. Ahí tenemos el «laboratorio» de Castilla y León por si alguien necesita pruebas. De hecho, el PP ya le ha abierto la puerta a Vox en más comunidades y ayuntamientos tras el 28M. Son viejos conocidos y acaban entendiéndose.
Pero sería grave que un partido machista, racista y xenófobo, un partido que cuestiona el modelo autonómico, que niega la violencia de género y persigue el sindicalismo de clase, un partido que votó contra todos los avances sociales y económicos de los últimos años, determinara la política española. Representaría una involución sin precedentes.
La democracia es incompatible con la extrema derecha, y por eso debemos derrotarla con las armas de la democracia: desde las urnas. Europa está muy pendiente de lo que pueda ocurrir en España, de si nuestro país se escora hacía donde ya se han ido Hungría o Italia (con sus políticas ultraconservadoras e insolidarias), o prefiere mantenerse en la senda de países que apuestan por gobiernos progresistas (más preocupados por el bienestar de las mayorías sociales), como Alemania o Portugal.
¿Qué podemos esperar del Partido Popular? Feijóo ya ha anunciado su intención de «derogar el sanchismo», ¿pero qué significa eso: precarizar el mercado laboral, rebajar el salario mínimo y suprimir el ingreso mínimo vital, congelar las pensiones? Para no incurrir en un fraude democrático debería explicar qué hará de llegar al poder: ¿derogar las medidas que se han mostrado más justas socialmente hablando y más eficaces desde el punto de vista económico y que además han sido pactadas de forma tripartita en la mayoría de los casos?
Sería comprensible que no votaran a la izquierda las personas que no se beneficiaron de ninguna de las medidas aprobadas en estos años, desde los ERTE a la «excepción ibérica» para controlar los precios del gas, desde la bajada del IVA a productos de primera necesidad hasta la bonificación del transporte público, además de todo lo señalado. Pero ¿realmente hay alguien?
El 23-J tenemos la oportunidad de decidir quién gobernará los próximos cuatro años y si habrá más dinero para escuelas y hospitales, para becas y cuidados, para vivienda y transporte público o, por el contrario, volverán el despido libre (como en Italia), los recortes en sanidad y educación (como ya han hecho en Finlandia).
Por eso, ante unas elecciones que se presentan cruciales, CCOO va a defender lo que requieren la clase trabajadora y la mayoría ciudadana: la extensión del empleo decente y el derecho efectivo a la vivienda, la transición energética justa y una industria sostenible, el reforzamiento de los servicios públicos, la concertación social y la igualdad real entre hombres y mujeres, una política fiscal progresiva.
El sindicato tiene claras las prioridades, y para afianzar esos objetivos el país necesita la unidad de las fuerzas de la izquierda, que es la argamasa para generar ilusión y esperanza. Los consensos y las políticas igualitarias son claves en una sociedad decente y para un nuevo contrato social.
Comisiones Obreras tiene una larga historia de lucha por las libertades y los derechos laborales en nuestro país. Una lucha que sirvió para romper los barrotes de la dictadura y abrir paso a la democracia. Una lucha que sirve para extender la democracia en cada convenio colectivo que firmamos o en cada movilización en defensa de los servicios públicos. Una lucha que seguiremos manteniendo frente a quienes tratan de devolvernos a principios y valores del pasado.
Y Asturias siempre ha sido un referente para la izquierda. Seguro que seguirá aportando sus votos para fortalecer la democracia y alcanzar mayores cotas de justicia y bienestar social. Las urnas nos esperan el 23-J, no te quedes en casa.
José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias