Reconozco que soy profano en economía y que la financiación autonómica me supera, como le pasa a mucha gente, incluida gente de la política y la prensa. Soy un jubilado por cuestiones de salud y necesito los servicios de mi bienamado HUCA y la pensión. Mi salud no me permite trabajar, sin pensión me moriría de hambre, sin servicios de salud, mi cuerpo no aguantaría. O lo público funciona o me muero. O lo que se propone garantiza el funcionamiento del HUCA o no sirve. El debate puede ser muy complejo, pero para los profanos, la prueba es muy sencilla, el sistema debe permitir el pago de la pensión y la atención médica.
Como trabajé en centros residenciales me imagino que tengo unos pasteles y un grupo de residentes y debo repartirlos. Si lo hago mal, un residente podría comer tres pasteles y otro ninguno. Para hacer el reparto de pasteles, tenemos que mirar cuántos pasteles hay y cuánta gente a repartir.
¿Cuántos pasteles tenemos?
Pues depende de los gastos y de los ingresos. Si queremos financiar los servicios públicos no podemos subir el gasto militar al 5%. Esa cifra es La línea Maginot de Europa. El actual estado español es inviable si aceptamos subir el gasto militar al 5%. Si un partido político, como el PP o Vox, no rechazan esa subida y a la vez hablan de financiación autonómica o mienten o no se enteran. Este tema no es negociable. El que lo defienda que nos explique de dónde va a salir el dinero y que se deje de anticatalanismo barato.
Necesitamos más que nunca un estado fuerte y la presión fiscal en nuestro país es débil con las grandes fortunas y con los ingresos del capital. El caso Montoro nos sirve para constatarlo. Hay que rescatar el lema tax the rich. Como bien dice el ministro Bustinduy, no necesitamos multimillonarios, no son productivos. Tampoco necesitamos especuladores, las operaciones financieras acaban con la economía productiva, los fondos de inversión son los parásitos del sistema.
Hay que dar una vuelta completa al sistema fiscal, las rentas del trabajo están manteniendo el sistema, mientras las rentas del capital nos precarizan y nos suben el alquiler. La obsesión de la derecha contra el impuesto de sucesiones tampoco se puede admitir. La conclusión es que, si queremos pasteles, hay que subir impuestos.
¿Cuánta gente tenemos para comer los pasteles?
Tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autonómicas, 38 diputaciones provinciales, un gobierno central con su administración periférica y 8.132 municipios. Además de una muy débil administración europea. Y todo el mundo come. De los municipios, casi 6.000 tienen menos de 5.000 habitantes y casi 1.000 menos de 100 habitantes.
Algún fachapobre admirador de Milei empezará a decir tonterías sobre motosierras. En primer lugar, como enfermero, he de decir a los «Mileis» que no trabajaron en su vida, que las heridas causadas por motosierra son muy difíciles de curar, por lo que es bueno usarlas con precaución, más si esa persona coge la motosierra por primera vez en su vida y no tiene ni idea de lo que hace.
La existencia de las provincias fue un elemento, a lo largo de los siglos XIX y XX de confrontación política violenta. Deberíamos en este siglo XXI ser capaces de mirar la organización de nuestro país con ojos prácticos y no sentimentales. Las diputaciones provinciales solapan funciones con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, son muy opacas en su función y su tamaño no optimiza su eficiencia. Pequeñas para algunas cosas y demasiado grandes para otras.
Planteemos seriamente cómo modernizar la estructura del estado. Revisamos el número de municipios y la existencia de las diputaciones. En resumen, antes de meternos en la financiación tenemos qué ver cuánto repartimos (fiscalidad), en qué lo repartimos (no al gasto militar) y entre quiénes lo repartimos (hacer una estructura de estado del siglo XXI).
Ahora viene el meollo del asunto, ¿Cómo lo repartimos?
En España hay dos comunidades Navarra y Euskadi que tienen un régimen fiscal y de financiación diferente al resto de comunidades. No podemos plantear un estado federal basándose en derechos «históricos» o de los territorios. Los derechos son de las personas, y del resto de seres sintientes. Navarra no tiene derechos, los derechos son de las personas que viven allí y en todo caso, siguiendo el camino del Mar Menor, la selva de Irati tiene el derecho a no ser talada a rasa, pero la selva de Irati no tiene derecho a la sanidad. Una visión ecosocialista defiende un estado federal, no basado en atavismos culturales, sino como forma eficaz de organización que sirva para garantizar los derechos de las personas.
En el sistema actual hay cosas que no funcionan adecuadamente. El problema no es el sistema que se use, el famoso cupo, en los casos vasco y navarro. El problema son los criterios que se utilizan para calcular ese cupo y si esa forma de cálculo es transparente u opaca. El sistema es válido y podría ser exportable al resto del estado, pero necesitamos que el cálculo sea claro y tenga los mismos parámetros para todo el mundo.
Ahora bien, hay otras formas más sutiles de fomentar la desigualdad. Extremadura no es pobre porque sus gentes lo hayan decidido así. Lo es por una situación de opresión de siglos. Por ejemplo, las primeras autovías para unir sus capitales son del siglo XXI, no había autovías en el siglo XX. Por tanto, un estado federal tiene que plantear una discriminación positiva que permita recuperar esas desigualdades. El punto de partida debe ser único para todas.
Si vas a Madrid fíjate en el antiguo Palacio de Godoy. Es el cuartel general de la Armada española. Supongo que harán las prácticas en el estanque del Retiro. Justo estos días sale en prensa que hay organismos sobre ciberseguridad que deben estar en Madrid «por ley», y la pregunta es por qué. ¿Por qué no se puede instalar en León?
Madrid, que quizá debería ser la capital de Castilla, tiene unas ventajas económicas indudables por ser la capital de un estado que sigue siendo enormemente centralista, no solo en lo público sino también en un capitalismo heredero de las oligarquías franquistas. A ello ayuda un diseño de las infraestructuras completamente radial. Es posible ir a Madrid en tren antes que a Vegadeo. Y la derecha aprovecha esa situación de Madrid para competir fiscalmente con otras comunidades más débiles. Cualquier sistema debería ir acompañado de medidas de armonización fiscal.
Tiene que haber compromisos en las inversiones en infraestructuras y descentralización de la administración. En nuestro caso tenemos pendiente la estación intermodal de Gijón, el peaje del Huerna y la modernización de las cercanías. En cuanto a descentralización, estos días se decide la ubicación de la agencia de Salud pública. La negociación sobre financiación debe incluir estos temas. No es un problema territorial, es decidir nuestro futuro común, qué vida queremos tener.
En definitiva: es necesaria una negociación entre todas las partes que sea pausada, serena, larga y transparente. Y debemos ampliar la mirada en esa negociación y entender la importancia de la organización municipal y provincial.