Tras el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle, Utah, en Estados Unidos no se preguntarán por qué hay 1,2 armas por persona en posesión de la población y si la facilidad en disponer de éstas, incluso armas semiautomáticas y de precisión, permite que personas fanatizadas o desequilibradas cometan crímenes masivos o asesinatos políticos. No se cuestionarán si es excesivo que el 32% de los norteamericanos dispongan de al menos un arma y en el 44% de los hogares la haya. No se espantarán de que, en paralelo a los amplios y lucrativos cauces legales para obtener un arma, exista un sustancioso mercado negro y que se hayan detectado 230.000 casos de tráfico de armas en el periodo 2017-2021 (Firearms Traficking Report, de abril de 2024, de la agencia federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives). Tampoco revisarán cómo las armas que acaban alimentando el crimen organizado en México, provienen en un 70% ilegalmente de los Estados Unidos, lucrando a sus productores (informe de la US Government Accountability Office, febrero de 2021); por cierto, sin que las autoridades mexicanas apliquen ante este perjuicio medidas arancelarias de represalia cómo hace el vecino del Norte aduciendo el flujo de migración irregular y estupefacientes. Seguirán llorando los tiroteos en escuelas, universidades, iglesias o en espacios de toda condición: 503 casos con cuatro o más víctimas en 2024, según la organización independiente Gun Violence Archive. No pondrán más remedio a esta pesadilla que realizar ejercicios de autoprotección por si se encuentran en una situación de esta naturaleza, un temor que ya es corriente entre la población.
Insistirán en defender que el derecho a poseer y portar armas es sacrosanto y fundamental, pagando un alto tributo de sangre por su disparatado concepto de libertad. Porfiarán en interpretar descabelladamente que un texto de 1791, pensado para la defensa popular de una nación recién emancipada y con sus instituciones aún embrionarias, debe seguir legitimando el derecho a que todo particular pueda disponer de un arma de fuego, en lugar de confiar el monopolio del uso de la fuerza a cuerpos de seguridad formados y sujetos a normas, como procede. Continuaremos viendo imágenes de ciudadanos armados con sus subfusiles en la cola de la hamburguesería o de grupos paramilitares nacionalistas haciendo sus ejercicios preparatorios para el conflicto civil que pueda venir (y que desean que venga), o entrenándose como mercenarios para sus grupos privados de seguridad que operan impunemente en medio mundo, como la sangrienta escolta armada de la fantasmagórica Fundación Humanitaria de Gaza (como ha revelado la BBC en su reportaje de 9 de septiembre de 2025 sobre el siniestro Infidels Motorcycle Club). Seguiremos contemplando a las víctimas de toda condición en su país, aunque, no lo olvidemos, la violencia armada afecta más a comunidades menos favorecidas y a grupos raciales, pues la población negra es el 30% de las víctimas de tiroteos y la hispana el 13%, según el Pew Research Center (informe de 5 de marzo de 2025). Entre las víctimas seguirá habiendo defensores del derecho de quien terminaría por ser su asesino a portar el arma que acabaría con su vida, como sucede en el caso de Charlie Kirk, que, sobre la materia, afirmaba que « merece la pena asumir el coste de que, desafortunadamente, haya algunas muertes por arma cada año, a cambio de tener la Segunda Enmienda» (5 de abril de 2023). La tesis de la alt-right norteamericana sobre la necesidad de un pueblo armado para defenderse de una tiranía (que hoy día, en una alucinación psicotrópica, ven representada en cualquier tendencia mínimamente progresista) es otro desatino sangriento y trágico, pero sigue contando con el favor de la mayoría de norteamericanos, aunque el vínculo entre proliferación de armas y muertes violentas es evidente. Hasta algún cenutrio quiere importar esa política a Europa, para incorporarla a nuestra particular lista de males artificiales y autoinfligidos.
