Carta abierta sobre convivencia escolar, accesibilidad y gestión de recursos públicos en Asturias
OPINIÓN
Me dirijo a la opinión pública como madre de un alumno con autismo escolarizado en Educación Secundaria en el Principado de Asturias y lo hago desde la experiencia, no desde la teoría; desde lo vivido, no desde el eslogan. En los últimos meses se ha anunciado la implantación del programa Tutoría entre Iguales promovido por la Consejería de Educación del Principado de Asturias con una inversión pública destinada a reforzar la convivencia y prevenir el acoso escolar.
La convivencia es incuestionable, la prevención del acoso es urgente pero la pregunta que muchas familias nos hacemos es otra: ¿están realmente bien priorizados los recursos? Mi hijo sufrió acoso en un centro donde no existía una cultura real de accesibilidad. Desde el inicio de la Secundaria nuestra pelea en «solicitar» recursos tales como una tableta, recurso básico, porque en su caso la información visual estructurada no es una ventaja, sino una necesidad, un ajuste razonable que permite igualdad de oportunidades. Sin embargo, ese recurso fue interpretado por parte del profesorado como un «privilegio». Esa mirada se trasladó al grupo, a sus «des-iguales» y mi hijo pasó a ser visto como «mimado». Lo que debía compensar una barrera terminó convirtiéndose en motivo de exclusión.
Cuando los ajustes razonables se presentan como concesiones, el mensaje que recibe el grupo es devastador: que el alumno no está en igualdad de condiciones por derecho, sino por favor. En ese mismo centro se implantó el programa de Tutoría entre Iguales, al principio me ilusionó pero descubrir que convertir a otros menores en figuras de acompañamiento no solucionaria la raíz del «problema» y es que a los ojos de la sociedad éramos un problema. La prevención del acoso no puede delegarse en estudiantes sin formación específica, especialmente cuando hablamos de alumnado con discapacidad que requiere comprensión profesional, adaptación metodológica y supervisión adulta efectiva. La convivencia no consiste en otorgar a los llamados «iguales» una responsabilidad que corresponde a docentes y equipos directivos.
Tras una experiencia profundamente dolorosa, decidimos cambiar a nuestro hijo de centro educativo. En el nuevo centro, la accesibilidad no es un proyecto paralelo ni un programa añadido si no que se desarrolla con naturalidad. El profesorado adapta materiales, estructura visualmente la información y entiende que la diversidad forma parte de su ejercicio profesional, tanto a nivel personal como académico. No ha sido necesario ningún programa externo para garantizar la convivencia porque cuando los adultos asumen su responsabilidad, la protección es real.
Por eso considero necesario abrir un debate serio y firme sobre la gestión de los recursos públicos. Antes de invertir en nuevos programas, debería garantizarse que todos los centros cuenten con formación específica en discapacidad, recursos tecnológicos de apoyo, aplicación rigurosa de protocolos frente al acoso y una cultura clara de que los Derechos no son favores.
No me opongo a la convivencia, me opongo a que se invierta sin asegurar primero la accesibilidad. Me opongo a que se traslade a menores una responsabilidad que corresponde a adultos formados y me opongo a que los derechos del alumnado con discapacidad dependan de la buena voluntad, en lugar de estar blindados por la profesionalidad y la gestión eficaz.
La inclusión no puede ser un lema institucional, debe ser una práctica cotidiana medible en cada aula. Señora Consejera de Educación del Principado de Asturias: gestione mejor los gastos públicos, priorice la accesibilidad real porque cuando un alumno necesita apoyos para estar en igualdad, no estamos hablando de ventajas estamos hablando de DERECHOS.