Universidad y Futuro: La Generación de la Nota Imposible Juventud brillante, ansiedad estructural
OPINIÓN
El testimonio incipiente de una joven estudiante que tras obtener un 9,4 en Bachillerato no ha logrado acceder al grado de Medicina por la presión de la prueba de acceso, no constituye una anécdota aislada, sino el reflejo de una disfunción estructural del sistema universitario español. La experiencia relatada evidencia un fenómeno creciente: estudiantes con expedientes excelentes que, sin embargo, ven condicionado su futuro por décimas en un modelo de selección altamente competitivo.
En determinadas titulaciones —singularmente Medicina— las notas de corte alcanzan cifras superiores al 13 sobre 14 en muchas universidades públicas, configurando un sistema de acceso donde el margen de error es prácticamente inexistente. El debate no es sobre la exigencia académica, que debe preservarse, sino sobre la proporcionalidad y racionalidad del modelo cuando el país afronta déficits estructurales de profesionales sanitarios.
«No podemos exigir excelencia académica mientras convertimos el acceso en una carrera de resistencia psicológica más que de vocación y competencia». La presión evaluativa, en un contexto de adolescencia tardía y desarrollo emocional aún en formación, genera ansiedad, frustración y, en muchos casos, abandono de aspiraciones legítimas. El mérito no puede medirse únicamente en décimas; debe integrarse con la aptitud, la vocación y la capacidad de desempeño futuro.
La paradoja sanitaria: faltan médicos, sobran barreras
España afronta un déficit progresivo de médicos en atención primaria y determinadas especialidades hospitalarias. Las jubilaciones masivas previstas en la próxima década y la sobrecarga del sistema sanitario público son datos conocidos. Resulta, por tanto, legítimo plantear una cuestión de coherencia sistémica: ¿cómo puede sostenerse un modelo con carencia de profesionales y, simultáneamente, mantener una oferta de plazas tan limitada?
La planificación universitaria y sanitaria debe articularse bajo criterios de prospectiva demográfica y necesidades reales del sistema nacional de salud. Incrementar plazas en Medicina no supone rebajar la calidad, sino adaptar la oferta formativa a la demanda social y estructural. Países de nuestro entorno han implementado aumentos progresivos de plazas acompañados de refuerzo docente y clínico.
No se trata de devaluar la profesión médica, sino de evitar que el acceso se convierta en un privilegio estadístico. Cuando la escasez artificial genera desigualdad de oportunidades, el sistema pierde legitimidad.
Universidad pública: garantía de igualdad real
La universidad pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho consagrado en el artículo 1.1 de la Constitución Española. La igualdad de oportunidades (artículo 9.2 CE) no es una proclamación retórica, sino un mandato a los poderes públicos para remover obstáculos económicos y sociales.
En este contexto, debe destacarse el papel de la Universidad de Oviedo como institución de referencia en el norte de España. La reciente aprobación de medidas de gratuidad de matrícula y el fortalecimiento del sistema de becas autonómicas en Asturias refuerzan un modelo de acceso inclusivo y progresista. «Una sociedad que selecciona por renta y no por talento está hipotecando su propio futuro colectivo».
La educación superior no puede depender de la capacidad económica familiar. La expansión de universidades privadas en determinados territorios, particularmente en la Comunidad de Madrid, ha generado un modelo dual en el que quienes no alcanzan la nota requerida en la pública pueden acceder mediante pago a titulaciones con menor exigencia de corte. Este fenómeno, aun siendo legal, plantea interrogantes sobre la equidad material del sistema.
Cuando la capacidad económica suple la nota académica, el principio de igualdad queda erosionado. La universidad privada cumple una función complementaria, pero no puede convertirse en vía sustitutiva privilegiada.
Oposiciones y acceso al empleo público: la otra carrera de fondo
La problemática no se limita al acceso universitario. El sistema de oposiciones a la Administración reproduce, en ocasiones, dinámicas similares de presión y preparación prolongada, con desigualdades vinculadas a la posibilidad de financiar academias o periodos largos de estudio sin ingresos.
Si bien el mérito y la capacidad son principios constitucionales (artículo 103 CE), deben conjugarse con políticas públicas que faciliten la preparación a quienes carecen de respaldo económico suficiente. Becas, ayudas al estudio y sistemas de evaluación más competenciales pueden contribuir a democratizar el acceso.
La educación como inversión estratégica de país
La formación universitaria no es un gasto, sino una inversión estructural en capital humano. Los países con mayores índices de desarrollo social y económico presentan sistemas educativos robustos, accesibles y financiados públicamente.
El acceso equitativo a la universidad incide directamente en la movilidad social ascendente, la cohesión territorial y la innovación productiva. Limitar plazas estratégicas o permitir desigualdades de acceso erosiona el potencial colectivo.
En términos macroeconómicos, ampliar la formación en sectores deficitarios como la medicina o la ingeniería sanitaria no solo responde a una necesidad asistencial, sino a una estrategia de sostenibilidad del sistema público.
Propuestas para un modelo más justo
1. Planificación plurianual de plazas universitarias, coordinada entre ministerios de Educación y Sanidad, con estudios prospectivos vinculantes.
2. Incremento progresivo de plazas en titulaciones estratégicas, acompañado de inversión en infraestructuras docentes y hospitalarias.
3. Refuerzo de sistemas de orientación psicológica y académica para reducir la presión en el alumnado preuniversitario.
Becas-salario suficientes que permitan estudiar sin dependencia económica familiar.
4. Evaluación competencial complementaria, que valore aptitudes vocacionales además de la nota numérica.
5. Revisión del modelo de acceso a la función pública, incorporando ayudas y sistemas más accesibles sin menoscabo del rigor.
Conclusión: Justicia intergeneracional
La juventud española no carece de talento; afronta un sistema que, en ocasiones, convierte el mérito en un filtro milimétrico desligado de las necesidades reales del país. Garantizar que quienes poseen actitud y aptitud puedan desarrollar su vocación es una cuestión de justicia intergeneracional.
Defender la universidad pública es defender la igualdad, la cohesión social y el progreso económico. El reto no consiste en rebajar estándares, sino en ampliar oportunidades con rigor y planificación.
Porque el futuro de un país no puede depender de una décima. Debe sostenerse sobre un compromiso firme con la equidad, la racionalidad y el valor insustituible de la educación pública como columna vertebral del Estado del Bienestar.