Si de algo debemos enorgullecernos en este país es de todo lo alcanzado en cuarenta años de democracia: una Constitución, un enorme avance económico y un ambicioso Estado del bienestar, que garantiza educación y sanidad para todos. Aunque no lleguemos a los niveles de los países nórdicos, nuestras coberturas sociales son muy valiosas.
También es cierto que el desarrollo económico español en ese período, unido a la cercanía, desde el punto de vista cultural con Latinoamérica, y desde el geográfico con África, ha convertido España en la puerta de entrada de millones de inmigrantes que huyen de la pobreza y la violencia. Muchos usan nuestro país como estación de paso, pero otros se han quedado aquí.
Muchos de ellos, con papeles, cotizan a la Seguridad Social y pagan impuestos. Algo imprescindible para poder mantener unos servicios que, precisamente por semejante afluencia, se han visto tensionados en los últimos años. Ahora encaramos un nuevo reto, la regularización de cerca de un millón de inmigrantes, para que puedan trabajar legalmente, vivir dignamente y cumplir con sus obligaciones tributarias, en lugar de malvivir.
Si trabajan, cotizan y, por encima, cubren una serie de empleos para los que ya no hay mano de obra española, si son los que cuidan a nuestros padres, a nuestros hijos, hacen trabajos fundamentales en el campo o en la construcción, como también asumen las plazas de médicos que con nuestros propios recursos somos incapaces de cubrir, entonces, ¿de verdad que no se va a atender a un niño en el centro de salud por la situación ilegal de su padres o por el color de su piel? Y en el caso de los inmigrantes legales, ¿de verdad que va a haber diferencia de derechos entre dos personas, que trabajan y cumplen sus deberes ciudadanos, en función de su origen? ¿De verdad que en este escenario alguien con poco sentido y nula empatía es capaz de imponer «los españoles por delante»?
Con el término prioridad nacional, término acuñado por Vox, se inicia una senda muy peligrosa, encaminada a cronificar la precariedad de los inmigrantes, a dejarlos para siempre convertidos en un ejército de mano de obra barata, sin ningún derecho ni margen de mejora. Habría que recordarles a los de Abascal que la esclavitud ya pasó.
Hay varias formas de abordar el fenómeno de la inmigración. Una, por empatía con los más vulnerables y desfavorecidos. Dos, con puro egoísmo y pragmatismo: por ejemplo, dar sanidad a los ilegales es una cuestión de salud pública; que puedan trabajar y vivir dignamente repercute en la seguridad de toda la sociedad. Y tres, desde el punto de vista legal. En este país hay leyes que hacen inviable la discriminación que pretende imponer Vox. Esto no significa que haya que consentir que se cobren ayudas que no se merezcan —ni los de aquí no lo de allá—, ni que se haga la vista gorda con los delincuentes —de aquí o de allá—. Es sencillamente una cuestión de justicia.
Porque este preciado Estado del bienestar que tanto ha costado levantar se construye con la aportación de todos, evitando los abusos y respetando la Constitución.