Peaje del Huerna: Europa como garantía de ley
OPINIÓN
Cada 9 de mayo celebramos el Día de Europa, una fecha que trasciende el simbolismo institucional para recordar una de las ideas políticas más trascendentes del siglo XX: la convicción de que la cooperación, el derecho y las instituciones compartidas constituyen la mejor garantía frente a la fragmentación, el conflicto y la imposición de la fuerza. La construcción europea nació sobre principios que siguen definiendo hoy la identidad de la Unión: la defensa de la paz, la democracia, el Estado de derecho, la solidaridad entre territorios, la protección de los derechos y libertades fundamentales y la convicción de que el progreso económico debe ir acompañado de cohesión social y equilibrio territorial.
En un mundo crecientemente marcado por la inestabilidad y la confrontación, esos principios adquieren hoy una relevancia aún mayor. La prolongación de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, la tensión creciente en torno a Irán, la tragedia humanitaria en Gaza, el deterioro del orden multilateral y los cambios de orientación política en actores globales como Estados Unidos obligan a Europa a reforzar su cohesión interna y su capacidad de actuar con autonomía estratégica. Porque únicamente una Unión Europea fuerte, cohesionada y legitimada democráticamente podrá preservar su modelo político, económico y social en un escenario internacional cada vez más incierto.
La Unión Europea representa una determinada concepción del poder público basada en el equilibrio entre competitividad económica, cohesión territorial, protección social y seguridad jurídica. De ahí que uno de los grandes desafíos europeos de esta década consista tanto en reforzar su autonomía estratégica e industrial como en recuperar y consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones comunes.
Asturias conoce bien la importancia de Europa en su propio proceso de transformación. La modernización de infraestructuras, el acompañamiento a la reconversión industrial, el impulso a la transición energética o las inversiones vinculadas a la movilidad sostenible forman parte de una trayectoria de convergencia y modernización profundamente vinculada al proyecto europeo.
Pero también es cierto que, durante años, las instituciones europeas han sido percibidas con frecuencia como estructuras distantes, asociadas a procedimientos complejos, exigencias regulatorias o decisiones difíciles de interpretar desde la realidad concreta de los territorios. Esa percepción, que alimenta la desafección hacia el proyecto europeo, constituye hoy una preocupación central para la propia Comisión Europea.
No resulta casual que la nueva agenda comunitaria sitúe en el centro conceptos como simplificación normativa, reducción de cargas administrativas, mejor regulación o aplicación más eficaz del Derecho de la Unión. Tampoco lo es que dirigentes europeos como el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné hayan insistido reiteradamente en la necesidad de construir una Europa más próxima, más comprensible y más útil para los ciudadanos y los territorios.
Y precisamente por ello, el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en relación con la prórroga de la concesión del peaje del Huerna ha adquirido en Asturias una relevancia que trasciende ampliamente el ámbito jurídico y administrativo.
Lo que aflora en este procedimiento es una cuestión de fondo vinculada a la equidad territorial, a la seguridad jurídica y a la capacidad de las instituciones europeas para actuar allí donde una parte significativa de la ciudadanía percibe una situación de desigualdad mantenida durante décadas.
Para Asturias, el peaje del Huerna ha simbolizado durante mucho tiempo una anomalía difícilmente compatible con los principios de cohesión e integración territorial que inspiran el proyecto europeo. Ha supuesto una carga estructural para la movilidad, para la competitividad empresarial y para la conexión efectiva de Asturias con los principales corredores económicos nacionales y europeos.
El dictamen motivado emitido por la Comisión Europea en julio de 2025 marcó, en ese contexto, un auténtico punto de inflexión. Su importancia excede el plano estrictamente jurídico. Por primera vez, una institución europea otorgaba respaldo institucional a una reivindicación histórica profundamente arraigada en la sociedad asturiana.
Y el impacto político y social de esa actuación ha sido extraordinario. Pocas cuestiones han logrado articular en Asturias un consenso tan amplio, transversal y sostenido en el tiempo. En torno a la supresión del peaje se han alineado la Junta General del Principado, el Gobierno de Asturias, el conjunto del municipalismo asturiano, organizaciones empresariales, sindicatos, universidades, plataformas ciudadanas y fuerzas políticas de sensibilidades muy diversas.
Ese consenso expresa una convicción compartida: Asturias no puede seguir soportando una desventaja territorial que condiciona sus oportunidades de desarrollo y su plena integración en el espacio económico europeo.
Por ello, la Comisión Europea se juega también en este procedimiento una parte importante de su credibilidad política y de su legitimidad institucional en Asturias. La ciudadanía asturiana ha percibido, quizá como pocas veces antes, que Europa puede actuar como garantía efectiva del interés general, de la igualdad entre territorios y del respeto a las reglas comunes.
Y esa percepción tiene un enorme valor político para el propio proyecto europeo en un momento especialmente delicado para la relación entre las instituciones comunitarias y la ciudadanía.
La continuidad firme del procedimiento y su eventual remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrían, desde luego, relevancia jurídica. Pero su alcance sería también profundamente político e institucional. Confirmaría que la Comisión Europea está dispuesta a sostener hasta el final los principios que hoy reivindica como esenciales para el futuro de la Unión: seguridad jurídica, aplicación efectiva del Derecho europeo, cohesión territorial y protección de la confianza ciudadana en las instituciones comunes.
La fortaleza de Europa dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones para actuar con coherencia, corregir desequilibrios históricos y ofrecer respuestas concretas a problemas reales.
Y en Asturias, una parte significativa de esa percepción sobre la utilidad y la credibilidad de Europa se juega hoy, precisamente, en la resolución definitiva del procedimiento sobre el Huerna.