Europa y el calvario burocrático
OPINIÓN
No es nada nuevo. Nuestros sectores productivos llevan años denunciándolo: producir cualquier bien en Europa es el improbable resultado de un calvario burocrático, que en el mejor de los casos unge a los más tenaces con una pléyade de permisos cargados de restricciones y sobrecostes muy difíciles de afrontar. Europa ha optado por externalizar los suministros de bienes. La pandemia, Ucrania, la inflación o el problema climático solo han infectado la herida.
En un entorno tan poco propicio, a nadie puede extrañar la oleada de movilizaciones de los agricultores. Porque, si dejamos de lado los intolerables medios empleados en Francia y su cainita elección de los destinatarios inmediatos de sus iras, estamos en lo demás ante la crónica de la desazón colectiva de esa parte de Europa que no vive de las finanzas o de los servicios, sino de la cadena de valor de la pesca, la ganadería o la agricultura. De ahí el efecto empobrecedor, a la larga, de políticas cortoplacistas más proclives a la subvención paliativa de los sobrecostes resultantes de asfixiantes exigencias regulatorias que a propiciar una producción eficiente armonizando sostenibilidad ambiental y socioeconómica; estrategias globales con cohesión interterritorial.
El problema no está en el loable objetivo climático que inspira la regulación, sino en cómo se viene imponiendo desde el sanedrín comunitario: de una manera áspera, precipitada y ajena a la socioeconomía real de la parte de Europa dependiente de los sectores primarios, pese a ser tan evidente la dificultad de compatibilizar sus restricciones más severas con la pervivencia de unos sectores estratégicos que, capaces como son de producir de manera responsable, se ven cada vez más desplazados a manos de una concepción maximalista de la sostenibilidad, consagrada como único criterio digno de atención.
Pero la transición ecológica puede y debe acometerse de un modo más integrador. Y sin miedos infundados, activando donde sea preciso los mecanismos instaurados para reequilibrar en destino el abusivo desequilibrio regulatorio en origen, algo perfectamente compatible con la libertad de comercio en condiciones competitivas equiparables. A eso también se refiere el Pacto Verde cuando habla de transición justa.
Lo que no es justo, ni racional, ni sostenible es inhibirse bajo la ensoñación de que se solventa el problema reemplazando sectores vivos y socialmente estratégicos por nichos de ayudas públicas compensatorias de su defunción colectiva. Cortoplacismo y falacia, tan empobrecedores como ambientalmente ineficaces, pues los países terceros no destacan precisamente por su ecologismo, con lo que el noble objetivo que nos inspira aquí se verá frustrado al cabo en términos globales. Es como esconder el polvo debajo de la alfombra.
Es tiempo de recapacitar colectivamente sobre los costes sociales, los ritmos de implantación y el alcance de algunas políticas tan injustificadamente restrictivas como las que nos impiden abastecernos de nuestros propios alimentos. Con un enfoque inteligente, sin caer en el maniqueísmo ni en una indeseable hostilidad negacionista, pero exigiendo tenazmente de los legisladores cordura, equilibrio, cohesión social y participación real de los productores y de esa —esta— Europa más afectada, en defensa de la soberanía alimentaria de todos.