Insistirán en otorgar distinto rango a las víctimas y seleccionar a conveniencia a los culpables políticos, pues la lógica consternación por el asesinato de Kirk no se ha producido en otros casos precedentes (vidas a las que atribuyen menor valía, por lo tanto) ni ha tenido las consecuencias que ahora se pretenden. No ha sucedido así con los 13 asesinatos extremistas de 2024 cometidos por activistas de extrema derecha (informe del Center on Extremism - Anti-Defamation League); con el 67% de los actos de violencia política entre 2015-2020 que se atribuyen a ese espectro político (Center for Strategic and International Studies, informe «Empujados a los extremos: terrorismo doméstico entre la polarización y la protesta», mayo de 2022); con el asesinato de la congresista demócrata del Estado de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, el 14 de junio de 2025; con los intentos de asesinato del Gobernador de Pensilvania, Josh Saphiro; del Senador demócrata de Minnesota, Johan Hoffman; de Paul Pelosi, esposo de la ex líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; o con el intento de secuestro de Gretchen Whitmer, Gobernadora demócrata de Michigan, por poner algunos ejemplos de los últimos años. Sin olvidar, como muestra de violencia política desbordada, el intento de golpe de Estado que constituyó el ataque sobre Capitolio el 6 de enero de 2021. Un acontecimiento que, en un país con verdadero apego a sus leyes, hubiera terminado con su instigador directo, Donald Trump, asumiendo efectivamente responsabilidades penales (como sucede con Jair Bolsonaro en Brasil), pero que la irremediable anomalía nacional-populista en que se ha convertido Estados Unidos ha convertido en acontecimiento heroico de una historia ya desfigurada.
Después de todo lo que ha pasado con Kirk y otros muchos, no se preguntarán por la cultura de violencia y muerte que impregna Estados Unidos, que va del uso de la cotidiano de las armas de fuego a la profusa aplicación de la pena capital, pues Estados Unidos forma parte de los países donde más ejecuciones se llevan a cabo, junto a Arabia Saudí, Irán, Iraq, Egipto, China y Corea del Norte, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre el uso de la pena capital. Trump, que impulsa la reanudación de las ejecuciones por delitos federales (Orden Ejecutiva 14164 de 20 de enero de 2025), ya la ha pedido sin perder un minuto para el acusado del asesinato de Kirk, llamando a aumentar los capítulos de muerte de esta triste historia. Tampoco se interpelarán sobre el mensaje moral y político, que se proyecta e interioriza, por la utilización de la fuerza armada en el exterior a conveniencia y sin sujeción alguna ni a la legalidad internacional ni a la autorización de su propio Congreso, o el respaldo inquebrantable a la barbarie de Israel sobre la población palestina. Ni por la utilización de las ejecuciones extrajudiciales como instrumento de prevención de la criminalidad, como ha sucedido en el ataque contra una embarcación salida de Venezuela, el 1 de septiembre de 2025, con once muertos. Tampoco por la retórica agresiva, excluyente, contagiosa y divisiva que el trumpismo celebra, esparce por doquier y convierte en la práctica común en el discurso público actual e incluso en el modus vivendi de agitadores que monetizan su corriente de seguidores en las redes sociales y hacen del mesianismo violento su manera de estar en el mundo. No se interrogarán sobre el camino al que conduce esa espiral, que se suma al intento de usar el asesinato de Kirk como palanca para desatar la represión contra la disidencia en Estados Unidos, como ha prometido Trump llamando directamente a dar palizas, lo que algunos de sus seguidores cumplirán. A la luz de la continua restricción de las libertades civiles y militarización de las ciudades que se le resisten (Los Ángeles, Chicago, Washington, etc.) podemos imaginar qué deparará esa voluntad de sofocar a los discrepantes, porque la respuesta a este crimen rima históricamente con la reacción frente al incendio del Reichstag.
Todas las preguntas pertinentes quedarán sin respuesta y Estados Unidos acelerará su rumbo al abismo totalitario, exportando su excedente venenoso de violencia.